Uno de los viejos adagios que es común en el ejercicio jurisdiccional reza SED LEX DURA LEX, que traducido al castellano nos dice que LA LEY ES DURA POR QUE ES LA LEY; y sí, en ocasiones las contradicciones de los particulares, cuando sus intereses controvertidos pasan a la contienda judicial, aplicando nuestro marco legal conforme a los cánones del derecho judicial, sus resolutivos llegan a ser contundentes, implacables. Sobre todo cuando en la primera instancia se ha venido actuando con descuido, o con ventaja de una parte sobre su contraria.
Viene al cuento este introito, merced a que los dilectos magistrados integrantes de la Sala de jurisdicción mixta, al resolver en segunda instancia un asunto familiar relacionado con una demanda de pensión alimenticia, determinaron incrementar el monto de dicha pensión al equivalente a dos salarios mínimos diarios y en atención al tiempo omiso transcurrido se estableció que el deudor alimentario deberá cubrir su deuda a la acreedora alimentista con efectos desde el 12 de enero de 2011, lo que implica un compromiso de pago cercano a los 300 000 pesos.
Lo cual es un buen ejemplo que, puede llegar a hacerse emblemático, dado el cruento panorama que enfrentan miles de mujeres e hijos menores de muchos cabrones desobligados que eluden su compromiso primario de cubrir lo que legalmente la ley les establece para la manutención de sus descendientes.
La resolución de los magistrados Rafael Pérez Cárdenas presidente de sala, Zaira Rivera Véliz y Ana Isabel Velasco García modificó una sentencia de primera instancia, que corresponde a un juicio de alimentos iniciado en 2011. Y dado que desde el 1 de enero de 2016 el salario básico diario es de 73.04 pesos; de esta manera, a la fecha de la resolución este adeudo por concepto de pensión alimenticia sería de 297 521 pesos; lo cual implica un santo chingadazo a la economía del demandado, quién ahora debe cumplir con sus graves omisiones, por prepotente, desdeñoso y desobligado.
Ese fue uno de los veinticinco asuntos familiares resueltos en su décima sesión de este año por la Sala de Jurisdicción Mixta, que además resolvió 54 asuntos penales y 31 de adolescentes para un total de 110 sentencias de segunda instancia emitidas en esta ocasión.
Al resolver estas apelaciones Rafael y señoras que le acompañan, la sala acordó confirmar 73 sentencias de primera instancia, modificar veinte, revocar siete y que se reponga el procedimiento en otros seis casos; otras tres apelaciones se regresaron a la Secretaría de Acuerdos de la sala y en el caso restante, que se engrosara el expediente, lo que significa agregar escritos de las partes y una mejor fundamentación.
Entre las sentencias originales modificadas se encuentra la de un caso de parricidio y homicidio calificado, en el cual la penalidad se aumentó a cincuenta años de prisión y multa de doscientos días de salario mínimo, mientras que en un caso de violación equiparada se incrementó a trece años y seis meses de prisión, además de una multa de doscientos días de salario.
De igual forma fueron modificadas tres sentencias originales en igual número de casos de atentados al pudor, por lo que se incrementaron las penalidades; en un caso, hasta cinco años, tres meses y veintidós días de prisión, así como 110 días de salario mínimo como multa. Estos funcionarios judiciales, cumpliendo con sus graves responsabilidades, le dan una justa respuesta a los justiciables demandantes; el poder del Estado que se despliega para la protección de los débiles.
En su décima sesión ordinaria de este año, sus magistrados integrantes de la Sala de Jurisdicción Mixta fueron asistidos por la diligente y eficaz secretaria de acuerdos, licenciada Martha Elba Vega Vargas. Este tipo de noticias, dentro del foro local, son como un colirio que viene a limpiar el en ocasiones ominoso escenario de largas dilaciones y sentencias nugatorias del reclamo de ciudadanos que merecen el manto protector del derecho. En hora buena letrados..!!
