- Condiciones inéditas en su magistratura
- Astringencia presupuestal ante la emergencia
- Logros procesales trascendentes
Cada uno de los magistrados que ocupan la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y ahora del Concejo Estatal de la Judicatura, tienen por su propia personalidad o por las condiciones político sociales que prevalecen, un rasgo distintivo, que les permite llegar al libro de la historia del poder judicial por méritos propios; cuatro o cinco sexenios atrás, el poder judicial era el pato feo del gobierno estatal, poco presupuesto y supeditación ante el poder ejecutivo; llegaban con el gobernador en turno y duraban por igual seis años.
Durante el sexenio de Rigoberto Ochoa, se inicia la renovación del poder judicial, inició y terminó edificio del Tribunal Superior de Justicia de la calle Zacatecaz y avenida Juárez, y se construyeron siete edificios para albergar los juzgados en Tecuala, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan,Ahuacatlán, Compostela y Las Varas.
Además de los logros materiales, se destaca que se inicia la presidencia del Tribunal de manera rotativa, llegando en el segundo año, por vez primera una mujer, mi estimada amiga Elvia Aldara Zápari, ha sido la única magistrado presidente del TSJ; y es bajo la dinámica presidencia de José Luis García Basulto, cuyo periodo duró dos años, cuando se hicieron los estudios que justificaron la instauración en la entidad del Vigésimo Cuarto Circuito del poder judicial de la Federación.
Por fin tendríamos Tribunales Colegiados y Unitarios de circuito.
Con las trascendentales reformas constitucionales del 2008, se inicia la vigencia del sistema penal de corte acusatorio, y el gobernador Roberto Sandoval, enfrenta la triste realidad que produjo la inacción absoluta de su antecesor, es obsecuente a los cambios y deja en Pedro Antonio Enríquez Soto, la presidencia del Tribunal para lograr la implementación del NSJP, y a Miguel Ahumada, ex director jurídico del poder ejecutivo lo nombra magistrado y responsable de la comisión inter institucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Son momentos de cambios sustantivos en el poder judicial y los nombrados responden a la altura de las circunstancias, con la grave condición de la carencia de recursos en la preparación y socialización del sistema; solo los recursos de la federación y la intervención de la USAID, del departamento de Estado del gobierno norteamericano. En el gobierno de Guanajuato, su gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, desde el inicio invirtió 8 millones de dólares para la capacitación e implementación en su estado del NSJP, a tal grado de que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inicia sus reformas, son asesorados por la gente del gobierno de Guanajuato.
El primer año de la presidencia del magistrado Ismael González Parra, llega con la dinámica de los cambios al interior del poder judicial, se reducen los magistrados y se enfrenta a la cruenta realidad de que para el funcionamiento del NSJP, de los juicios orales mercantiles se requieren 18 nuevas salas de oralidad; y con la dinámica de la unicidad judicial que se tiene en el país, este número se incrementa, dado que tendremos primero la justicia laboral y ya en ciernes la justicia civil y familiar bajo el sistema oral.
Ismael lleva con justeza el reclamo, junto con el diputado presidente Polo Domínguez, por las estrecheces presupuestales que les impone la secretaría de finanzas del gobierno estatal, que, a falta de liquidez, a ambos poderes, les hacen firmar que reciben sus presupuestos en la forma aprobada por el congreso y resulta que les dan cantidades menores, y sus pagos son a cuenta gotas.
Es necesario que el gobernador del Estado, el actual y los que vengan, que entiendan los graves problemas sociales que se derivan con un poder judicial que no tiene capacidad de respuesta ante los reclamos ciudadanos.
Con este clima de astringencia presupuestal y con lo sindicatos reclamantes, el poder judicial recibe la pandemia del coronavirus a partir del mes de marzo del presente año en que se suspenden los plazos y términos judiciales; llega una fecha, y se alarga, y se vuelve alargar, en esta última tenemos la que termina a fin del mes de agosto, con la grave espectativa que es posible que prosiga.
El magistrado presidente, trabajando al interior de los plenos, se enfrenta a opiniones que piden la total apertura de las funciones jurisdiccionales; en los dos últimos acuerdos, los plenos del TSJ y del CEJN, establecieron algo que por vez primera en sus funciones jurisdiccionales no se declaraba con claridad; que les dejaban a criterio personal de los jueces de primera instancia y de las salas, el discernir cuáles son los asuntos que deben de seguir con las medidas impuestas, audiencias virtuales en los juicios civiles, mayor cuidado y atingencia en los asuntos familiares y en el sistema penal de corte acusatorio, medidas extremas.
En el poder judicial de Nayarit, no ha sucedido lo que colapsó en los poderes judiciales de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Zacatecaz, en Jalisco, y en otras entidades, que no mantuvieron una pequeña ventana abierta para las funciones jurisdiccionales como nosotros; siendo una actividad del Estado absolutamente esencial para la sociedad, por la pandemia nos encontramos en el escenario mas conflictado para el funcionamiento de los poderes judiciales.
Ismael González Parra, está enfrascado en la redacción de su informe de labores que se llevará a cabo en el mes de septiembre; y a finales del mismo mes, será la elección de un nuevo magistrado presidente. A los hombres públicos se les conoce por el temple y la capacidad de respuesta ante las crisis que se enfrentan. Le tocó descubrir y recibir las causas penales que ejerció la Fiscalía General del Estado en contra de los ex magistrados Pedro Antonio Enríquez y Jorge Marmolejo, y varios jueces de primera instancia, en esa extraña maraña de complicidades gubernamentales que fueron los juicios clonados del Infonavit.
Ismael a enfrentado con pundonor el grave descrédito social del poder judicial al conocerse los montos de los millones que trajo consigo este manejo indebido de la administración de justicia; y ahora con las medidas implementadas, forzadas por la pandemia, se debate en el incumplimiento de las recomendaciones de sanidad y la irresponsable liviandad de parte del personal de base que no cumple con las medidas.
Le correspondió ser el magistrado presidente del TSJ que responde con dignidad ante las crisis y dejando de lado la opacidad, con respeto y guardando las formas políticas, ha dicho a los titulares de los otros poderes, la grave condición del presupuesto que le asignan y que se impone su incremento inmediato; un magistrado presidente que no se quejó, que ha mantenido el barco a flote, en el proceloso estado social en que nos encontramos, dándole dignidad al cargo.
