Un Tribunal Unitario le concedió un amparo al exdirector de Pemex con el que se revoca la prisión preventiva justificada en la que se encuentra.

El Primer Tribunal Unitario en materia Penal de la Ciudad de México concedió un amparo al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Ricardo Emilio Lozoya Austin, con el que se revoca la imposición de la prisión preventiva justificada en la que se encuentra desde noviembre de 2021, aunque esto no significa que el exfuncionario salga en libertad de manera inmediata.

La magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, determinó -al conceder el amparo- dejar insubsistente la resolución que ratificó la prisión preventiva justificada de Lozoya, por lo que ordenó al Tercer Tribunal Unitario en materia Penal de la Ciudad de México dictar un nuevo fallo evaluando la posible libertad del imputado.

Emilio Lozoya está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La sentencia, cuya copia posee ALTO NIVEL, se refiere a la imposición de la prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, medida cautelar que no fue plenamente argumentada cuando el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal ratificó que el exfuncionario permaneciera en prisión.

Así, al evaluar la posible libertad de Lozoya Austin, o en su caso la reiteración de la prisión preventiva, el Tercer Tribunal Unitario deberá exponer por qué se cambió la libertad condicional del exdirector de Pemex por la medida cautelar que lo mantiene desde hace 10 meses en el Reclusorio Norte de la capital del país.

En enero pasado, el mismo Primer Tribunal Unitario le concedió a Lozoya su libertad condicional en el caso Agronitrogenados, en una apelación que ganó el exfuncionario, por lo que es factible que este obtenga su libertad si así lo decide, en el caso Odebrecht, el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, siguiendo lo ordenado en la sentencia de amparo.

Relaciones y millones

En su demanda, el defensor de Lozoya argumentó que la prisión preventiva justificada se impuso porque el imputado mantiene una relación con una mujer y sus hijos, factor que presuntamente le permitiría sustraerse de la acción de la justicia.

Como no hay una argumentación robusta en torno a que la relación mencionada pudiera permitir la evasión de Emilio Lozoya, la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar ordena en el amparo justificar esta circunstancia.

Asimismo, en su valoración, el tercer Tribunal Unitario en materia Penal deberá responder por qué se tomó en cuenta, para ratificar el encarcelamiento del exdirector de Pemex, un depósito de 2 millones de euros que habría recibido una empresa de la que Lozoya es socio.

Dichos recursos ya eran conocidos desde la audiencia inicial celebrada en 2020, cuando se decidió que permanecería en libertad condicional, solo con el uso de un brazalete localizador.

Según la defensa de Emilio Lozoya, ese depósito, narrado por la FGR en noviembre de 2021, cuando esa dependencia pidió la prisión preventiva justificada, “aconteció 7 años antes de la audiencia de modificación de medidas cautelares”, es decir, habría sido recibido por el exfuncionario en 2014.

Además, se “asumió que el procesado podía disponer del numerario (dinero) de la compañía”, cuando “el hecho de ser socio no da ningún derecho a manejar la sociedad, representar o tener acceso a la (sic) cuentas bancarias”, dijo la defensa en uno de los agravios que reproduce la sentencia del amparo.

La magistrada Rodríguez Escobar consideró que el Tercer Tribunal Unitario no respondió adecuadamente a este argumento del abogado de Lozoya, por lo que esa instancia deberá sustentar sus razones para imponer la prisión preventiva, considerando que ese depósito millonario no es un hecho novedoso.

El proceso en contra de Emilio Lozoya Austin se encuentra actualmente suspendido, porque su defensa continúa negociando con la Fiscalía General de la República el pago de 10.7 millones de dólares, como reparación del daño ocasionado por el exfuncionario.

La FGR acusa a Lozoya de participar en la trama de corrupción protagonizada por la empresa brasileña Odebrecht, y por haber hecho que Pemex comprara a sobreprecio a la firma Agronitrogenados una planta de fertilizantes que era inservible.

En este último caso, la FGR ha solicitado al juez de la causa una pena de prisión de 15 años, más 5,000 días de multa, mientras que -para el proceso de Odebrecht- el Ministerio Público federal ha pedido una condena de 39 años, sumando en los dos expedientes una sanción de 59 años de prisión, que Emilio Lozoya podría recibir si es encontrado responsable, y no se llega a un acuerdo reparatorio.