Desde las reformas trascendentales a la carta magna de junio del 2011, que incorporan al rango constitucional todo el catálogo de derechos humanos, de manera paulatina se van incorporando su vigencia y la lucha de las instituciones, sociedad y ciudadanos para que los servidores públicos renuentes a respetarlos, cumplan a cabalidad los resolutivos de las comisiones nacional y estatales de defensa de los derechos humanos.
Con esta reforma, las normas internacionales que establezcan derechos humanos en que el Estado mexicano sea parte, se incorporan al bloque de constitucionalidad o coto vedado, según el cual ningún poder constituido está en posibilidad de restringirlos o suspenderlos, salvo en los casos de emergencia y los condicionamientos establecidos en la propia Constitución.
Considera el escriba que esta reforma desempeña una función didáctica para los justiciables y los órganos jurisdiccionales, contribuyendo a una más clara y efectiva exigibilidad y protección de los derechos humanos ante la jurisdicción interna. Hubiera sido deseable que, desde el texto constitucional, se incorporase alguna disposición más explícita respecto del carácter vinculatorio en el ámbito interno de las resoluciones emanadas de organismos internacionales de derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales ratificados por México.
El principio de interpretación conforme se encuentra en la primera parte del segundo párrafo del artículo 1º que establece expresamente que «las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia».
Pues bien, sirva este largo introito para analizar de manera puntual y reconocer la atingencia de los diputados del bloque del Pri, que presentaron un proyecto de decreto que adiciona normas que regulan la existencia de la Comisión estatal de defensa de los Derechos Humanos y de la Cámara de diputados local; que establece el procedimiento de que la legislatura en ejercicio, tendrá facultades para hacer comparecer ante el pleno, a aquellos funcionarios que hayan incumplido en las resoluciones que haya dictado la CEDDH, cuando se les hayan vulnerado estos derechos a los ciudadanos.
Procedimiento que se inicia por la petición del presidente de dicha comisión a la Cámara de diputados y cuando esta se encuentre en receso, será competente la comisión permanente. Vale pues, se concretan los afanes de años de las organizaciones de defensa de los DDHH, para que las comisiones y ahora los diputados integrantes del congreso local, tengan “dientes” para que el funcionario omiso, explique o justifique los porqués de su desobediencia al cumplimiento del respeto irrestricto a los DDHH de algún ciudadano quejoso.
AY..! LA MOCIÓN DEL PRD
De manera inexplicable, el diputado Luis Manuel Hernández, de la bancada del Prd, al leerse el proyecto de dictamen que se analiza en líneas arriba, presentó una solicitud para modificarlo; pretendía que el llamado a los funcionarios que violen los DDHH, comparezcan primero, mediante un consenso entre los diputados integrantes del pleno o de la comisión permanente; y que la comparecencia se hiciese no ante el pleno, en donde puede estar prensa y la ciudadanía en general, sino en ¡comisiones..!
Es decir, al parecer al egregio diputado, le ganó su espíritu de truculencia y arreglos “en lo oscurito” a los que, a lo mejor, él como líder sempiterno del sindicato de trabajadores de la UAN, está acostumbrado y es altamente eficiente en estos menesteres; puesta a consideración por el diputado Carlos Carrillo –que hacia su debut como presidente de la mesa directiva- todas las bancadas, menos la del sol azteca, rechazaron su adición.
En lo particular, resulta extraño para el escriba, las motivaciones de Luis Manuel para detener o matizar un procedimiento que la ciudadanía va a aplaudir y las organizaciones que defienden los DDHH estarán de plácemes; finalmente el Estado mexicano, demuestra que está avanzando en los derechos fundamentales de los individuos, hasta la profundidad que le reclamaban desde hace lustros para que México tenga un estado democrático de derechos, cuya vigencia no está en tela de duda.
Nunca como ayer, procedió la aplanadora tricolor y de las bancadas para conjurar una adición absolutamente contraria al espíritu justicialista de la reforma, que concreta el principio pro homine, que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos.
También en la sesión de ayer, destacamos la sobria conducción de los trabajos legislativos que como presidente de la mesa directiva protagonizó el diputado Carlos Carrillo; el arquitecto no requirió del funcionario del congreso que normalmente guía a los diputados novatos en la ídem que le ponen para la conducción de las sesiones; alcancé a leer su labios al principio, creo que le dijo: “lo menos que te puedas acercar y salimos adelante…” Já..! bien hecho; con ese talante, puede mejorar sin duda.
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