Hubo pocas modificaciones, a pesar de que el morenista Ricardo Monreal señaló que la propuesta tiene 21 bloques que trasgreden la Constitución
La propuesta, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, se avaló en las comisiones senatoriales con el voto unánime y mayoritario de los legisladores de Morena, pues en la Comisión de Gobernación los senadores del bloque opositor decidieron retirarse, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos solo participaron el senador independiente Germán Martínez, y los panistas Indira Rosales y Damián Zepeda.
Los dictámenes aprobados, que se prevé sean discutidos y votados en el Pleno del Senado este martes, aunque para ello se deberán realizar dos sesiones consecutivas, tuvieron algunas modificaciones, aunque en el fondo prevalece la intención de reestructurar los órganos internos y direcciones del INE, además de que se compactan las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), lo que traerá el despido de cientos de trabajadores.
Debido a la introducción de algunos cambios, después de que la reforma se apruebe en el pleno senatorial, el dictamen tiene que ser enviado nuevamente a la Cámara de Diputados para que esa soberanía ratifique lo hecho por sus pares, situación que ya ha generado algunos roces entre los mismos legisladores de Morena.
Lo que sí se modificó
Entre las variaciones del dictamen se destaca que, para conservar su registro, los partidos políticos deben obtener el 3% de la votación en elecciones generales, tal y como ocurre actualmente. Los diputados habían aprobado que estos institutos podían seguir existiendo, aunque no obtuvieran esa proporción de sufragios, siempre y cuando en 17 entidades del país sí consiguieran el 3% de los votos.
También se anuló la posibilidad de que los partidos se transfirieran votos entre sí, en caso de que alguno estuviera en riesgo de perder el registro.
Los senadores igualmente desecharon que los partidos políticos nacionales pudieran obtener financiamiento público a nivel local en las entidades federativas, aunque hayan perdido su registro en el ámbito nacional.
Otro cambio fue el relativo a la obligación que se le imponía al INE para presentar al Congreso propuestas de reforma en materia electoral, pues esa facultad no está contemplada en el artículo 71 de la Constitución, ya que la autoridad electoral no está dentro de los sujetos que tienen derecho a iniciar leyes.
En cuanto a las coaliciones, independientemente del tipo de elección, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio logotipo en la boleta electoral, y no con emblemas conjuntos como pretendían los diputados.
Disenso entre morenistas
Ricardo Monreal, coordinador del partido oficial en el Senado, elaboró un documento en el que señaló que esta reforma contiene 21 bloques de inconstitucionalidad, de los cuales, los senadores de Morena en comisiones solo aceptaron seis y de manera parcial, haciendo algunos cambios a la minuta.
Las trasgresiones a la carta magna, de acuerdo con Monreal, aunque fueron señaladas de manera temática, están presentes en al menos 70 artículos de las cinco leyes que conforman el llamado Plan B electoral del presidente.
Asimismo, algunos senadores -también de Morena- afirmaron no estar de acuerdo con las pocas modificaciones hechas a la minuta, y anunciaron sus respectivas reservas que serán discutidas, y en su caso, aprobadas en la sesión del pleno del Senado.
A su vez, inconforme con las variaciones de la reforma introducidas por los senadores, el diputado de Morena Hamlet García Almaguer anunció a la prensa que, cuando regrese el dictamen a la Cámara baja, su bancada analizará todo el trabajo del Senado, ya que si este “trastoca el espíritu” de la propuesta enviada por Andrés Manuel López Obrador, él votaría en contra de ratificar los cambios de la colegisladora.
García Almaguer precisó que en la Cámara baja “el límite” para votar a favor de las alteraciones provenientes del Senado son: Mantener la austeridad como eje de la reforma, para hacer que las elecciones en México no sean tan onerosas, y eliminar, dijo, a la “burocracia dorada” del INE; además de conservar las acciones afirmativas en beneficio de mujeres, personas con discapacidad, población LGBTT+, y representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos.
De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución, si la Cámara de Diputados vota en contra de los cambios de los Senadores, el dictamen con ese rechazo debe volverse a enviar al Senado, donde necesariamente debe aceptarse lo hecho por la Cámara baja, de lo contrario, si los senadores insisten en las modificaciones, el proyecto no quedaría aprobado, y este no podría presentarse sino hasta el próximo periodo de sesiones del Congreso que inicia en febrero de 2023.
Suprema Corte en el horizonte
La oposición en el Senado reiteró que votará en contra del Plan B del presidente, argumentando que este lesiona la autonomía del Instituto Nacional Electoral, y violenta varios preceptos y artículos de la Constitución, por lo que de inmediato impugnarán la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De hecho, el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, reconoció que hay “un alto riesgo” de que la Corte declare la inconstitucionalidad de este paquete legislativo, no solo por el fondo del mismo, sino también por la forma en la que se ha llevado el proceso de aprobación desde la Cámara de Diputados, donde la reforma a las leyes secundarias en materia electoral se avaló a toda prisa, ignorando los pasos que legalmente deben observarse para cualquier iniciativa.
En ese mismo sentido, 21 exconsejeros del INE presentaron una carta en el Senado en la que expresaron su preocupación por estos cambios impulsados por el presidente, los cuales propiciarán que no haya “garantías para la celebración de elecciones libres y confiables”.
Los exfuncionarios firmantes de la misiva, entre ellos María Marván, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Benito Nacif, Mauricio Merino, y Pamela San Martín, advierten “muchos más riesgos y retrocesos que beneficios”, y consideran que el rediseño que sufrirán “las autoridades electorales es de gran calado”, por lo que la reforma ameritaría “una reflexión pausada en torno a sus implicaciones”.
