Algunos litigantes, en excesivo afán de sacar adelante una defensa, en proceso penal que se instruye contra sus clientes, son capaces de llevar a cabo diversas acciones que en otras latitudes, constituyen una acción que puede ser calificada de punible; en nuestra legislación se califica como “cohecho” la acción deliberada de una persona, generalmente un litigante que solicita o recibe una dádiva, generalmente en dinero para hacer una acción judicial que beneficie al oferente.
Tal cual lo establece el numeral 217 del código penal vigente en la entidad, “El Servidor Público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa de hacer algo ilícito o dejar de hacer algo lícito relacionado con sus funciones…”
Viene a cuento este introito del escriba, dado el hecho imputado al magistrado Pedro Alvarez Hormeache, titular de la Sala unitaria número tres, quien recientemente fue objeto de acres imputaciones en portales especializados en notas judiciales, y promovidos por personeros contestatarios del régimen, consistentes en un evidente conflicto de interés personal, con el empresario inmobiliario Héctor Cárdenas Curiel, sujeto a proceso por delitos patrimoniales en el juzgado tercero penal del partido judicial de Tepic.
En la semana anterior, de manera injustificada y fuera de la norma reglamentaria que regula sus acciones judiciales, el juez tercero del ramo penal, José Ricardo Rodríguez Valdéz, entregó al defensor del señalado Héctor Cárdenas Curiel, las constancias del expediente que se instruye en su contra, con los oficios que envía el juzgado para substanciar la apelación en contra del auto de formal prisión que le fue dictado.
El trámite implica llegar a la oficialía de partes común del Tribunal superior de justicia, en dónde el registro de las apelaciones, de manera aleatoria, se asignan de manera indistinta a las salas unitarias, cuando se trata de sentencias interlocutorias, como lo es el auto de formal prisión; el abogado, una vez que conoció que el trámite del recurso interpuesto le correspondía al magistrado Pedro Alvarez Hormeache, al parecer se apersonó con el magistrado para interactuar en pro de su cliente.
Desconociendo aún el acuerdo de su secretaría, el titular de la sala unitaria número tres, dijo que sin conocer el trámite planteado, de inmediato se excusaría, por haber sido el titular del Fideicomiso Bahía de Banderas en el sexenio anterior, y haber realizado en ejercicio de tales funciones, operaciones de compraventa de los predios conocidos como “Punta Raza”; esto es lo que se conoció en los pasillos de las oficinas de los magistrados del TSJ.
¿Quién fue el activo protagonista de la nota difamatoria contra Alvarez Hormeache..? y quienes nos movemos en la sociedad digital, constatamos la liviandad de las imputaciones, con la singular condición de haber sido un funcionario cercano del desprestigiado gobernante anterior, hoy al magistrado en cuestión, le arrojaron epítetos y descalificaciones, que en el caso, son improcedentes e inopinados, pasto del periodismo carroñero.
CORRECCIONES EN EL CONCEJO DE LA JUDICATURA
En los recesos del evento de derecho constitucional, el escriba confrontó a varios magistrados sobre este hecho y otros más que recientemente han trascendido, como la denuncia de corrupción en contra de un traductor de lenguas indígenas, adscrito a juzgados mixtos que conocen de tales instancias; y uno de ellos, se quejaba de que en ocasiones se carecen de atribuciones para actuar motu proprio y aplicar serios correctivos en contra de la liviandad de jueces de primera instancia.
Habiendo trascendido la nota en las redes de la web, la capacidad de información puntual –sin favor ni con rencor- sobre las imputaciones de tráfico de influencias o cohecho del magistrado Alvarez Hormeache, del TSJ fue absolutamente nula; el hecho ahí queda y no se actúa en contra del juez tercero penal, Ricardo Rodríguez quién al parecer a sus amigos litigantes, les tiene la suficiente confianza como para entregarles las constancias de expedientes judiciales en trámite.
Este tipo de incidentes, es el abc del trabajo cotidiano de jueces y servidores de la administración de justicia; si bien el abogado defensor de procesados tiene el absoluto derecho de hacer todo tipo de instancias a favor de sus clientes, la tenue línea gris que divide el acto de impulso judicial con la figura típica del cohecho de continuo se trasciende; y como este tipo de acciones se generan en la opacidad, el desprestigio del funcionario judicial en lo particular y del poder judicial en lo general será cosa de todos los días.
Con la implantación del nuevo sistema de justicia penal, de corte adversarial, se espera que estos incidentes que contribuyen al deterioro del poder judicial ante la sociedad, disminuyan por la obvia condición de sus factores principales, la publicidad y la inmediatez de los procesos penales; no se puede prestigiar a un régimen en donde los derechos fundamentales del ciudadano o el prestigio o solvencia moral o ética de un funcionario judicial, son pisoteados en el estercolero del periodismo de alcantarilla, y que además, el hecho quede impune.
Una sociedad que no respete o no haga respetar los derechos fundamentales de individuo, que no prodigue la vigencia del estado de derecho, no puede catalogarse de sociedad democrática o en evolución hacia instancias superiores en la procuración y administración de justicia.
El día de mañana, se elige al nuevo titular del TSJ, le corresponderán al magistrado que resulte electo, una serie de retos de enorme importancia en este tiempo dinámico de cambios; entre otros, que se atreva a dar resolutivos con el apoyo del concejo de la judicatura del Estado, en contra de jueces, secretarios y demás funcionarios venales, que propician la corrupción y el tráfico de influencias con abogados litigantes inmorales.
Ya se deben acabar esos tiempos de que la ropa sucia se lava en casa; el desprestigio del poder judicial, es una grave servidumbre, inmoralidad social que contamina el todo del Estado; tiempo es de expulsar lo que no sirve…
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