• Nunca más Abogados que no lo son
• Privilegiar la independencia para gobernarse
La salida de Ismael González, de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, era una noticia anunciada; grandes diferencias no solo políticas sino de eficiencia jurisdiccional así lo corroboraban, con las inopinadas resoluciones de jueces de control que negaron la prisión preventiva justificada de ex funcionarios del gobierno anterior, el escenario se puso para el apriete de tuercas; y oh sorpresa..! el tío político del enclave caciquil en el magisterio se negó a presentar su renuncia.
Sin entender la praxis política del actual gobernador, tuvo que actuar la Fiscalía General del Estado, dando un ejemplo de pulcritud en sus tareas de armar las carpetas de investigar los hechos con apariencia de delito; y los argumentos fueron incontrovertibles, varios magistrados son los personajes que ahora están siendo investigados, por haber cometido hechos que la norma penal tipifica como delitos de servidor público.
Esa es la dimensión de su patología en el ejercicio del poder; actuar sin pudor ni rubor alguno, los siete, ocho funcionarios de primer nivel que impuso el ahora ex magistrado presidente, llegaron a la estratagema de ser aprobados como jueces y sin perder sus puestos de primer nivel en el TSJ y en el CEJ, ejercen indistintamente una y otra función; práctica irregular en grado extremo que acredita otra carpeta de indagatorias de la FGE.
Tan pueril es esta práctica que resulta no tan solo bochornosa, sino auténticamente vergonzante que el poder solo les ha servido a la descendencia de Libertado para cometer latrocinio en todas las entidades públicas que han tocado, de manera endogámica han contaminado el poder judicial y la auditoría superior del Estado de Nayarit; falta esa limpia para erradicar la impertinencia de su presencia en puestos claves.
Al poder judicial le urge reformas de gran calado; que el gobernador se abrogue las actuales facultades y sean los magistrados y jueces quienes realicen la elección de los integrantes del Tribunal Superior del Estado; en el Concejo estatal de la Judicatura, pudiesen quedar como enlaces de los otros poderes, un par de concejeros, uno del ejecutivo y el otro del legislativo; y que la duración de su nombramiento no sea transexenal.
Actualmente no existen derechos ni garantías para la regulación de la actividad jurisdiccional, no hay independencia ni imparcialidad en las resoluciones de los jueces; eso se logra con mejores normas procesales hechas por diputados que sepan legislar y que quieran de deveras a una judicatura a la altura que la Constitución exige, y no como ahora un montón de jueces improvisados y sumisos. (Con sus honrosas excepciones, que ya están jubilando) .
Debe de enfrentarse una forma mejor para formar a los jueces que hoy necesita el justiciable y la sociedad; deben tener una excelente formación técnica ante las exigencias de la taxatividad de las nuevas tareas del poder judicial; y algo trascendente, deben tener un sólida ética y moral colectiva, para que todos dignifiquen su oficio, teniendo un sentido de pertenencia; porque cada juez que se corrompe, comete una ofensa en contra de sus pares y es una humillación a los justiciables.
Los integrantes de los órganos de gobierno del poder judicial, deben ser Abogados que hayan ejercido la profesión de manera cierta y en alguna de las áreas del derecho judicial; pueden tener título de licenciados en derecho y no haber ejercido la profesión de manera sustantiva, como ahora, vemos algunos que no tienen ni la más remota idea de los rigores metodológicos que reclama la función jurisdiccional.
La ciencia del derecho es tan dinámica en su devenir que reclama una capacitación permanente, sean litigantes o juzgadores; pero ante todo, una altura de miras, con la honestidad que da la verdadera capacitación profesional y la cultura política, además de una sólida formación en la ética y moral públicas.
Tarea de romanos sin duda, es de esperarse que no le tiemble la mano al gobernante para limpiar las instituciones de parias y cínicos corruptos; y mientras la FGE cumpla a cabalidad con sus funciones, se puede vislumbrar un mejor Nayarit, que puede y debe renacer de sus cenizas y desterrar los latrocinios de quienes llegaron al poder solo para beneficiarse de su ejercicio patrimonialista.
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