Es un funcionario eficaz, metódico en las responsabilidades que le ha conferido el gobernador Roberto Sandoval; ahora como titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, ha desarrollado acciones sustantivas para fortalecer esta dependencia y renovó los acuerdos con las asociaciones nacionales que tienen como fin, la vigilancia de la pulcritud de la aplicación de los recursos públicos.
Entrando este año, el 5 de enero se publica en el periódico oficial, un acuerdo administrativo que suscribe el titular de la Contraloría, CP y auditor Luis Antonio Apaseo Gordillo, que establece el blindaje electoral para prevenir y darle seguimiento a las denuncias de delitos electorales y responsabilidades que pudiesen cometer los servidores públicos del poder ejecutivo local.
De manera didáctica, este acuerdo les establece a los funcionarios las prohibiciones de realizar acto u omisión alguna en apoyo a candidatos de manera directa o indirecta en los horarios de la jornada laboral; el no destinar recursos financieros o materiales a las campañas políticas; es perfectamente claro el marco administrativo que les dibuja Luis Apaseo, para que no incurran en violación del principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.
Les clarifica las horas y los días hábiles de las jornadas de trabajo (de las 8.00 a las 19.00 horas).
Este conjunto de acciones nacen en el extinto Instituto Federal Electoral, para que junto con instituciones de la administración pública federal, estatal y municipal, y organismos electorales realizan para garantizar que todos los recursos públicos y programas sociales se gestionen de forma transparente, sin un fin de proselitismo electoral, tan recurrido en estos días de pre campaña, en que andan desatados los pretensos ofreciendo las perlas de la virgen por las adhesiones ciudadanas.
Estos esfuerzos de los que ahora el contralor estatal hace gala, es una acción que aún la gente no entiende del todo, que el gobierno sea imparcial en el proceso electoral, lo dudan, y tienen razón, porque muchos de los 400 activistas del programa estrella de Roberto, el PROSA, llegan a sus oficinas, checan su entrada a las 8 horas y se salen a hacer proselitismo, me dicen que tratan de convencer a los beneficiarios del programa para que ahora convenzan –cada uno- a diez o veinte ciudadanos para llevarlos a los actos de campaña y a la hora de los votos.
Sus jefes o se hacen patos o son unos ignorantes de lo que sucede en sus oficinas; nos quedamos en el viejo juego de los valores entendidos, de los espejos ocultos de la simulación.
EXPERIENCIAS PASADAS
Aquí en las pasadas elecciones tuvimos varios ejemplos de funcionarios de dependencias federales instruían y condicionaban los bienes y servicios que proporcionan a la gente, con el objetivo de coaccionarles el sentido de su voto. Se evidenciaron los hechos, hubo una renuncia y párele usted de contar; no pasó nada, por cierto, perdió el candidato que apoyaba tal servidor público.
Esto, nos lleva al territorio de lo subjetivo, el gobernante sabe, que no se pude reproducir a sí mismo, en cuanto a sus intereses políticos o patrimoniales es obvio que buscará el manto de protección que le pudiese prodigar el legislativo de la próxima legislatura, de ahí que estemos ante el acto de gobierno como el que instrumentó Apaseo, que se publicita pero… ¿se acata…?
Un acuerdo de esta naturaleza, debió ser suscrito por el Secretario general de gobierno y el contralor, empero, como la primera de las instancias tiene una ineficaz figura decorativa, Luis Antonio no podía esperar que los tiempos se le echaran encima, ahora, solo espera el nombramiento del fiscal anti corrupción que en breve hará Edgar Veytia, para hacerlo partícipe en el seguimiento de estas medidas preventivas que debieran ser de aplicación permanente.
Porque un gobierno tiene que actuar sin distingos y sin discriminación de grupos políticamente que le sean adversos. Apaseo busca prevenir que los recursos públicos no se utilicen para fines distintos a los establecidos en los programas, en especial en la incidencia del voto; deben suspender la propaganda gubernamental, y reiterativamente les establece evitar infringir la normativa penal, administrativa y electoral.
El acuerdo de Contralor general, hace énfasis en los principios que rigen el servicio público en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, con la finalidad de que se garantice que los programas sociales y los recursos financieros, materiales y humanos del poder ejecutivo, sean utilizados exclusivamente para los fines que tienen legalmente establecidos.
El corolario de estos acuerdos, es que hay que darle la publicidad adecuada machacando en la memoria de la gente, de que la política pública no es una actividad despreciable donde sólo triunfan los vivales y la gente decente e idealista es siempre aplastada.
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