- Un sindicalismo que se niega a morir
- Estertores de caciques, perdiendo legitimidad
- Un gobierno comprometido con la sociedad
El gobierno de Miguel Ángel Navarro, en los primeros meses de su gobierno, tendió puentes hacia los gremios que tradicionalmente han sido el lastre de las finanzas públicas, específicamente a los sindicatos de burócratas y a la sección XX del SNTE, no hubo acuerdos en atención a que los supremos intereses de sus cacicazgos consideraron impertinente “e inconstitucional” los proyectos gubernamentales, que se reducían a darle racionalidad al esquema legal, y abatir los inauditos enclaves de poder sindical en detrimento de la mayoría de estos gremios.
No hubo negociación alguna, porque la ley y los bienes jurídicos de la sociedad y de la mayoría, se imponen contra los intereses de grupo; hubo un lance político gubernamental que reforma y adiciona el marco legal que rige las relaciones de los entes públicos con sus trabajadores, los tres poderes y las administraciones municipales.
La Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, es una ley prolija, abundante y en cierto sentido casuística, dada la singular conflictiva que tiene que regular; sus 370 artículos y ocho transitorios, son normativos y a la vez incorporando los nuevos paradigmas del derecho laboral, establece los procedimientos del derecho a ejercer ante las nuevas autoridades que regulan la jurisdicción de las Salas Laborales, del Instituto de Justicia Laboral Burocrática para el Estado de Nayarit.
Con el viejo status existió un marcado desequilibrio de las relaciones de los trabajadores, la nueva ley establece un sano equilibrio. “entre la eficiente, responsable y transparente prestación del servicio público a favor de la ciudadanía y los derechos laborales de los trabajadores de los entes públicos..” se le otorga la categoría de “deber social” al trabajo burocrático, frente a la ciudadanía que requiere la prestación de servicios públicos de eficiencia, calidad, honestidad, legalidad y transparencia.
De ahí el enojo de los caciques, se abaten privilegios y rocambolecas “conquistas laborales” que antaño gobernadores convenencieros les otorgaron para tenerlos domesticados y enriqueciendo de manera inaudita a sus liderazgos; se respetan los días de descanso obligatorio y les reconocen los veinte días por año de vacaciones en dos periodos anuales de diez días; prima vacacional, licencias económicas y se regulan las licencias necesarias.
El aguinaldo se establece en “veinte días de salario por lo menos” que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre; desaparece el oprobioso monto de setenta y cinco días que en una perversa decisión estableció el sátrapa de la mololoa.
La terminación de las relaciones laborales, son claras y equitativas, se acabaron los privilegios de los incondicionales de los dirigentes sindicales; se establece el procedimiento y los requisitos para que los trabajadores de confianza puedan aspirar a una plaza de base del nivel inicial; y algo trascendente para aligerar la obesa burocracia actual, las plazas quedarán vacantes de manera definitiva por: muerte del trabajador, jubilación, pensión, renuncia, rescisión y por promoción escalafonaria.
Algo que les eriza la piel a los caciques, es que los entes públicos en la negociación de los contratos colectivos en materia de prestaciones económicas, su límite serán la suficiencia de recursos presupuestales, ya que el ente público está obligado a sostener un balance presupuestario de sus recursos disponibles para cumplir las obligaciones laborales como los planes y programas de gobierno; se terminaron los empréstitos bancarios de fin de año para pagar exorbitantes aguinaldos.
Se obliga a las directivas de los sindicatos a rendir a sus agremiados en asamblea cada seis meses, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical; obligaciones que no son dispensables; quedan abolidas las cláusulas de exclusión de los trabajadores.
Una nueva legislación para una nueva época, en la cual no existe cabida para los cacicazgos trasnochados que no se han percatado de que con las reformas constitucionales, con la vigencia beligerante del pluralismo político y la alternancia en el poder, este sindicalismo ya debe estar en las vitrinas de la historia del oprobio del sistema político mexicano; la democracia sindical es el nuevo paradigma frente a la caduca ofensa de la prevalencia de los intereses particulares de los cacicazgos.
Con las intentonas de entorpecer la marcha de los entes públicos el día de hoy, quizás en la sección XX y en el Sutsem recuerden las palabras del entonces gobernador Rigoberto Ochoa, “ningún sindicato por fuerte que sea, puede poner de rodillas a ningún gobierno…, se tiene la fuerza pública para aplacarlos cuando actúan al margen de la ley…”
O como lo dijo ayer en su muro de FB el destacado maestro Rodolfo Ojeda Díaz, que conoce las entrañas de la Sección XX del SNTE “un ex gobernador me platicó, te voy a dar un consejo, puedes hacer muchas cosas en acuerdo con el gobierno.., pero contra un gobierno ni se te ocurra…”
En fin, en su salud lo hallarán…
Contacto.- mirtha.palacios@hotmail.com
