Con la discreta anfitrionía del gobierno del estado de Nayarit, se llevó a cabo en el paradisiaco Nuevo Vallarta, el cuarto encuentro de magistrados electorales, en la cual participaron los magistrados de las salas constitucionales de las entidades que comprenden que la primera circunscripción electoral federal la conforman los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, que representan el 43% del territorio nacional, donde reside el 21% de los electores del país.
Así como los integrantes de la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación con sede en la ciudad de Guadalajara; todos ellos se aplicaron desde el viernes en las diversas mesas de análisis de los tópicos propios de la materia que juzgan, para demostrar que este tipo de reuniones son algo más que turismo de la dorada burocracia electoral de nuestro país.
Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la sala regional Guadalajara del TEPJF, señaló que el fortalecimiento de los vínculos institucionales garantiza la impartición de una justicia electoral apegada a los principios y valores democráticos.
Al clausurar estos trabajos, expresó que este evento les permitió conocer otras visiones y enfoques que fortalecerán el papel de las juezas y los jueces.
“Actividades como éstas nos confirman el papel determinante que tenemos como tribunales en materia político-electoral y lo significativo de nuestras decisiones en un contexto político y coyuntural”, aseveró la magistrada.
Según el decir de Soto Fregoso, al compartir sus experiencias y reflexiones, les van a ser útiles para analizar los logros alcanzados y trazar una ruta a seguir con miras a la consolidación de la democracia; la magistrada exhortó a los representantes de tribunales electorales de los ocho estados que conforman la primera circunscripción a estudiar y tratar de poner en práctica lo aprendido, invitándolos a defender el federalismo electoral mexicano desde sus respectivas jurisdicciones.
En los análisis de los temas objeto materia de la reunión, destacó el documento presentado en la mesa “Control de convencionalidad y constitucionalidad desde lo local”, por Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente de la sala constitucional electoral de Nayarit, y Elva Regina Jiménez Castillo, magistrada del tribunal electoral del Estado de Baja California, quienes coincidieron en la importancia de armonizar, desde las jurisdicciones, las normas o preceptos que contravengan la Constitución federal, antes de declararlos inconstitucionales.
EJEMPLOS DE INTERPRETACION CONVENCIONAL
Los magistrados en comento citaron, como casos exitosos de inaplicación de preceptos, la resolución que permitió garantizar la cuota de género en los congresos de Baja California y Chihuahua, sin embargo señalaron que “como jueces no debemos generar precedentes que deformen un sistema estructurado”.
En el análisis de la mesa “Elecciones 2013 en la Primera Circunscripción Plurinominal” el magistrado José Miguel Salcido Romero, presidente de la asociación de tribunales y salas electorales de la república mexicana, y Raúl Montoya, magistrado presidente del tribunal electoral de Durango, y Clara Scherer, miembro de la organización mujeres en plural, destacaron los avances de la igualdad entre hombres y mujeres a través de sentencias del tribunal electoral del poder judicial de la federación.
Al participar en la mesa “El sistema electoral mexicano, una visión federalista”, Francisco Javier Guerrero Aguirre, consejero del instituto federal electoral; Luis Antonio Corona Nakamura, magistrado del tribunal electoral del estado de Jalisco, y María Concepción Ruelas, magistrada del tribunal electoral de Baja California Sur, exhortaron a los representantes de los organismos locales a no permitir una centralización de poderes como se pretende con la propuesta de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones (INE).
También destacaron los avances en el tema de las candidaturas independientes, aunque señalaron que es necesario resolver las contradicciones que aún existen en las legislaciones estatales para hacerlas una realidad, ante la carencia del referente normativo que aún se espera en la nación, puesto que no existe la reglamentación de la reforma realizada en la carta magna.
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