La existencia de los organismos “autónomos” del Estado, ha creado una nueva –y dorada- burocracia, privilegiados por los designios de gobernantes y la obsecuencia de los congresos estatales, cuyos titulares poco o nada prestigian a dichas instituciones, que a la postre son reptantes del gobernante en turno; instituciones que por la propia dinámica de la sociedad, de manera incierta en contadas ocasiones, justifican su presencia ante una ciudadanía cada día más escéptica que se sigue preguntando si es dable el alto costo de su manutención.
En efecto, tanto los organismos de transparencia e información , los tribunales administrativos, y las comisiones de derechos humanos, son entidades que le cuestan millonadas a los presupuestos de los gobiernos, su eficacia es mínima, las inconformidades de los ciudadanos que han demandado sus servicios son reiteradas, porque carecen de eficacia, son trámites muy macilentos, faltos de ejecutividad, y en ocasiones, distractores de los ciudadanos y protectores de gobiernos autoritarios.
Se supone que con su presencia, la dinámica de la sociedad tiene una amplia gama de instancias para darle curso a las demandas ciudadanas, sin embargo, lenes son sus resolutivos, que dilatan la llegada a los juicios de garantías; puesto que sus actos sustantivos, están imbricados del odiosos burocratismo que tiene hartos a los ciudadanos, que viven conscientes de que la calidad jerárquica de nuestra sociedad es ominosa, insufrible, y quizás, inamovible.
Y luego, el colmo, cada uno de estos organismos, tiene a su vez una organización nacional, que se han convertido en una carga para el gobierno de la república, así que tenemos no solo organismos que aglutinan a organismos del Estado, como la Conferencia de gobernadores –que nació bajo la presidencia de la república panista- la Asociación de Tribunales de justicia estatales; la asociación nacional de organismos de transparencia y acceso a la información; asociación de órganos de fiscalización estatales, y obvio, la federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos.
Es el caso, que mediante un singular resolutivo, designan al gobierno de Nayarit como epítome del respeto y la protección de los derechos humanos de sus gobernados; y así, aprovechan la consustancial anfitrionía de esta administración para una reunión nacional en el paradisiáco Nuevo Vallarta; empero, en este lance, subyace el intento concertado de varios políticos para ratificar en la comisión estatal, a su actual titular Huicot Rivas Alvarez.
Este abogado de añejas raíces familiares, tiene hoy muchos detractores con muy serios señalamientos que –de ser ciertos- hacen inviable su permanencia; por eso, ya se apunta el fiscal de hierro a promover para tal puesto a un excelente abogado que goza del reconocimiento por su calidad ética y profesionalismo; estemos atentos al desenlace de este delicado asunto público.
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