Darán Solamente Entre 7 y 13 Años de Cárcel a Quienes Ataquen con Ácido a Mujeres

Si se dan estos últimos supuestos, quien resulte responsable de lesionar con ácido a una mujer podría obtener una sentencia de entre 11 y 21 años de reclusión, es decir, las penas aumentarían dos terceras partes, detalla la iniciativa aprobada por los senadores, la cual aún debe avalar la Cámara de Diputados.

Esta modificación al Código Penal Federal considera también que las sanciones de entre siete y 13 años de prisión se impondrán al agresor si este provoca en una mujer “un daño o enfermedad incurable; la inutilización completa o la pérdida de una extremidad u órgano; cuando quede perjudicada cualquier función orgánica (de la víctima) o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel”.

El objetivo de estos cambios es proteger y tutelar los derechos de las mujeres en México, al ampliarse en la norma penal los tipos de agresión física en su contra.

Situación de alerta

En nuestro país, solo de enero a julio de 2021, se reportaron 199,517 víctimas directas de algún delito, de las cuales 63,047 fueron mujeres (31.6%). De estas, más de la mitad (58.7%) sufrieron delitos clasificados como lesiones dolosas, lo que implica que la víctima sufrió un daño físico que puede ser irreversible, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre violencia contra la mujer.

Los ataques con ácido en contra de mujeres se han ido incrementando en los últimos años, “o al menos se tiene un mayor registro de este tipo de actos identificados como lesiones dolosas”, detalla la iniciativa aprobada en el pleno del Senado.

La reforma, que adiciona un artículo al Código Penal Federal y modifica otro de sus numerales, también se fundamenta en un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que reportó, hasta diciembre de 2020, 20 casos de mujeres atacadas con ácido, cifra que contrasta con los siete casos que se registraron en 2018.

Es decir, en dos años los ataques con ácido en contra de mujeres mexicanas aumentaron más del 100%. A estas cifras se añaden 59,016 feminicidios registrados en los primeros seis meses de 2021.

Estos actos de violencia, admitieron los senadores en el dictamen aprobado, “han generado una situación de alerta”, por lo que la reforma incluye la obligación del personal de salud para que notifique al Ministerio Público todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban atención médica.

A su vez, el Ministerio Público tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño a la víctima, de manera “integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad” de las lesiones.

De igual forma, en todos los casos de ataques con ácido o sustancias corrosivas, el Ministerio Público debe implementar las providencias precautorias que señala en artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las que se incluyen el embargo de bienes del agresor, y la inmovilización de sus cuentas y valores que se encuentren dentro del sistema financiero.

Estas medidas son decretadas por un juez, a petición del Ministerio Público y la víctima, a fin de que el imputado, de ser encontrado responsable del delito, repare el daño causado.

Entre los ataques con sustancias corrosivas que se han registrado en México en los últimos años destaca el sufrido por la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, agredida con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019, en un intento de feminicidio. La artista padece desde entonces graves quemaduras en cara y cuerpo.

La agresión en contra de María Elena Ríos fue presuntamente ordenada por el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, quien -desde abril de 2020- se encuentra detenido, en espera de sentencia, en el penal de Tanivet, en la región de los Valles Centrales en Oaxaca.