Todo comenzó con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que envió a la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que la exhibición ante los medios de los detenidos como presuntos delincuentes constituye una práctica que viola las garantías de legalidad y los derechos humanos de los detenidos.
La PGJDF no aceptó tal recomendación contestando que este método “sirve para que la gente que ha sido agraviada por los presuntos delincuentes, participe y denuncie los hechos cometidos en su persona, es una contribución para combatir la delincuencia y la falta de denuncias..” el asunto no quedó ahí.
El Ombusman capitalino, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia para tratar este tema, a denuncia expresa de la CDHDF; audiencia que se llevó a cabo hace unos días, escuchando a la institución denunciante que dijo que con ésta práctica se estigmatiza a personas que a la postre resultan que son inocentes de las acusaciones que les hizo la PGJDF.
Rodrigo Escobar, relator de la Comisión Interamericana, señaló «Es mi deber expresar en este escenario que realmente me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos, claramente violatoria de la dignidad de la persona humana, del derecho a la intimidad, a la honra», declaró uno de los siete miembros de la Comisión, ante representantes de asociaciones civiles y del propio Gobierno mexicano.
La CIDH, que sesionó en Washington, puede emitir recomendaciones a los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque sin fuerza legal.
«Realmente estas son prácticas de regímenes absolutistas», añadió el comisionado, quien criticó la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de mantener, aunque con significativos cambios, esa práctica en nombre de la transparencia y la seguridad de los ciudadanos.
Jorge Mirón, representante del gobierno mexicano que estuvo es esta audiencia dijo que «A nosotros nos parece que esta práctica ha favorecido la cultura de la denuncia, que una vez que estas personas (detenidas) han sido identificadas, esta política ha fortalecido el derecho a la información», puesto que “los ciudadanos se atreven a denunciar cuando identifican a un presunto malhechor”.
Pese a la respuesta, la CIDH emitió la recomendación prohibiendo esta práctica.
RECOMENDACIÓN A LOS ESTADOS
Una vez recibida la recomendación de la CIDH, que es una consecuencia de la ampliación de las jerarquías jurídicas que el Estado Mexicano posibilitó con las trascendentales reformas del Artículo 1° de la Carta Magna, aceptando la jurisdicción de la CIDH; y en este sentido, el maquiavelismo del Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio, le dio una singular respuesta.
“La estrategia de seguridad del gobierno federal incluye la contención de delitos y aplicar una nueva narrativa en la presentación de los presuntos delincuentes, con el objetivo de respetar los derechos humanos de los implicados y no exhibirlos ante los medios de comunicación..”
Este nuevo protocolo, fue enviado a los gobiernos estatales con la sugerencia de “no exhibir a los detenidos”, recordemos que, desde el mes de febrero la Procuraduría General de la República ha suspendido esta práctica; en prevención a la recomendación que llegó posteriormente de la CIDH.
El protocolo que ya sigue la PGR y entendemos que fue parte de la sugerencia hecha a los gobiernos estatales, los funcionarios de Gobernación –luego de recibir la recomendación de la CIDH- señalaron que el protocolo que se seguirá tras las aprehensiones de personas acusadas de cometer crímenes, señalaron que se evitará su exhibición ante los medios de comunicación y que no colocarán sus alias o el nombre de las bandas a las que supuestamente pertenecen.
La instrucción es que solo deben dar a conocer sus fotografías a los medios cuando sean capturados en flagrancia y se divulgarán cuando sea imprescindible para que las víctimas del delito reconozcan y puedan denunciarlos.
En este tema delicadón, debemos reconocer que en la entidad, el Fiscal de hierro, ha mantenido esta práctica, y de facto, desde finales del año pasado, aún sin conocer la queja ni la audiencia de la CIDH, ya no se presentan ante los medios a los presuntos delincuentes, únicamente, se distribuye sus fotografías, mediante boletines de prensa, lo que ha evitado el prurito de las CDH y de ONG, que quieren que se trate con pincitas a torvos delincuentes.
Sí, esta es una derivación de los nuevos paradigmas del derecho, la preeminencia de los derechos humanos, nos plantea lo trascendente de las formas, en demérito del fondo, la acción punitiva del Estado en contra de quienes vulneran de manera voluntaria las leyes penales; recordemos son personas antisociales y con sus delitos corroen el tejido social.
La Fiscalía General, lleva récord en aprehensiones de delincuentes, siguiendo el concepto de “flagrancia” no ha dejado impune la mayoría de los delitos –denunciados o nó- lo que ha traído el reconocimiento reiterado de la sociedad y de sus organizaciones, desde académicas, empresariales, culturales y, hasta de los Hermanos Masones, que hicieron un cálido reconocimiento del Gobernador Roberto Sandoval, y de la eficacia de su Fiscal de hierro.
Edgar Veytia, sigue siendo el funcionario del gabinete que en el cumplimiento de sus responsabilidades, le ha dado fortaleza al gobierno estatal y de pasadita, casi sin querer queriendo, demostrando a sus pares, como se trabaja y de qué manera se prestigia un régimen.
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