- Impunidad versus estado de derecho
- Las deficiencias de la policía estatal investigadora
¿Cómo vamos en Nayarit en materia de derechos..? Hoy que crece la impunidad en varias zonas del país; este es un fenómeno que corroe las entrañas de la sociedad, esa falta de castigo ante una conducta ilegal, se ve reflejada en todos los ámbitos de la vida cotidiana, no sólo en materia penal. Representa la ausencia de eficacia de las normas y, por lo tanto, implica una debilidad significativa del Estado de Derecho.
Socialmente, la impunidad genera un clima de desconfianza en las autoridades y normaliza la inseguridad y la falta de eficacia de las normas, todo lo cual se traduce en la erosión del Estado de Derecho. También implica que se acentúe la desigualdad social, ya que quienes tienen menos recursos se ven más afectados por esta falta de eficacia normativa.
Quienes gozan de impunidad, ejercen mecanismos no institucionales para preservar sus derechos y, en este sentido, legitima conductas no deseables en la sociedad, creando un círculo vicioso en el que no cumplir con la ley se vuelve una práctica sistemática.
Es de todos sabido que lo que no se puede medir no se puede mejorar y nos queda claro que para poder combatir la impunidad primero tenemos que hablar de ella; desconozco si en la Fiscalía General del Estado, se lleva a cabo un registro de las incidencias de los hechos presuntivos de delito que tienen conocimiento por las dos vías, la denuncia o querella, o el hecho delictivo en sí, que al conocerse se inicia el proceso constitucional.
El objetivo del derecho penal, es, el esclarecimiento de los hechos, para que el culpable no quede impune, se proteja al inocente y se cubra la reparación del daño causado.
Empero, dado el cúmulo de asuntos que tienen que conocer las diversas entidades de investigación de la FGE, la justicia que busca el ofendido, encuentra graves dilaciones, en algunos casos por impericia y negligencia de los agentes del MP responsables de las carpetas de investigación; y es aquí precisamente que nos encontramos con el cuello de botella que genera impunidad y desaseo en las investigaciones.
Dado que, conforme a la nueva estructura administrativa y procesal, son la policías investigadoras, las responsables de obtener los datos de prueba, las investigaciones que permitan deducir que un hecho cometido tiene “apariencia de delito” y en Nayarit, la Policía Estatal Investigadora, es una deficiente institución que ha creado demasiados problemas a los agentes del MP.
Orgánicamente, la PEI pertenece a la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, y al parecer su autonomía de facto, permite que sus mandos responsables no tengan que dar cuenta a nadie de la ineficacia en sus labores, las carpetas de investigación tienen enormes dilaciones cuando se trata de delitos cometidos durante la tramitación de juicios civiles; como los sucesorios.
De ahí que, inclusive, las agentes del MP de la Unidad de investigación de delitos patrimoniales, recurren a lo más cómodo, sencillamente le dan carpetazo al asunto que deben investigar a fondo, y dejan en estado de indefensión a los ofendidos de los delitos patrimoniales.
No es el caso en homicidios, ni en delitos en contra de la integridad de las personas; al menos en éstas áreas, se actúa con diligencia, dada la naturaleza de los hechos perpetrados.
EFECTIVIDAD DEL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO
El nuevo sistema penal acusatorio es mucho más efectivo que el sistema anterior, si bien tiene grandes áreas de oportunidad y muchos aspectos que mejorar. Lo que sí es alentador es que año con año se van detectando mejoras y prácticas innovadoras por parte de las fiscalías y procuradurías estatales.
Debemos de contar con un diagnóstico actualizado con respecto al funcionamiento y el desempeño de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, puesto que es fundamental para replicar las buenas prácticas que se han presentado en algunos estados, pero también nos permite identificar las principales áreas de oportunidad en las que debemos invertir mayores recursos y esfuerzos para mejorar.
A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y se esclarezca un delito es de tan sólo 1.3 por ciento. Existe un estudio de Impunidad cero, que nos orienta con datos estadísticos que resultan muy interesantes:
Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4 por ciento), mientras que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2 por ciento).
En promedio, el tiempo que tienen que invertir los ciudadanos para denunciar un delito es de 2 horas y 21 minutos (varía en cada entidad federativa).
Las entidades mejor evaluadas con base en este índice son Chihuahua, Yucatán y Querétaro, mientras que en los últimos lugares se encuentran Tlaxcala, Veracruz y Chiapas. Nayarit, se queda en medio de la tabla.
La carga de trabajo promedio de los ministerios públicos descendió un poco respecto del año anterior, si bien su carga de trabajo sigue siendo excesiva, ya que se enfocan principalmente en delitos de bajo impacto, lo cual ralentiza el sistema.
El tiempo que le toma a las víctimas denunciar un delito aumentó ligeramente respecto del año anterior.
En materia de efectividad también se observó un retroceso de 21.4 a 19.4 por ciento.
El porcentaje de personas que “confían mucho” en los ministerios públicos también descendió en 2019 respecto de 2018.
En términos generales, este estudio revela que no hubo una mejora sustancial en la procuración de justicia en nuestro país. Se detecta aún una gran disparidad entre las entidades federativas, por lo que se hace necesario identificar con claridad las buenas prácticas de algunos estados para replicarlas en los demás.
En este estudio identificamos buenas prácticas en los modelos de gestión de justicia de Coahuila y de Zacatecas que hacen un uso más eficiente y estratégico de los recursos con lo que cuentan, con el fin de que los delitos de menor impacto se resuelvan por vías de la justicia alternativa, concentrando el arsenal de esfuerzos y recursos con que disponen sus fiscalías para atender aquellos delitos de mayor impacto.
En estados como Querétaro y San Luis detectamos que a partir de una buena atención a usuarios han logrado incrementar sustantivamente la efectividad de sus investigaciones. Las investigaciones especializadas en entidades como Nuevo León y Chihuahua han incrementado su efectividad, y el desarrollo órganos especializados en los mecanismos alternativos de solución de controversias han sido fundamentales en los buenos niveles de efectividad de estados como Guanajuato.
Y esta es una gran tarea pendiente en la entidad, en atención a que la entidad diseñada en el sexenio pasado para la justicia alternativa tiene graves limitaciones y aún no ha sido revisado su funcionamiento, cuya ineficacia reclama medidas correctivas. Y esta sí, es tarea del Fiscal General Petronilo Díaz Ponce.
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