La Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados, como otras organizaciones de este tipo, cobran especial relevancia en el contexto del cumplimiento de las reformas constitucionales que establecieron el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, y, sobre todo, en la angustia que les genera las trascendentales reformas del artículo 1° de la Carta Magna, que impuso el “control difuso de convencionalidad”, un nuevo paradigma que deben ejercer todos los jueces mexicanos.
Los Tribunales estatales, han estado omisos en sus acciones jurisdiccionales, los jueces de primera instancia del fuero común, ante la existencia de diversos grados del “control difuso de convencionalidad” según las competencias de cada juez y del particular sistema de control constitucional que está previsto en la legislación de cada Estado, no han convertido estas reformas en la principal herramienta para la apertura del derecho nacional al derecho internacional de los derechos humanos.
Los jurisconsultos lúcidos, que honran su preparación intelectual, acuden a las reuniones nacionales de este tipo para expresar la impronta de que el país, puede irse por el camino de la obsolescencia, a la anarquía interpretativa de los derechos humanos; no hay criterio hermenéutico, se ha soslayado no solo el estudio, sino la experimentación judicial de la pluralidad de órdenes jurídicos, caracterizado por interrelaciones y jerarquías complejas.
El Magistrado Presidente del TSJ de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, es parte de esta reducida comunidad de intelectuales, que está buscando resolver en lo cotidiano del quehacer jurisdiccional la “constitucionalización” (perdón por la palabreja!) del derecho internacional, consecuencia de haberle otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales que México suscribió en materia de derechos humanos.
Nuestro país ha recibido y modificado su Carta magna y leyes estatales, para adecuar una infinidad de herramientas para la protección de los derechos subjetivos y difusos de sus ciudadanos, al establecer la protección de los derechos humanos, como uno de los principios rectores de la política exterior e interior del gobierno de la república, constituyendo en la legislación nacional lo que se ha dado en llamar un “bloque de constitucionalidad” que reclama un sano ejercicio jurisdiccional no solo en los tribunales federales sino sobre todo en los estatales.
Todo este escenario se ha visto trastocado por el anuncio que hizo el presidente de la república Enrique Peña Nieto, de promover la creación de un solo Código Penal que se aplique en todas las entidades federativas para complementar las trascendentales reformas del 2008.
COORDINAR LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL
En la Primera Reunión Plenaria 2013 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), que se llevó a cabo estel fin de semana en Tabasco, el doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente del Poder Judicial de Nayarit, fue designado como nuevo vicepresidente de la Región Norte, a la cual pertenecen los tribunales de ocho entidades federativas.
Además del correspondiente a Nayarit, los tribunales superiores de Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, así como Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora integran la mencionada región, por la cual el magistrado Enríquez Soto ya ocupaba la vocalía en la directiva nacional 2011-2013 que encabeza el maestro en derecho Baruch F. Delgado Carvajal, presidente del Poder Judicial del Estado de México.
Pedro Antonio sustituye en el cargo de vicepresidente de la Conatrib al licenciado Max Gutiérrez Cohen, quien recientemente concluyó su encargo al frente del Poder Judicial de Sonora.
La reunión plenaria de la Conatrib se efectuó en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicado en Villahermosa, capital de esa entidad federativa; en el mismo marco se abordaron asuntos relacionados con el control de convencionalidad a que obligan las recientes reformas constitucionales y legales en materia de derechos humanos.
Ahora así, con la corresponsabilidad que ello implica, tendrán que hacer sinergia los Estados en pos de una mejor práctica de administración de justicia, a la altura de los retos que imponen las reformas que, al parecer llegaron para quedarse.
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