- ante la contrarreforma, mejorar funciones
- los poderes judiciales llamados a acreditarse
Ahora que el Gobierno de la república, por conducto del Fiscal General, y consejero jurídico de la presidencia, con su consabida práctica maniquea, filtraron primero los ante proyectos de contrarreforma constitucional, para que posteriormente anunciaran su enorme alcance y naturaleza jurídico política, ante el azoro de los especialistas y operadores del sistema penal acusatorio de reciente vigencia; ahora con esto pues, es el tiempo de los poderes judiciales.
Las intenciones son, que los jueces pueden investigar y revisarle la plana a los agentes del ministerio público, desaparece la figura de la vinculación a proceso; desaparece la etapa intermedia; un policía al poner a disposición un imputado ya será coadyuvante del MP; el juez que investiga será quién juzgue.., ¡vuelve la figura del arraigo “siempre que sea necesario para el éxito de la investigación”.
Obligación del juez de imponer medidas cautelares; regresa la garantía de reparación del daño como requisito para obtener la libertad, adicional a las medidas cautelares.
Este es un paquete de reformas, que incluye la creación de nuevos ordenamientos, la Ley nacional de cultura y justicia cívica, y el Código Nacional Penal, se pretende reformar la Ley de Amparo, la Ley de ejecución penal; la Orgánica del poder judicial de la federación, la del sistema integral de justicia para adolescentes y la Ley orgánica de la FGR.
Entre los engendros que traen, es meter presencia de los otros poderes en la SCJN al crear una sala especial de enjuiciamiento a sus integrantes.
Habiendo analizado los 642 artículos del ”nuevo” código nacional de procedimientos penales que propone este gobierno, podemos colegir una previa conclusión: los alcances de esta contrarreforma penal, representan la destrucción de las bases del sistema garantista que subyace y preconiza el actual CNPP, dicho de una manera simplista, este proyecto de contrarreforma es volver al sistema inquisitivo con la modalidad de ser oral, con sus procedimientos de enjuiciamiento autoritarios.
Se atenta contra uno de los principios torales del sistema garantista, que es restaurador y no punitivo.
¿QUÉ SE IMPONE HACER..?
Ante todo, que los poderes judiciales de las entidades federativas y el poder judicial de la federación, estudien y entiendan los alcances de la contrarreforma y respondan de la única manera, que cumplan a cabalidad con sus atribuciones en la operación cotidiana del nuevo sistema, dado que es exagerada y catastrófica la afirmación de que el modelo de seguridad y de justicia han fracasado en el país, señalando que el 99% de los delitos quedan impunes y que solo el 3% de las carpetas de investigación que se judicializan, obtienen sentencia condenatoria.
En el caso Nayarit, se impone una revisión de los resolutivos de los jueces de control, una revisión a fondo de ese centro de manipulación y corrupción que es el centro de justicia de la Mujer, en dónde con el cuento de que Nayarit tiene alerta de género, se han cometido un cúmulo preocupante de injusticias que laceran los derechos fundamentales de niños y padres de familia.
Se impone que en la Fiscalía General del Estado, que los elementos de la Policía investigadora, tengan la suficiente capacitación y profesionalismo para cumplir con su trascendente papel en la “trilogía investigadora” y que los y sobre todo las agentes del Ministerio Público de las distintas áreas de investigación, se comporten como lo exige su delicada función de representantes sociales, que dejen de discriminar cuáles carpetas pasan al archivo y cuáles sin sustento se judicializan.
El magistrado presidente, Ismael González Parra al arranque de este nuevo año, junto a los nuevos magistrados, se debaten de nueva cuenta con las astringencias presupuestales, el poder legislativo decreta un presupuesto de egresos y el voluntarioso secretario de finanzas Juan Luis Chumacero, se encarga de escamotearlo y no enterarlo en tiempo y forma.
El poder judicial debe demostrar con hechos que está inmerso en el sistema garantista, vivo y actuando conforme lo impone el canon de este sistema, para demostrarle a justiciables, a la sociedad, a sus operadores que la intentona de la contrarreforma es una aberración jurídico política que no debe pasar.
Se impone mejorar las relaciones públicas de jueces y magistrados; y una verdadera socialización del sistema garantista para que la sociedad aprecie a cabalidad que este avance en materia de procuración y administración de justicia, debe prevalecer, solidificarse, mejorarse y cumplir su función histórica.
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