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Un gobierno sin ataduras ni complicidades
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La difícil ejecución de políticas públicas
La constante hegemonía del gobernador Miguel Ángel Navarro en plenitud de su responsabilidad, plantea un ejercicio definitorio, ya que conforme al canon del sistema político mexicano y en cierta medida con la tradición latina, el poder debe de ejercerse, de lo contrario termina por ahogar a sus detentadores.
Existen tratadistas desde el siglo pasado que acuñaron cinco formas o modalidades el ejercicio del poder, a saber, son la coactiva, la de recompensa, la legítima, la de referencia y la experta.
Sin duda alguna en el ejercicio hegemónico de Miguel Ángel se ubica en la legítima junto a la experta; ya que su praxis política es de una autenticidad no vista, o al menos no acostumbrado el conglomerado social a un despliegue de gobernabilidad de tal tipo, entendida esta como la adhesión de los gobernados al acto de gobierno ejercido.
Los elementos concretos y representaciones simbólicas que ayudan a Navarro Quintero a ejercer el poder, son su congruencia, su prestigio, su fuerza física, las leyes, y el afecto que les prodiga a los que menos tienen; lo que dimensiona la figura de un político que ejerce el poder con toda su hegemonía, que implica la violencia legítima que le corresponde al Estado.
Y esto último, es lo que han resentido los sindicalizados de la burocracia estatal que durante lustros fueron beneficiarios de medidas anti democráticas y onerosas que representaban una enorme sangría al erario; como la exorbitante e inaudita medida que implementó el hoy prófugo de la justicia ex gobernante, otorgar 75 días de aguinaldo, medida que no tiene parangón alguno en ninguna entidad de la república.
Además de las decenas de lo que en sus sindicatos llaman “conquistas laborales” que son ingeniosas prebendas que se establecieron con los diversos chantajes que a lo largo de sexenios concertaron sus liderazgos, ayuda para renta, ayuda para útiles escolares, arcones navideños, juguetes infantiles, fondos de ahorro, y un largo etcétera.
Reducirse al texto legal vigente es la divisa de la actual administración, y sus ejecutores son algunos de los secretarios del despacho, encabezados por Juan Antonio Echeagaray secretario general de gobierno y Gabriel Camarena coordinador jurídico del despacho del gobernante.
El poder que ejerce el pugüeño, busca incidir en las conductas colectivas de sus gobernantes, referido a cada uno de sus gremios, bajo el tamiz que deben de conducirse conforme al texto legal, ni más, ni menos..! Y tal condición es un oprobio mayúsculo para la recua de mantenidos que pululaban en los secretariados de los sindicatos de burócratas, de las secciones sindicales del SNTE locales y en los sindicatos de la UAN.
El uso de las normas legales que nos rigen, son para esta administración los instrumentos racionales para conseguir determinados fines colectivos; es decir el imperio de la ley, para proyectar a la entidad a planos superiores de convivencia, así desde esta perspectiva, el poder es un instrumento para conseguirlos.
Cuestión nada fácil de entender, cuando las respuestas de los afectados con esta draconiana política gubernamental, perjudican a terceros, ya que se lanzan a la calle en defensa de sus canonjías.
El análisis del poder y la autoridad que ejerce este gobierno no debe de entenderse como un mecanismo de control gremial, sino como los esfuerzos de coordinación necesarios para la consecución de los fines y objetivos trascendentes de esta administración.
La praxis política del gobernante y su equipo, implica una regulación del comportamiento colectivo de sus gobernados y una coordinación en todas las actividades, gremiales, productivas, sindicales, universitarias, de un modo tal, que para la predisposición de estas conductas, solo es posible mediante un proceso de conformidad.
Y es ahí, donde entra el diseño de una eficaz comunicación política…
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