Por Francisco Javier Rivera Casillas.
Una vez más, como sucede cada año, el pasado martes 12 de septiembre se cumplió con la formalidad de presentar ante el Congreso del Estado el informe anual de actividades del Poder Judicial de Nayarit.
Todo marchó de acuerdo al formato. Un breve mensaje de la Magistrada Presidenta y la correspondiente cortesía política por parte de la Diputada Presidenta al momento de responder y acusar recibo.
Fiel a su diseño temático, el contenido del informe constó de un documento que en su estructura contempló los apartados que dan cuenta del quehacer anual de la institución en sus vertientes jurisdiccional y administrativa.
A propósito de su contenido y del evento que cumplió la forma protocolaria, es válido preguntarnos tres cuestiones centrales.
- ¿Es momento de replantear la forma de informar?
- ¿Se debe seguir informado lo mismo?
- ¿Para qué informar al Congreso?
Desde mi perspectiva, las tres interrogantes son de inaplazable respuesta con apremiante replanteamiento si pretendemos evolucionar de un simple formalismo a una auténtica y útil rendición de cuentas que se materializa en un informe.
Las dos primeras preguntas tienen contundente respuesta en la exigencia a la evolución que están obligadas las instituciones públicas.
Desde mi óptica, debemos transitar a un evento diferente en cuanto a su formato, pero sobre todo, que se vea acompañado de la presentación de un documento cuyo contenido sea cualitativamente innovador.
Se trata de evolucionar a un informe que margine los avances y logros a un documento que privilegie y destaque los retos que enfrenta la administración de justicia en el contexto local.
Es momento de concebir un informe que asuma retos con acciones específicas; que contenga las estrategias para su consecuente implementación y particularmente que cuente con indicadores que hagan posible la medición de su cumplimiento.
A partir de este replanteamiento, cobra relevancia la tercera interrogante. ¿Para qué informar al Congreso?
En la lógica del equilibrio y contrapesos que debe operar entre los poderes, se debe instrumentar a la posterior presentación del informe, un mecanismo de riguroso análisis y evaluación por parte del Congreso que permita alcanzar cuando menos dos resultados concretos.
Por una parte, propiciar acciones legislativas en materia de administración de justicia con enfoque en la realidad local y de esta manera no sólo reaccionar a las obligaciones que en materia de justicia dicta e impone el Congreso de la Unión.
Las leyes y reformas que emite el legislador local deben responder con eficacia a los variados y complejos problemas que enfrenta la administración de justicia en Nayarit y que no necesariamente son los mismos del contexto nacional.
Por otra parte, producto del análisis y evaluación del cumplimiento de los retos contenidos en el informe, el Congreso podrá contar con elementos objetivos que vengan a justificar la asignación de mayores recursos económicos de un presupuesto de egresos que debe autorizarse con base en los resultados de una gestión exitosa.
Es tiempo de romper inercias y formas obsoletas. La realidad exige transitar a novedosos y eficaces mecanismos legales que redunden en una mejor gestión en la administración de justicia.
Que así sea. Nosotros tenemos la palabra!
*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Nayarit
