El día de ayer, al ser inaugurados los trabajos de la IX Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, el magistrado Manuel González Oropeza, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con toda su docta sapiencia nos dijo que las constituciones estatales forman parte de la Constitución federal y son la cuna de los derechos humanos, ya que contemplan varios medios de protección de las garantías fundamentales de los justiciables que no tiene el sistema federal.
Siendo uno de las “vacas sagradas del IIJ de la Unam” dijo que hablar de justicia constitucional es hablar de la protección estatal, por ello el bloque de constitucionalidad debe considerar no sólo las normas establecidas por los tratados internacionales de los que México forma parte, sino que también debe tomar en cuenta las constituciones locales.
“En ellas está el régimen interno de los estados que se prevé en la Constitución federal, pero que no se determina en ésta” y al hacer referencia a la Constitución de Veracruz en la que se contempla un sistema de derechos humanos y acciones de inconstitucionalidad por omisión legislativa, señaló que representa una innovación en la doctrina constitucional mexicana, ya que no existen en el sistema federal.
Su exposición vino a corroborar que en materia de protección de los derechos, la autoridad federal no debe estar sola sino acompañada de la justicia local, ya que corresponde a cada ámbito hacer efectiva la protección más amplia de los derechos; y este evento tiene el objetivo de reflexionar sobre los temas relevantes del constitucionalismo mexicano que impactan en las circunstancias de nuestro entorno.
Roberto Sandoval Castañeda, gobernante de los nayaritas, fue educado en su alocución, tuvo la delicadeza de no sacar la soga en la casa del ahorcado, puesto que ahí, a un lado suyo, se encontraba presente el magistrado Pedro Esteban Penagos, el ponente de las dos polémicas resoluciones recientes de la Sala superior del Trife, que determinó cambios en la asignación de los plurinominales del Pri y una acción sancionatoria en su contra, en esta última sentencia, tuvo el inaudito de calificarlo de “dirigente partidista del Pri” en su carácter de gobernador.
Roberto, con su oratoria sencilla pero puntual en sus asertos, les dijo a los non plus ultra del derecho electoral, que durante este encuentro se construirán las bases de un sistema de legalidad más sólido y un régimen de justicia a la altura de la exigencia de nuestra sociedad.
Señaló que “Ratificamos también nuestra convicción democrática, sabedor de que en la pluralidad política encontramos siempre la coincidencia para construir y no para destruir.
Reconocemos la enorme responsabilidad que desempeñan los tribunales del país con el único propósito de mantener la paz y la armonía social, por ello respaldamos y acatamos los fallos que en ejercicio de sus competencias dictan los diversos tribunales locales y federales.
Deseo que el desahogo de la agenda propuesta para este foro genere nuevas reflexiones, despeje dudas y principalmente sirva para que la gente tenga un mejor acceso a la justicia y logre una mayor defensa de sus derechos.
De nueva cuenta bienvenidos a Nayarit, disfruten de nuestra gastronomía, de nuestra gente y de esta ciudad de gente de bien.”
EL DICTUM DE PEDRO ANTONIO
El titular del poder judicial, sin desdoro de la judicatura local, supo ser atingente con su discurso de bienvenida, al expresar que: “la transformación jurídica más importante del sistema jurídico mexicano ocurrido en 2011 en materia de derechos humanos, nos hace plantearnos nuevas reflexiones, sobre el papel que hoy en día tienen las jurisdicciones constitucionales locales, frente al control difuso de constitucionalidad y particularmente a raíz de la sentencia del caso Radilla.
Bajo este nuevo contexto, valdría preguntarnos, si se fortalecen los sistemas de control constitucional local o en su defecto están en franco debilitamiento del sistema jurisdiccional de control constitucional local.
Nuevas reflexiones sobre la coexistencia de dos jurisdicciones una nacional y 32 sistemas jurisdiccionales locales que coexisten en la protección de los derechos humanos, pero que se hace necesario definir si en sede jurisdiccional constitucional local es posible proteger derechos contenidos en la Constitución Federal, o debe reducirse su protección a los derechos exclusivamente contenidos en las Constituciones locales.
Porque este conflicto sin duda está planteando nuevas tensiones entre la justicia constitucional local y la jurisdicción federal de amparo.
Cual está siendo el papel de los jueces locales, a tres años del caso Radilla?, estamos en realidad haciendo posible ser jueces de regularidad constitucional o seguimos sosteniendo la tradición positivista.
Y por otra parte como armonizar el creciente catálogo de derechos humanos contenidos en buena parte de las constituciones locales, frente al bloque de constitucionalidad que hoy forman la Constitución Federal y los Tratados Internacionales.”
PRIMERA MESA DE TRABAJO
Le correspondió la primera exposición al letrado Rubén Sánchez Gil, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, quién de manera coloquial, introdujo en el foro el difícil tema del cómo los órganos estatales, en sus funciones jurisdiccionales como órganos del Estado mexicano le dan cumplimiento a los extremos de la sentencia del famosísimo caso Radilla, que representa el inicio de la transformaciones sustantivas del derecho judicial mexicano.
El ponente recreó el impacto de la sentencia del sonado caso, puesto que siguiendo los criterios establecidos por la Corte IDH, la Suprema Corte estableció que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de su competencia, están facultados para hacer un control de convencionalidad, esto es, a aplicar tratados internacionales de derechos humanos en los casos que conocen, aún en perjuicio de la legislación mexicana.
Como consecuencia y toda vez que en la interpretación sobre derechos humanos debe tenerse en cuenta tanto el tratado internacional como la Constitución, la Suprema Corte en esta resolución aceptó que todos los jueces mexicanos están facultados para analizar la compatibilidad de una ley o acto con la Constitución y tratados internacionales.
A esto último se refirió en su ponencia, el doctorado Pedro Antonio Enríquez, quién con su argucia expositiva, dijo estar de acuerdo con lo que sucede en los espacios de la corte interamericana y en los resolutivos de la SCJN, y quizás en su experiencia de magistrado presidente del TSJ de la entidad, se pregunta, “de acuerdo, ¿pero cómo le vamos a hacer en los tribunales estatales, cómo le van a hacer nuestros jueces..?”
En fin, este tipo de eventos no son para legos; en este espacio nos referimos a su desarrollo bajo la óptica de que, los sesudos análisis de los magistrados de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación, cumplen el primer objetivo de voltear a ver las cartas locales, que en el centralismo del derecho constitucional y electoral federal, sí cuentan; y que el ámbito de jurisdicciones estatales, son un espacio la mar de importante en la vigencia de los nuevos paradigmas jurídicos, que han remodelado de arriba abajo todo el cuerpo normativo del derecho constitucional mexicano.
Para el día de hoy, los temas de las exposiciones son: “Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, “Los conflictos competenciales en la tutela de los derechos humanos por parte de órganos jurisdiccionales locales” y “El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad”.
Contacto: cronicaslip@gmail.com
