Diputados, presidente del TSJ, fiscal general, gobernador y el secretario técnico de la comisión interinstitucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Nayarit, llevaron a cabo una acción concertada, para el inicio del nuevo sistema en la entidad, como debe prevalecer la prudencia, y al mismo estilo que lo han hecho otras entidades de la república, se inicia de manera paulatina, con tres partidos judiciales y cinco delitos en su operación.
Se publica el decreto en el Periódico Oficial, el 18 de agosto del 2014, estableciendo una vacatio legis para el día 15 de diciembre del mismo año anterior; y el ámbito de aplicación lo serían cinco delitos: violencia familiar, abandono de familias, delitos de tránsito, daño a las cosas y robo simple. Todo parecía bien cuidado, previsiones al por mayor, capacitación in extremis para los agentes del MP, mediadores, defensores de oficio y tres jueces de oralidad, que podrán funcionar como jueces de control y de enjuiciamiento de manera indistinta.
Llegó el 15 de diciembre, hubo fanfarrias, vino María de los Ángels Fromow la titular de la Setec, se inauguró el edificio del centro de atención a la mujer en dónde se ubica la primera sala de oralidad y…, no pasó nada las primeras semanas, entrando el año, hubo un solo caso de uno de los delitos; empero al inicio de este nuevo sistema surgió la inmediatez que se presentará tarde que temprano, si es que para estas alturas, no se ha presentado la siguiente complicación.
Uno, en cualquiera de los delitos, como violencia familiar o delitos de tránsito, de continuo se generan otros ilícitos, como los son lesiones, e incluso en el segundo puede llegar a suceder no solo lesiones sino inclusive un homicidio culposo; y…? nos dirá el lego lector.
Lo que sucede en la práctica de la recurrencia de los delitos señalados en la confluencia de delitos colaterales que se dan al unísono y que éstos, como lesiones u homicidio culposo no se encuentran previstos para ser juzgados conforme a las reformas y al decreto que le da vida al nuevo sistema en la entidad. ¿Entonces..? ¿qué pasará cuando un conductor pasado de copas no solo daña otro vehículo o u bien inmueble, sino en la comisión de este ilícito causa lesiones graves o comete un homicidio culposo..? ¿cuál de ellos debe prevalecer en la etapa inicial, al instrumentar la carpeta de investigación..? ¿cómo deberá actual el MP con la legal detención..?
¿Tendrá acaso que hacer dos tipos de averiguaciones previas..? una, con el sistema anterior para consignarlo ante juez de primera instancia del ramo penal por el delito de lesiones u homicio..? y la otra por delito de tránsito ante el juez control y operar las dos primeras etapas, principio de oportunidad, juicio abreviado o mecanismo alternos. Já..! será un galimatías.
¿QUÉ HACER..?
La vieja pregunta Lenin nos persigue, ante una situación judicial de esta naturaleza que no fue visualizada por falta de…? Preguntarle a los litigantes..! muchos de quienes en el escritorio han participado en esta implementación, son como les llamo “abogados de gabinete”, que tienen acrisolados títulos de máter y doctorados y en su vida han pisado un juzgado.
La obviedad nos llama a la exploración de las viejas reglas de concurrencia de delitos, bajo el sistema inquisitivo no había problema, todo se resolvía con la sentencia y la condena a la reparación del daño; empero, ¿ahora..? con dos sistemas completamente diferentes, un mismo imputado podría hacer un juicio de garantías en caso de lo que haga la fiscalía o los juzgados penales, atenten contra sus derechos fundamentales y no cubran las actuaciones el debido proceso.
Quienes quedarían desamparados en situación extrema de inaplicación de las normas serían las víctimas u ofendidos de los ilícitos en cuestión; o ante tamaña irregularidad, un letrado avezado, puede poder en un brete a los agentes del MP, al juez de control y al mismo de enjuiciamiento.
Estos y otras cuestiones son los inherentes avatares de poner en práctica un sistema completamente diferente, al haberle aplicado la gradualidad que se hizo en la entidad, sin haber visualizado este y otro tipo de problemas; esto no tiene nada que ver con los objetivos superiores de generar políticas sociales para reducir la incidencia de delitos; sino la impronta de resolver una laguna jurídica de difícil resolución.
Las autoridades responsables de iniciar la carpeta de investigación de un delito de los cinco decretados para que operen el NSJP, tendrán ante sí, la inaplicación de sus atribuciones en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de los imputados; el santo grial del debido proceso estará sin duda en tela de juicio y grave predicamento en caso de que no resuelvan este galimatías en ciernes.
El magistrado presidente, Pedro Antonio Enríquez, junto Miguel Ahumada secretario técnico de la comisión, así como el fiscal general Edgar Veytia y genios del derecho que ahí le acompañan tienen una tarea que cumplir, esta materia, de momento no la han acreditado, y más vale que lo hagan de inmediato, so pena de que el nuevo sistema se colapse por un asunto de éstos y seamos una vez más, la comidilla de las vacas sagradas de la Setec. Digo pues…
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