Por Surya Palacios / Alto Nivel

La Corte revisará un fallo que redujo la sentencia de prisión de 14 policías federales, quienes agredieron a balazos a los elementos de inteligencia.

El caso de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), quienes fueron heridos en un ataque perpetrado por 14 policías federales, será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que -casi 12 años después de los hechos- tendrá la última palabra sobre las penas de prisión que deben recibir los gendarmes mexicanos.

Los agentes de la CIA son dos ciudadanos estadounidenses que promovieron un Amparo Directo en Revisión ante la Corte, inconformes porque un Tribunal Unitario redujo la sentencia que inicialmente se había impuesto a los policías que los agredieron a balazos, en hechos ocurridos el 24 de agosto de 2012, en las inmediaciones del poblado de Tres Marías, en el estado de Morelos.

Los elementos de la hoy extinta Policía Federal, que entonces estaban bajo el mando del titular de la Secretaría de Seguridad Publica, Genaro García Luna, recibieron una condena de 34 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, con la calificativa de ventaja, y daño en propiedad ajena.

Además, también se les sentenció al pago de la reparación del daño, por la pérdida total del vehículo en el que viajaban las víctimas el día de los sucesos, ocurridos en la misma carretera en donde unos años antes García Luna habría sido secuestrado por órdenes del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Ese fallo fue impugnado por los acusados, logrando que el Primer Tribunal Unitario del estado de Morelos redujera la sentencia a solo 16 años de cárcel. Es esta última resolución la que están impugnando los agentes de la CIA, y que revisará la Suprema Corte, pues los estadounidenses quieren que prevalezca la condena inicial.

Secretos y tensiones

Los hechos en los que los extranjeros fueron heridos ocasionaron un grave incidente diplomático entre México y Estados Unidos, pues la camioneta Toyota en la que se transportaban los agentes recibió más de 150 de disparos calibre .223 provenientes de los rifles AR-15 que accionaron los policías federales, de acuerdo con el expediente del caso, cuya copia posee ALTO NIVEL.

Cuando se registró el ataque, a los dos heridos solo se les identificó como personal de la Embajada de Estados Unidos en México, que viajaban en una camioneta de color negro con placas diplomáticas. Unos días después se conoció que en realidad eran agentes de la CIA, según revelaron los diarios The New York Times y Washington Post.

Oficialmente, los agentes intentaban llegar a unas instalaciones de la Secretaría de Marina en el Estado de México, donde actuarían “como observadores de las prácticas de tiro”. De hecho, iban acompañados de un capitán de Corbeta de la Marina, quien era el guía y traductor de los estadounidenses.

En el expediente, los oficiales de inteligencia son llamados “embajada 1” y “embajada 2”, a fin “de mantener su identidad en secrecía”, aunque sus nombres sí son conocidos en los Juzgados y Tribunales por los que ha pasado el caso. Además, la prensa mexicana los identificó plenamente en 2012, tras desvelarse que eran agentes de la CIA.

Luego de esto, los dos extranjeros salieron del territorio mexicano antes de cumplir una semana en el hospital donde eran atendidos, a pesar de que presentaban múltiples lesiones: Uno sufrió heridas de bala en un glúteo, abdomen, cadera y brazos; el otro presentaba traumatismos en el hombro y todas sus extremidades, además de una herida en la parte derecha del cráneo que le afectó un oído. El marino que los acompañaba resultó solo con contusiones leves.

Ataque injustificado

La agresión recibida por los agentes de la CIA se registró la mañana del 24 de agosto de 2012, cuando estos ingresaron con su camioneta Toyota a un camino de terracería a la altura del kilómetro 50+500 de la carretera México-Cuernavaca.

Ahí se encontraron con los policías federales que portaban armas largas, vestían de civil, y estaban a bordo de dos automóviles y dos camionetas sin balizamiento oficial que permitiera identificar que se trataba de vehículos de una fuerza de seguridad.

Los gendarmes hicieron señas a la camioneta con placas diplomáticas para que se detuviera. Según la narración de las víctimas, varios hombres armados, que en ese momento no se identificaron como policías, salieron de los vehículos, por lo que uno de los agentes estadounidenses -que conducía el automotor- decidió dar la vuelta para tomar de nuevo la carretera.

En ese momento empezaron los disparos, siguiendo una persecución que culminó cuando los policías le dieron alcance a la Toyota de los extranjeros, “mientras continuaban disparando”. El capitán de Corbeta que iba con los agentes declaró que uno de los agresores “se acercó a las ventanillas delanteras y comenzó a disparar a corta distancia, logrando estrellar las ventanillas laterales delanteras y herir a sus acompañantes”.

Para la Embajada de Estados Unidos en México, y para la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se trató de un ataque directo. En contraste, los policías acusados argumentaron que abrieron fuego porque previamente escucharon disparos, y porque el vehículo de la legación diplomática huyó.

“Las ahora víctimas no obedecieron la orden de detenerse para ser entrevistados sobre los motivos de su presencia en el lugar; se dieron a la fuga y embistieron con su camioneta blindada, en repetidas ocasiones, a los vehículos donde se trasladaban los demás miembros de la corporación”, precisó en su declaración uno de los policías acusados.

Mentiras y espionaje

Los policías federales primero aseguraron que se encontraban en el lugar de los hechos investigando un secuestro. Esa versión fue desestimada por la PGR ya que la indagatoria de ese delito no le correspondía a la Policía Federal, sino a las autoridades del estado de Morelos.

Asimismo, los agresores mintieron en sus declaraciones iniciales al decir ante el Ministerio Público que iban en vehículos oficiales y uniformados. Más adelante, debido a que la PGR obtuvo varios videos, captados por cámaras de la carretera, los policías admitieron que sus jefes los habían instruido para falsear los hechos.

“No era verdad que acudieron al operativo en vehículos balizados y completamente uniformados, empero, que así lo manifestaron porque sus superiores les dijeron que debían dejar en bien el nombre de la institución”, puede leerse en el sumario. En síntesis, no hay certeza sobre lo que realmente estaban haciendo en la zona los policías federales.

A su vez, también resulta inverosímil que dos agentes de la CIA se trasladen, junto con un marino, por un camino de terracería para ir a “observar” unas prácticas de tiro. Esto último fue cuestionado por la defensa de los policías, pues los estadounidenses “se retiraron del territorio mexicano sin ser cuestionados e investigados”, y tampoco “acreditaron las actividades que realizaban”.

Obviamente, como víctimas, los agentes no tienen por qué ser investigados, además de que estos, al viajar en un automóvil de la Embajada de Estados Unidos también están protegidos por la inmunidad diplomática.

Sin embargo, en este caso resalta la presencia de expertos en inteligencia y espionaje en una zona dominada por el cartel de los Beltrán Leyva, en la que presuntamente habría sido secuestrado Genaro García Luna,de acuerdo con lo dicho por un narcotraficante que declaró en el juicio que se le siguió en Nueva Yorkalexfuncionario, quien en 2012 era el superior jerárquico de los policías federales que hoy esperan que la Suprema Corte emita su sentencia definitiva.