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Nula capacidad de respuesta ante el NCNPCF
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Nayarit una vez más en atrasos judiciales
El nuevo Código Nacional de Procedimientos civiles y familiares, publicado en el DOF el 7 de junio del presente 2023, entró en vigor al día siguiente de su publicación, y existe una vacatio legis para que las entidades federativas, poderes legislativo y judicial implementen las reformas conducentes en sus legislaciones particulares para su implementación en todo el territorio nacional.
Sí, y para evitar lo que sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales, será gradual pero con fecha cercana y perentoria, sin que ésta pueda exceder del 1° de abril de 2027; aunque de facto serán 180 días a esta fecha el plazo previo que tienen las entidades para implementar sus reformas internas, será el 28 de diciembre de 2026.
Con la homologación de las normas procesales en materia civil y familiar se busca facilitar el acceso de las personas a los procedimientos judiciales de esa naturaleza, los cuales representan alrededor del 70 por ciento del total de juicios en nuestro país, así como combatir los retrasos que se presentan en la impartición de la justicia cotidiana.
Es titánica la tarea que enfrentan los poderes judiciales estatales, los Abogados litigantes y sobre todo los jueces civiles y familiares que tienen que prepararse a marchas forzadas para el cúmulo de nuevos paradigmas procesales.
Ya que a lo largo de sus 1,191 artículos distribuidos entre 10 libros, en el CNPCF se reducen las formalidades procesales y se privilegia la oralidad, lo que implica la simplificación de los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia en un menor tiempo. De igual manera, se contempla la realidad de diferentes grupos vulnerables, garantizando procedimientos equitativos y con perspectiva de género. (OjO..!! con esto último)
Además, tendremos jueces inquisitivos que no crearán jurisdicción, sino que en sus sentencias resolverán problemas sociales; ya que se introdujeron nuevos procedimientos para matrimonio, divorcios, adopciones, patria potestad, custodia y pensiones alimenticias, además de la posibilidad de tramitar juicios en línea y el uso de firmas electrónicas.
El concejo de la judicatura federal tendrá un papel definitorio al quedar en su competencia el Sistema Nacional de Información digital, al cual se tendrán que “colgar” los sistemas de justicia digital de los TSJ de las entidades.
Entre las novedades y avances para la impartición de justicia que el CNPCF incluye, se encuentran elementos de justicia restaurativa en materia familiar lo que implica que las partes reconozcan la existencia de un conflicto, asuman su responsabilidad y participen tanto en la reparación de los daños como en la reestructuración de la dinámica familiar, con la excepción de aquellos casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.
El CNPC prevé reformas importantes en materia de oralidad, mecanismos alternativos de solución de controversias, alegatos de oídas, medidas cautelares, concurso de acreedores y acciones colectivas; existe un juicio oral sumario..! que no tendrá registro en expediente alguno, bastará con la sola presencia del demandado para iniciarlo.
El plazo para que el Congreso general del país, así como las legislaturas estatales para expedir las actualizaciones normativas será de 180 días, conforme lo establece el artículo Décimo transitorio del CNPCF, es decir vence el 6 de diciembre del este 2023.
Ahora no se tiene la SETEC que implementó el sistema penal acusatorio, hoy, es una comisión -COCIFAM- la cual hace unas tres semanas estableció las zonas que las componen diferentes entidades del país, para trabajar en la concreción de este nuevo mundo de cultura jurídica y procesal; nuestra entidad ya tiene su correspondiente zona.
Sí, pero en el TSJ de Nayarit, su dilecta presidente la Magistrada Aracely Ávalos Lemus, no ha dado muestra alguna de intenciones para conocer el nuevo CNPCF, no se ha reunido el concejo de la judicatura para tratar el tema y menos aún existe un estudio que le informe al Gobernador Miguel Ángel Navarro, ni al poder legislativo, la enorme tarea presupuestal que es menester para la implementación de esta justicia civil y familiar.
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Se constata que no es un problema la “caridad” de género para que las féminas sean magistradas, diputadas o secretarias del despacho del poder ejecutivo, sino de capacitación profesional y de idoneidad para cumplir con el puesto.
La letrada Aracely Ávalos Lemus magistrada presidente del TSJ local, con su inmovilidad para atender este oceánico tema, deja en desdoro a sus pares y al poder que representa; a menos de que esté esperando las instrucciones de su antiguo jefe político –Gerardo Montenegro- para negociar posiciones o el manejo de los recursos que reclama el nuevo sistema procesal con el gobernador Navarro Quintero.
Contacto.- mirtha.palacios@hotmail.com
