La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde a la controvertida ley de Texas que otorga a las autoridades estatales el poder de detener a migrantes dentro de su jurisdicción.
Esta decisión representa un duro golpe para la administración actual de la Casa Blanca, la cual ha advertido sobre el potencial “caos” que podría desencadenarse en la frontera con México. Por su parte, tanto el presidente mexicano como la cancillería han mostrado su rechazo a la medida “antimigrantes“.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que su gobierno no permanecerá pasivo. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, afirmó, anunciando que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya está delineando una estrategia para abordar la postura oficial del país ante tal legislación.
El rechazo de México a la ley SB4 se hizo patente el pasado 19 de marzo cuando, a través de la SER, el país condenó la promulgación de la ley, argumentando que promueve la separación familiar, la discriminación y el perfilamiento racial, vulnerando así los derechos humanos de los migrantes.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que faculte a autoridades estatales o locales para realizar funciones de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, expresó Alicia Barcena, canciller mexicana.
En un tono firme y decidido, el Gobierno de México enfatizó que no aceptará repatriaciones forzadas por parte del estado de Texas bajo ninguna circunstancia. Marcando así una postura clara y desafiante frente a las políticas migratorias estadounidenses que considera transgresoras.