Por Surya Palacios / Alto Nivel
Morena asegura que integrará en una sola propuesta más de 100 iniciativas en esa materia, incluyendo la del presidente que plantea desaparecer al INE.
Cada vez está más cerca la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparezca, para ser sustituido por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como lo propone el presidente mexicano, al menos eso es lo que aseguran los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, instancia en la que esta semana iniciaron los trabajos de análisis para una próxima reforma electoral.
Los cambios que se plantean están incluidos en 108 iniciativas que hasta ahora se han presentado en la Cámara baja, destacándose la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada a esa soberanía en abril pasado, en la que el mandatario plantea disminuir el número de diputados de 500 a 300, y reducir de 128 a 96 senadores, pero convirtiéndolos a todos en plurinominales.
La iniciativa presidencial también quiere que los consejeros electorales sean votados por la ciudadanía para poder ocupar sus cargos; limitar el número de regidurías en los Ayuntamientos; aumentar el financiamiento privado para los partidos políticos, y centralizar los comicios estatales y municipales.
Dictamen consensuado
Un grupo de 21 diputados de todos los grupos parlamentarios, incluyendo a los de oposición, es el encargado de elaborar “un dictamen colegiado” que, se presume, reunirá por consenso todas las propuestas.
El objetivo, de acuerdo con Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara baja, es que el dictamen final sea discutido y votado en el pleno el próximo mes de noviembre, aunque para ello el partido oficial deberá negociar con la oposición, pues los cambios proyectados son de carácter constitucional.
La carga ideológica de cada instituto político “no obsta para que podamos construir en beneficio del régimen democrático de partidos, (y) de la democracia electoral”, una iniciativa de reforma colegiada, dijo Mier Velazco.
Sin embargo, para sacar adelante estos cambios se necesita el voto de las dos terceras partes de los legisladores, una mayoría calificada con la que no cuentan Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista y del Trabajo.
Obviamente está abierta la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vuelva a aliarse con el oficialismo, tal y como lo hizo el mes pasado al presentar una iniciativa que amplió, hasta el año 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Al respecto, Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, ha asegurado que su partido no está proponiendo ninguna reforma electoral, a pesar de que sí existen iniciativas presentadas en lo individual por algunos legisladores priistas.
De igual forma, Moreira dijo a la prensa que su grupo legislativo va “a proteger al INE y al Tribunal Electoral en cuanto a su autonomía”, y fue tajante al afirmar que no están de acuerdo con que los consejeros del organismo constitucionalmente autónomo sean electos por los ciudadanos.
No obstante, un tema que el priismo está abierto a analizar es la inclusión de la segunda vuelta en las elecciones, siempre y cuando los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) estén de acuerdo.
El también llamado balotaje consiste en realizar, por ejemplo, una segunda vuelta en los comicios presidenciales, si en la primera ningún candidato obtiene más del 50% de los votos. Con esto se evita la dispersión del sufragio, pues en la segunda elección solo participan los dos candidatos que hayan obtenido más votos en el primer ejercicio, lo que le otorga una mayor legitimidad al ganador final.
Minar al arbitro electoral
De su lado, Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, considera que una reforma electoral con el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso es posible, pero eso no significa que la oposición vaya a sentarse a analizar y a discutir la iniciativa del presidente, porque esta contiene temas con los que Acción Nacional está “categórica y firmemente en contra”.
“Podemos avanzar en muchas cosas (…), con lo que jamás vamos a coincidir, y no vamos a permitir, es con que se metan, insisto, y vulneren a los árbitros electorales” que son el INE y el Tribunal Electoral, apuntó Romero en una entrevista radiofónica.
Lo que sí propone el panismo en Diputados es la segunda vuelta en los comicios presidenciales; elecciones primarias en los partidos políticos, abiertas a los ciudadanos; la anulación de elecciones si en estas interviene la delincuencia; y urnas electrónicas, entre otros planteamientos.
Por su parte, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, coincidió con la opinión de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, que en esta semana calificó como parcial la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador, al no aportar “suficientes garantías sobre la independencia y la imparcialidad” del propuesto Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
“Seguiremos defendiendo al INE, no dejáremos que se destroce su autonomía y se siga violando la ley, no daremos un paso atrás, no vamos a permitir acciones regresivas en contra de la democracia”, expresó Zambrano.
Riesgos de inequidad
La iniciativa de reforma electoral con la que coincide Morena obviamente es la del presidente, que prevé modificar 18 artículos de la Constitución. Esos cambios, lejos de mejorar nuestras instituciones, tienen el objetivo de capturar al INE con miras a la elección presidencial de 2024, además de cambiar nuestro sistema de representación democrática para crear una mayoría hegemónica en el Congreso.
Si bien, en caso de que el PRI mantenga su postura opositora, es difícil que prosperen las propuestas del partido oficial, el problema es que también se dejarán de lado los necesarios ajustes que requiere nuestro sistema electoral, sobre todo en los que se refiere a la sobrerrepresentación partidista en la Cámara baja.
Lo mismo sucede con las facultades del INE y del Tribunal Electoral en materia de sanciones, que deben reforzarse, pues en la actual administración federal han sido constantes los desacatos de diversos funcionarios públicos que, trasgrediendo la ley, se promueven a sí mismos, o manifiestan apoyos políticos que -formalmente- no están permitidos ni en la Constitución, ni en nuestra legislación electoral.
De hecho, el gran reto para los próximos comicios presidenciales en 2024, y los que se llevarán a cabo en el Estado de México en 2023, es impedir la utilización de recursos públicos en beneficio de candidatos, además del uso político de los programas sociales por parte del gobierno federal.
De igual forma, lamentablemente, la necesaria equidad de esas contiendas puede verse vulnerada si, por ejemplo, el presidente mantiene sus cotidianos pronunciamientos en contra de lo que él llama “bloque opositor”, epítetos que en periodo electoral están prohibidos por la ley para todos los funcionarios.
