- el acuerdo general 08/2020 trascendente impacto en la judicatura local
- los jueces de primera instancia llamados a ser protagonistas
Y pues ni modo, de nueva cuenta los integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Concejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, obligados por la prevalencia de la pandemia que azota de manera peculiar la entidad, resolvieron prolongar la suspensión parcial de las actividades jurisdiccionales de todas las entidades del poder judicial, en su prolijo y explícito documento «Acuerdo general 08/202 del plenos…» justificaron y sustentaron la necesidad de la medida, que, en el fondo subyace un verdadero estado de excepción de la precariedad del Estado de Derecho.
Sin embargo, hubo varias e importantes cuestiones que son necesarias destacar, en todas las materias, no solo en lo penal o familiar existen cuestiones que son imposibles de suspender o trasladar para mejores tiempos; la imperativa categoría constitucional determina que la actividad de procurar y administrar justicia, nunca como antes se haya determinado que es una de las actividades esenciales del Estado mexicano, dentro de la contingencia sanitaria.
Por ello, bajo la batuta del magistrado presidente Ismael González Parra, se resuelve fijar las medidas y lineamientos en materia jurisdiccional, y que serán los jueces de primera instancia, y los magistrados quienes en última instancia son competentes para aplicar e interpretar el acuerdo señalado; señalando que «La interpretación que se realice de estas disposiciones deberá privilegiar el equilibrio entre los derechos de acceso a los tribunales, la salud de las personas y la salubridad general.»
Y abunda «los jueces y magistrados estarán facultados para determinar de manera justificada, los casos que po su naturaleza deban ser admitidos a trámite, o ya estando admitidos, deba seguirse la secuela procesal hasta su conclusión…» recordemos que lo medular de estos acuerdos es la suspensión de labores normales del poder judicial, suspendiendo plazos procesales, hasta el 31 de julio del presente año.
En el sistema penal acusatorio y oral, sí corren los plazos procesales en los asuntos que se consideren urgentes, o que ya se haya desahogado la audiencia inicial; y así, deberán programarse las subsiguientes audiencias que corresponden al trámite de dichos procesos, luego de la investigación complementaria, la audiencia intermedia y la de juicio.
Y es en este apartado que son enfáticos los integrantes de los plenos al responsabilizar a los administradores de los centros regionales, quienes determinen la distribución de las actividades del personal de los órganos jurisdiccionales y de las áreas administrativas.
Por cierto, el día de ayer, no se encontró la responsable de la oficialía de partes del juzgado de oralidad que se encuentra en el Centro de Justicia Familiar.
Se hacen una prolija enumeración de cada caso en las materias que he señalado y se identifica los denominados «asuntos urgentes» empero, desde este espacio, consideramos que es una espléndida oportunidad para ver y conocer el desempeño de los jueces, muy poco proclives al protagonismo, siempre desconfiados viendo los toros desde la barrera y esperando en su condición de dependientes de lo que hagan o dejen de hacer los magistrados integrantes del TSJ y ahora del CJEN.
Desde luego que se tienen magistrados, jueces y juezas muy capaces, en materia civil, familiar y penal del sistema tradicional y de oralidad; y por ahí se ubican dos que tres negligentes, limitados y corruptazos..!
La especificación de cada uno de los supuestos en materia familiar, el acuerdo señala que «continuarán atendiendo los asuntos de carácter urgente, los cuales, de manera enunciativa más no limitativa, en los términos del artículo 464-D del Código de Procedimientos Civiles del Estado…» lo cual pues, como lo señalamos líneas arriba, le deja a la responsabilidad, al protagonismo de los jueces y juezas, determinar la procedencia y atención de cada caso en esta materia tan sensible para la estabilidad de las familias y para la protección del interés superior de la niñez, hoy tan cuestionada por la deplorable actuación de las agentes del MP adscritas al centro de justicia familiar.
Con todas las limitaciones que esto implica, el poder judicial manda mensaje a la sociedad y a los letrados para que se ubiquen en los supuestos del acuerdo y pudiesen acceder a las acciones jurisdiccionales.
Una súplica a quien corresponda, que contesten los teléfonos…! la responsable del conmutador del edificio del poder judicial y la titular de la secretaría de acuerdos del tribunal, es una soberana monserga comunicarse, nunca están en sus lugares de trabajo…
