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Ante los retos institucionales, nuevas respuestas
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Socializar modelos procesales, abatir la opacidad
El día de hoy, en la sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se incorporan los dos nuevos magistrados numerarios de este cuerpo colegiado que constituye el órgano de gobierno del poder judicial; se cumplen los ciclos y el escenario al interior de este poder, se dimensiona para iniciar una auténtica renovación de sus funciones.
La llegada de Rodrigo Benitez y el otro letrado beneficiado, puede resultar paradigmática si apreciamos la cercanía política y el clima de urbanidad con que se llevaron las relaciones del ex sub fiscal con el gobernador Miguel Ángel Navarro, la eficiencia del doctorado, le generó confianza y algo más que el trato institucional que le prodigaba el galeno, en los asuntos de enorme grado de dificultad para su judicialización.
Hoy, conforme el destino manifiesto de Benitez, salvo que suceda una catástrofe política o administrativa, el próximo viernes será electo magistrado presidente de los órganos de gobierno del poder judicial; y debemos de avizorar que no se dará lo que temen y ya publicaron algunas asociaciones de Abogados, que el poder judicial con Rodrigo será un órgano sumiso a la voluntad del gobernador o de su operador jurídico el cuestionado Gabriel Camarena.
Los retos que enfrenta el poder judicial en Nayarit son variopintos y el que más urge atender es la opacidad con que sean conducido en los últimos años, la reforma que implicó la incorporación de la materia laboral al judicial, ha traído demasiados accidentes en dónde la causa generadora ha sido el factor humano, las personas que ocupan las instancias laborales, no han estado a la altura de las circunstancias.
Sí, el Estado está obligado a socializar el proceso laboral dada la enorme importancia que tiene para la armónica marcha de nuestra precaria planta productiva; no tan solo se requieren Abogados capaces y capacitados en esta materia, es obligado el examen de sus proyectivas personales, sus delirios y aflicciones que los han llevado a mantener un clima de acoso laboral de todo tipo a sus subordinados.
Y más importante aún será la instauración de la justicia familiar con el sistema oral que trae consigo el nuevo Código Nacional de Procedimientos civiles y familiares; la materia familiar e hipotecaria que son la mayor exigencia del poder judicial, requiere mayor profesionalismo, mayor capacitación en sus operadores; y algo que a la fecha no cuenta el poder judicial, una partida presupuestal para la debida socialización del nuevo modelo procesal.
Es imperioso para los Abogados litigantes, empero, es aún más necesario que el sistema oral civil y familiar se conozca por la sociedad, para no llegar a crear un híbrido de dudosa eficacia como lo es hoy el sistema penal de corte acusatorio.
Este no es un nuevo código en el sentido tradicional de concepto; ya que impulsa oralidad, justicia digital, respeto a derechos humanos y protección de personas que se encuentren en cualquier situación de vulnerabilidad; busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.
Es prolijo, consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera una vacatio legis de cuatro años, entrará en vigor de forma total a más tardar el 1° de abril de 2027 lapso suficiente desde la publicación de la norma hasta su entrada en vigor para resolver sus retos.
Es importante su socialización dado que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución.
Los retos para las entidades son mayúsculos, el poder judicial reclama para su debida implementación de menos un 5% del presupuesto estatal para su debido funcionamiento; al implementar el CNPCF se tendrá que acatar los artículos transitorios que ordenan a los congresos locales la asignación de recursos así como la prohibición de incremento en presupuesto de servicios personales, limitación en las estructuras orgánicas, salariales y ocupaciones a movimientos compensables.
La impronta de su vigencia, está en la cancha de Miguel Ángel, quien con su praxis justicialista lo deberá de enfrentar; de ahí lo trascendente de que sea Rodrigo el próximo presidente del TSJ.
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