JOSÉ MIGUEL MADERO ESTRADA (*)
En el concierto de poderes, la independencia es un atributo natural de la judicatura, no porque los poderes ejecutivo y legislativo no sean autónomos —que indiscutiblemente lo son— sino porque en algunas ocasiones los operadores políticos de esos poderes que debaten y aprueban el gasto presupuestal, soslayan en el poder judicial un simple edificio burocrático que no tiene rentabilidad política, no obstante que sus moradores no sean responsables de lesionar los derechos de los inocentes, ocasionar zozobra a las víctimas o prestarle seguridades al crimen.
La judicatura cuenta con funcionarios capacitados con estudios de alta especialidad egresados de instituciones de educación autorizadas. Es una inversión histórica del Estado con un recurso humano honrado, responsable, sensible, que sabe conciliar su trabajo al servicio de las personas.
Por ello, es inimaginable que un Estado que funciona democráticamente coexista con una justicia mal impartida, corrompida y parcial, llena de intrigas y sospechas.
Si bien los funcionarios responden a altos estándares judiciales, tienen muchas limitaciones en su contexto laboral y en la tecnología de la información. En un entorno democrático basado en el ejercicio de los derechos humanos implica que tanto el gasto como las políticas públicas deben dirigirse a fortalecer el aparato de justicia, pues con ello, se fortalece la paz social.
La independencia judicial no comulga con una deficiencia crónica en las capacidades de respuesta del aparato de justicia y la carencia de un marco normativo adecuado. Sin embargo, la democracia se ha reducido a un entorno meramente formal para elegir gobernantes, con presupuestos exhuberantes y escasa rendición de cuentas.
Para que la sociedad tenga la certeza de una institución sólida, el personal judicial debe cumplir con sus funciones, que no son otras que desahogar juicios; entablar diálogos con las partes y con la jurisprudencia; estudiar, debatir y resolver los conflictos, sin caer en el partidarismo intransigente de ninguna idea política, en el protagonismo o promoción de ningún interés.
En ese contexto, ningún funcionario judicial tiene por qué promover su imagen pública con cargo al erario judicial. Es precisamente aclarando esta dimensión institucional la que puede llegar a impedir, y en todo caso, la que ha de llevar a prevenir que el poder judicial se contamine y pierda la imprescindible confianza ciudadana en el ejercicio de su función.
Mientras que el quehacer en los poderes legislativo y ejecutivo, así como en Ayuntamientos, responde a una función de tipo popular político-representativo, en el poder judicial, en cambio, se debe atender fundamentalmente a los principios éticos y evitar todo tipo de comportamiento que refleje partidarismo político, favoritismo, predisposición o perjuicio y aquello que comprometa la imparcialidad.
Es deber del juzgador no poner en peligro los fundamentos democráticos que el Estado confía en sus manos; no puede mermar la confianza en los tribunales que se desvanece en la medida en que lo hagan las apariencias de independencia e imparcialidad. La independencia judicial no existe en un ambiente de sospecha o simulación.
La relación con el poder político, franca y directa, debe ser un acto de valor y convicción, nunca de sumisión o servilismo. La sociedad demanda que los juzgadores se abstengan de todo comportamiento, acto o manifestación que altere la confianza en su imparcialidad e independencia. Los cánones de ética exigen la máxima prudencia, la obligación moral de distanciarse de cualquier interés político electoral
(*) Magistrado de la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit
