La imaginería que le ha impuesto el gobernador Roberto Sandoval a sus programas sociales, sorprende al más ecléctico, dado que van desde lo humanitario hasta lo superfluo, pero que vistos desde la percepción particular del gobernante, cumplen una función de justicia social específica, son nichos del gasto público que, conforme a su contexto popular, reclaman una nueva implementación de la metodología para la aplicación de los recursos públicos; dado que, la política fiscal del gobierno federal, tiene esquemas estratificados que reclaman su inmediata evolución.
Dineros federales, que al llegar por la transferencia de los recursos aprobados por la Cámara de diputados , mediante pactos y convenios, se trocan en estatales, que, con sus propias reglas de operación busca adaptar Roberto en su gobierno el ejercicio del gasto para cubrir estratos de población con índices de pobreza alta que conviven en polígonos de pobreza media y baja.
Y es que esta búsqueda de “aterrizar” de manera más eficiente los recursos públicos, que devienen del famoso Ramo 33, dentro del cual surge el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que se divide en dos, el Fondo para la Infraestructura Social Estatal FISE y el que corresponde a los municipios Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM, de esta manera se impulsan de manera simultánea estrategias para abatir aspectos que denotan la marginación y el rezago social.
Del total de la recaudación federal participable, estos dos fondos, son menos del 3% los que se distribuyen por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en todos los Estados de la república, dependiendo de los criterios de pobreza extrema.
Y esto es un problema –primero- conceptual, dado que conforme los indicadores de la ONU y la Unesco, son diversos la aplicación de criterios para definir qué es la pobreza extrema; y eso es importante, porque de acuerdo a estos criterios, las entidades que miden el impacto de las políticas sociales de los gobiernos federal y estatales, es visto este fenómeno de manera restrictiva, dada la movilidad y morbilidad que tiene nuestro pueblo, conviven en una misma región municipal o conurbada cinturones de pobreza alta y muy alta, siendo que en estos municipios, existen otros indicadores que señalan que la pobreza es media o baja.
¿Qué pasa entonces a la hora de “etiquetar” los recursos de estos fondos..?
DOS MUNICIPIOS; LA CONTRADICCIÓN
Pongamos dos ejemplos de Nayarit, pobreza extrema en El Nayar, millones y millones de pesos recibe su Ayuntamiento cada año y no se logra reducir un centil los niveles de pobreza extrema, marginalidad social y carencia alimentaria; su nivel de calificación de pobreza es MUY ALTA! a contrario, Amatlán de Cañas, -municipio que recibe menos del 5% de los recursos millonarios que recibe El Nayar- con sus pueblos de mujeres solas, con niños y ancianos, sus indicadores de marginalidad social le determinan una calificación de pobreza BAJA.
Escenario ingente en los dos municipios que reclaman la mano generosa del gobierno estatal para revertir la situación de nula actividad económica, servicios sociales deficientes y bienes educativos mínimos; la diferencia entre el municipio serrano y el del sur es abismal, solo que en Amatlán tienen mejor infraestructura por las ministraciones de dólares de los emigrados, y he ahí la paradoja, las familias son de pobreza alta, y su municipio califica con pobreza baja para criterios de la federación.
Los criterios del gobierno de la república para la aplicación de recursos, se basan en comunidades que califica el Inegi con sus grados de marginación, pero no toman en cuenta la pobreza marginal que están dentro de las comunidades rurales y colonias periféricas que tienen pobreza de patrimonio, población que carece de todo.
En el gobierno del Estado, por medio de su Secretario de Desarrollo Social, el joven Orlando Jiménez se han percatado que para ésos cinturones de pobreza y marginalidad que incluyen carencia alimentaria, no existen recursos etiquetados en estos fondos que se aplican con las reglas de operación de la Sedesol federal; y junto al gobernante, revisan la metodología para aportar novedosas formas de redistribución de los recursos públicos para los que menos tienen.
Puntualizando, tienen pobreza extrema los que carecen de agua potable, alcantarillado, electrificación, pisos de tierra, carencia alimentaria y de derechos sociales; son vulnerables por sus ingresos mínimos y la falta de comunicaciones en sus comunidades
Están en pobreza marginal, aquellos que aún cuando viven en comunidades que tienen agua potable, alcantarillado, electricidad, tienen pobreza de patrimonio porque carecen de vivienda, de derechos de servicios médicos, pobreza de ingresos, pobreza alimentaria, falta de ingresos fijos, viven de la economía informal, se ubican en las colonias marginales de la capital del estado y de cabeceras municipales importantes de la entidad.
Nayarit tiene pobres extremos en un 8% de su población, pobres moderados un 33%; vulnerables por carencia social 33%; vulnerables por ingreso 4% y no pobres y no vulnerables un 20%; de este tamaño es el reto del gobierno de Roberto Sandoval, lo trascendente es que ya encontraron el hilo negro para deshojar la madeja….
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