La astringencia económica que Pepe Espinoza, Gerardo Siller y Luis Apaseo que le han impuesto desde hace años a Pedro Antonio Enríquez, llegó el día de ayer a una de las derivaciones posibles y maquiavélicamente esperadas; no le asignaron los recursos aprobados por el congreso para sus gastos de fin de año, y ayer, en varios juzgados locales, penales, familiares y mercantiles, el personal de base, hizo público su encono y hubo un paro de labores de varias horas.
El deterioro político y administrativo del titular del poder judicial llegó a su climax ante las durísimas expresiones de las empleadas de los juzgados, que calificaron a la muchedumbre de magistrados de “buenos para nada” y así, con este diseño, no hay dinero que alcance; esto lo hice saber en tiempo real por medio de Twitter y transcribí los dicterios vertidos por las rijosas protestantes, circunstancia que mereció un reclamo contra el escriba.
En esta crisis (endémica) que vive el Poder Judicial de Nayarit, se imbrican varias cuestiones que es menester analizar:
1. Porqué en público y privado el gobernador Roberto Sandoval expresa el apoyo a Pedro Antonio Enríquez y al poder que preside, y por otro lado, el secretario general de gobierno, el secretario de administración y finanzas, y el genio que es el factotum en el ejercicio del gasto, Luis Apaseo, ¿porque le escatiman los recursos ya aprobados por el congreso..? ¿son valores entendidos..? ¿por qué Pedro Antonio es un emisario del pasado, impuesto por el sátrapa gobernador anterior que mantiene su enclave en el poder judicial..?
2. Al presentar las necesidades enormes para la implementación del NSJP, en las reuniones con la titular de la Setec, María de los Ángeles Fromow, se concretan los mejores deseos y al final, el operador del sistema el magistrado Miguel Ahumada, sigue silente, y con opacidad en sus acciones, sin explicitar el uso de los recursos que para el efecto existen.
3. ¿Es veraz lo que dicen algunos magistrados, que desde la llegada a la presidencia del TSJ de Pedro Antonio, se ha incrementado de manera inusutada el personal que labora en las oficinas de la administración del CEJ y en otras oficinas de apoyo, cuyo impacto financiero en el presupuesto de egresos es innegable….?
4. Si existe un mandato constitucional para la concreción del presupuesto de egresos del poder judicial, ¿por qué los otros dos poderes le rayan la plana a Pedro Antonio y le imponen otro..? ¿quién o quienes deben ser los activos protagonistas para el reordenamiento financiero del TSJ..? ¿ya resolvieron las observaciones que les hizo el OFS a su cuenta pública pasada..? ¿es un apriete de tuercas con tintes políticos, sin considerar que los afectados son el personal de base que labora en los juzgados, que les importan un comino..?
5. Si Pedro Antonio en el mes de enero emigra al TEPJF, el magistrado que le suceda, ¿será uno de los seis nombrados por este gobernador..? ¿los magistrados emisarios del pasado, irán a patalear o se alinean a la decisión de Roberto Sandoval..?
LAS REFORMAS QUE VIENEN
y 6. Ante la impronta de las reformas a la carta magna, con la posibilidad de tener otros dos tribunales con seis nuevos magistrados, ¿no se impone de obvia racionalidad en el gasto público una contra reforma constitucional para que solo queden 11 magistrados en lugar de los 17 que actualmente tiene el TSJ..? ¿tendremos que ir a checar los tabuladores de sueldos de primer nivel y de los de confianza que han entrado en estos periodos de Pedro Antonio..?
Entiendo que Roberto Sandoval no es experto en estas cuestiones, empero, para el adecuado funcionamiento del poder judicial, se impone el aumento sustancial de su presupuesto de egresos, ¿Qué no habrá alguien capaz que le sepa informar al gobernante de la magnitud de los retos y de que es una cuestión de obvia resolución inmediata..?
Roberto tiene, un extraordinario sentido político, tiene un olfato zorruno para detectar con claridad temas de difícil concreción; todo es muy raro, es inadmisible que un gobernador tan cuidadoso de su trascendencia histórica haya dejado de atender este asunto; ¿por qué le temen a la contra reforma, si han tenido el congreso en sus manos, para desembarazarse de un modelo a todas luces incómodo para el grupo compacto del poder…?
Desde hace dos años, el fiscal de hierro tiene el proyecto; ahora en la inmediatez del año entrante, forzosa y necesariamente se tendrá que asumir, so pena de hacer inviable el funcionamiento del poder judicial y con los enormes compromisos de la vigencia del nuevo modelo de justicia penal.
Alguien tiene que cruzar el Rubicón…!
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