Quizás, sea uno de los testimonios más trascendentales que cualquier administración de gobierno, sea el poder ejecutivo o como en el caso, el poder judicial; ayer se presentó el primer tomo que registra los indicadores sobre el derecho a un juicio justo que fuera elaborado y compilado a instancias de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y con la experiencia primera del tribunal superior de justicia del Estado de Nayarit.
Este es el resultado de un trabajo conjunto, que utilizó una singular metodología, y que ha sido realizado en México en el Estado de Tamaulipas y el Distrito Federal, son las experiencias pioneras en una labor metodológica de enorme importancia; es, el abrir las tripas de la administración de justicia con una primera visión estadística que escapa a los métodos hasta hoy utilizados; y que, al ser presentado se insistió en que tales resultados son para la sociedad, para los investigadores, para la prensa y, sobre todo para los gobernantes que pueden utilizar estos resultados como elementos sustantivos para el diseño de sus políticas públicas.
Este trabajo, parte de la perspectiva de que la prevalencia de los derechos humanos en la función jurisdiccional es realmente indispensable para que los poderes judiciales de los Estados se transformen en entidades públicas confiables para los justiciables, que brinda una adecuada atención al debido proceso y al derecho de acceder plenamente a una administración de justicia proba, experimentada y expedita.
Javier Hernández, representante en nuestro país de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue generoso y enfático al disertar sobre los orígenes y ambiciones de un trabajo de esta naturaleza; al reconocer el liderazgo y la disposición del magistrado presidente del TSJ de la entidad, Pedro Antonio Enríquez, al permitir evaluar las tareas sin distingos ni adjetivos, para construir los elementos estadísticos confiables sobre el quehacer sustantivo del poder judicial.
La compilación, es un cofre valioso de información del tejido social, para el investigador y el gobernante; al hacer el desglose pormenorizado de sexo, edad, condición social y económica de los justiciables nos permite conocer de manera puntual el todo del cuerpo judicial, de sus prácticas elementales, de sus aciertos y de sus yerros.
Este trabajo implica fomentar el conocimiento y difusión de las normas jurídicas que protegen los bienes jurídicos de todos los derechos humanos; de ahí el porqué se hizo énfasis por el representante en México y por el magistrado presidente de que este trabajo servirá en la instrumentación de políticas públicas y para hacer transparente la aplicación y el respeto a los derechos humanos en todas y cada una de las instancias judiciales.
LAS LECCIONES DEL TRABAJO
Pedro Antonio Enríquez, el magistrado presidente, llevó a cabo su disertación con el talento y el manejo de la tribuna que le es reconocido; señaló el origen de este ambicioso proyecto, a dos años de haberse iniciado y teniendo como testigo de honor al recién llegado gobernador Roberto Sandoval; hoy, esta compilación es una muestra del pundonor y de los esfuerzos que jueces y magistrados, así como sus equipos de trabajo en cada juzgado, en cada sala, llevaron a cabo.
Primero, para aprender la metodología que reclama un trabajo de esta naturaleza, y despojarlo de orientaciones que perturben la percepción y evaluación de los servicios que presta a la sociedad el poder judicial en la entidad.
Una verdad que incomoda, ahí fue analizada, el 31 por ciento de los procesos no cumplen el término legal establecido para que se dicte la sentencia que les corresponde; al analizar el tiempo promedio de lo que duran los litigios, aparece esta cifra, que es menester explorar su causalidad y enfrentarla para disminuir su incidencia en la administración de justicia.
Se registraron los casos cuando los justiciables son llevados por medio de la queja ante los órganos de control del consejo de la judicatura; en fin, podemos definir a este trabajo de indicadores, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos como una acuciosa fotografía del cómo está la impartición de justicia en la entidad, sí una fotografía sin retoque, tal cual debe ser la instancia de un gobierno de cara a la sociedad que no tiene desdoro para reconocer los yerros y lo mucho que falta por hacer para llevar a niveles superiores de convivencia a la población, para que confíe en sus instituciones.
Pedro Antonio dijo que es necesario que la sociedad y diversas instituciones acompañen al Poder Judicial en el diseño de políticas públicas, pero también proyectos de inversión, que le permitan cambiar o mejorar en aspectos que así lo requieran.
La sorpresa de la mañana lo constituyó la disertación del secretario de desarrollo social, Orlando Jiménez Nieves, quien como representante del gobernador Roberto Sandoval, expuso de manera puntual y elocuente lo trascendente que significa un trabajo de esta naturaleza y señaló que transmitirá al titular del poder ejecutivo estatal la importancia de los mencionados indicadores en el contexto de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2107, que son los de gobernabilidad, calidad de vida y desarrollo integral.
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