El hijo del “Chapo” Guzmán no tiene ningún cargo por algún delito cometido en México, a pesar de que bajo sus órdenes se dio el “Culiacanazo” de 2019.
Ovidio Guzmán López, detenido el jueves de la semana pasada por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, es solo un famoso ciudadano y no un delincuente en México. Si está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano es porque Estados Unidos solicitó su arresto provisional con fines de extradición, pues la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ninguna acusación en su contra.
En México, aunque la FGR tuvo 38 meses para abrirle alguna carpeta de investigación y acusarlo -al menos- de delincuencia organizada, Guzmán López tiene un expediente limpio.
No importa que bajo sus órdenes se haya dado el llamado “Cualiacanazo”, nombre con el que se conocen los trágicos hechos que el 17 de octubre de 2019 obligaron al Estado mexicano a ceder ante el cartel de Sinaloa, y dejarlo en libertad, porque -según el presidente- elementos de ese grupo delictivo se disponían a extender los ataques a la población civil de Culiacán.
Incluso, ni siquiera se le han fincado cargos por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército que le encontraron en flagrancia la semana pasada, de acuerdo con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
Así, para las autoridades de nuestro país, este personaje del hampa no ha cometido ningún delito en territorio nacional, por lo que su actual detención solo está motivada por la solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos, donde una Corte federal en Washington, D.C. le acusa de conspirar para importar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, 500 gramos o más de metanfetaminas, y 1,000 kilogramos o más de marihuana.
De hecho, Ovidio Guzmán, de 32 años, ya fue informado por un juez de Distrito que deberá permanecer en prisión preventiva al menos 60 días, lapso que tiene el país vecino para presentar a México el pedido formal de extradición por cargos de narcotráfico. Si dicha solicitud oficial no llega en ese plazo, el juzgador lo tendría que dejar en libertad.
La tarde del viernes, en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el vástago de el “Chapo” Guzmán fue notificado por el juez de control Gregorio Salazar Hernández de los motivos de su detención provisional: Esta es solo con fines de extradición, y no porque en México se le persiga por algún delito.
En esa audiencia, el togado refirió que la petición para el arresto provisional de Guzmán López fue presentada por la Embajada norteamericana en México el pasado 19 de septiembre de 2019.
Desde entonces, a la FGR no se le ocurrió iniciar ninguna carpeta de investigación en su contra, por lo que su situación jurídica se reduce a estar detenido porque Estados Unidos así lo solicita. En ese país, a quien apodan “el Ratón”, es señalado como narcotraficante desde 2012.
El juez Salazar Hernández ordenó además que al imputado se le diera atención médica, y los fármacos que sus abogados dijeron que necesitaba, debido a que recientemente fue operado del estómago, además de que presenta depresión y ansiedad.
No es delincuente, pero temen su fuga
De igual forma, el juzgador decidió multar con 19,244 pesos a la directora del penal del Altiplano, Nora Angélica Balderrama Cano, y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Antonio Hazael Ruíz Ortega, porque tardaron más de dos horas en llevar a Ovidio Guzmán a la audiencia.
Estos funcionarios también tendrán que ser investigados por la Fiscalía General de la República por haber cometido con esa dilación diversos delitos contra la administración de la justicia, tronó molestó el juez Gregorio Salazar Hernández.
Debido a que se teme una posible fuga o un intento de rescate, las autoridades del centro penitenciario argumentaron que, por motivos de seguridad, no era conveniente que Guzmán López acudiera a la sala de audiencias, por lo que proponían que la diligencia se efectuara mediante videoconferencia.
El juez respondió que no a esta opción, y aun así se mantuvo la tardanza del imputado, por lo Gregorio Salazar Hernández adelantó que ordenaría el arresto administrativo de Balderrama Cano y de Ruíz Ortega. Fue hasta que se recibió esa medida de apremio que, fuertemente custodiado por elementos de la Guardia Nacional, apareció Ovidio Guzmán López ante la presencia del togado.
Dos años para su posible extradición
El proceso para su traslado a Estados Unidos no será sencillo ni rápido. Las autoridades de esa nación tendrán que esperar con paciencia los lentos fallos del sistema de justicia mexicano, a fin de poder juzgar por narcotráfico en la capital de ese país al hijo de el “Chapo” Guzmán.
De conformidad con el Tratado de Extradición entre México y la Unión Americana, y la ley en la materia, en los próximos 60 días se debe enviar la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Esa solicitud primero es analizada por esta dependencia a fin de que se determine, preliminarmente, su procedencia.
Tras este trámite, si la Cancillería de nuestro país considera procedente la petición de extradición, el expediente se enviará a la Fiscalía General de la República para que, a su vez, el Ministerio Público federal le pida a un juez de Distrito su opinión jurídica que permitiría el traslado del acusado a Estados Unidos.
En este procedimiento en el que intervienen la Cancillería y la FGR no hay un plazo específico, todo depende de los tiempos propios de ambas dependencias.
Luego de que la FGR envía el expediente de extradición a un juez de Distrito, este debe ordenar una audiencia en la que se le informará a Ovidio Guzmán de la solicitud formal. Es en esta fase cuando el detenido tiene hasta tres días para oponer excepciones a su envío al país que lo solicita, más otros 20 días para probar esa oposición.
Según los artículos 27 y 29 de Ley de Extradición Internacional, trascurrido ese plazo, el juez tiene cinco días para dar a conocer a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión jurídica respecto de lo actuado y probado. Es decir, debe existir un pronunciamiento sobre la procedencia y legalidad de la extradición en esa instancia jurisdiccional.
Ocurrido esto, en un plazo de 20 días, la Cancillería mexicana es la que tiene que resolver, en definitiva, si se concede o no la extradición. Una vez emitida la determinación de la SRE, Ovidio Guzmán tiene derecho a promover en contra de esta un Juicio de Amparo. Esta demanda se resuelve primero en un Juzgado de Distrito, instancia que usualmente suspende el procedimiento de extradición hasta que se dicte la sentencia definitiva.
Con esta última, si se ratifica lo determinado por la Cancillería para extraditarlo, la defensa de Guzmán López puede interponer un Recurso de Revisión, el cual debe sustanciar un Tribunal Colegiado.
Después de la sentencia del Amparo en Revisión por parte de dicho Tribunal, ya no hay ningún otro recurso al que se pueda acceder para evitar una extradición, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe entregar al extraditable a Estados Unidos.
