La FGR reactivó acusaciones contra el exfuncionario para que, en caso de que no se le encuentre culpable en Nueva York, se le detenga y se le envíe a nuestro país.
La llegada a México del armamento equipó a los traficantes de droga entre 2009 y 2011, en especial al cartel de Sinaloa y al grupo delictivo los Zetas, con graves consecuencias para la población y las fuerzas de seguridad en la administración del presidente Felipe Calderón.
Por eso, considerando la posibilidad de que el exsecretario de Seguridad Pública sea declarado inocente en la Corte de Nueva York, donde actualmente es juzgado por narcotráfico, la Fiscalía mexicana reactivó las acusaciones en contra de García Luna.
De acuerdo con la FGR, Genaro García Luna ya cuenta con una orden de aprehensión por su involucramiento en el operativo Rápido y Furioso. Un juez federal, asegura la Fiscalía, ya emitió la orden de captura en contra del exfuncionario, por haber permitido la introducción ilegal de armamento a nuestro país.
Si bien la FGR reconoce en un comunicado que hay “limitaciones legales”, debido al proceso penal que se le sigue en Estados Unidos a García Luna, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya inició las gestiones ante las autoridades de Estados Unidos para obtener la extradición del también extitular de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Como se recordará, además de las incontables muertes generadas entre 2006 y 2012, debido a la llamada guerra contra las drogas, en 2011, sicarios de los Zetas privaron de la vida en San Luis Potosí a Jaime Zapata, un agente estadounidense que trabajaba en México. La investigación de este crimen reveló que las armas utilizadas formaban parte del operativo Rápido y Furioso con el que Estados Unidos pretendía rastrear las rutas y el destino final de los pertrechos.
Con esto, Genaro García no solo puede ser acusado, como ya lo está, por la introducción ilegal de armamento, sino también por su colaboración para que con dichas armas se cometieran otros delitos, como el homicidio.
¿Es factible juzgarlo en México?
Genaro García Luna, de 54 años, está siendo juzgado por cinco cargos penales en la Corte del Distrito Este de Nueva York. En específico se le acusa de introducir ilegalmente al país vecino aproximadamente 52,845 kilos de cocaína, ilícitos que habría cometido entre mayo de 2002 y septiembre de 2008, al estar presuntamente relacionado con los carteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.
Si es encontrado culpable, el juez Brian M. Cogan podría imponerle una sentencia de entre 20 años de prisión y cadena perpetua, por lo que es difícil, mas no imposible, que el exsecretario de Seguridad Pública pueda ser extraditado de Estados Unidos a México, para permitir que también sea juzgado en nuestro país.
Lo que normalmente ocurre en estos casos es que el sentenciado debe cumplir primero su condena en suelo norteamericano, para después ser trasladado a México. De hecho, hay un antecedente reciente de este procedimiento: Héctor Luis Palma Salazar, alías el “Güero Palma”, fue entregado a la FGR en 2016, debido a que el delincuente cumplió su sentencia en Estados Unidos a donde fue extraditado en 2007.
Desde hace más de seis años, Palma Salazar, quien es uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, aunque en mayo de 2021 obtuvo su libertad, solo por cinco minutos, tras haber sido absuelto por el delito de delincuencia organizada.
Inmediatamente después de esto fue reaprehendido por la FGR por contar con una causa pendiente en su contra.
Este ejemplo ilustra lo que pudiera pasar con García Luna. Si este obtiene una sentencia menor en Nueva York, México podría esperar a que la cumpliera para, posteriormente, juzgarlo en Tribunales mexicanos.
Aunque en realidad lo que la FGR está haciendo al reactivar las ordenes de aprehensión en contra del exfuncionario, e iniciar los trámites de extradición, es prever que, en caso de que sea declarado inocente, se le vuelva a detener de inmediato para ser enviado a nuestro país.
¿De qué le acusa la FGR?
La Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos. Un primer mandamiento de captura es el que se refiere a la participación del extitular de la AFI en el operativo Rápido y Furioso.
La segunda orden de aprehensión es por el “daño patrimonial inmenso” que habría causado García Luna a partir de diversos contratos establecidos por Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) con empresas estadounidenses, que en realidad eran propiedad del exservidor público.
La FGR no da más detalles de este último cargo, aunque ALTO NIVEL informó la semana pasada que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) transfirió a cuentas en paraísos fiscales 403.9 millones de dólares.
Esos recursos habrían sido recibidos por García Luna, quien luego los transfirió a la Unión Americana, donde compró al menos 30 empresas, 30 propiedades inmobiliarias, múltiples automóviles y embarcaciones, además de activos bancarios sustanciales, de acuerdo con las pruebas que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México en una Corte de Florida, instancia en la que el exfuncionario y siete de sus socios están demandados civilmente por nuestro país.
A su vez, existen otras dos investigaciones de la FGR por más delitos presuntamente cometidos por García Luna en México, y una nueva solicitud de aprehensión que se suma a los mandamientos ya otorgados para su captura.
La Fiscalía dijo que las gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades americanas, para obtener la extradición de Genaro García Luna, ya están en proceso, por lo que esta institución se encuentra a la espera del resultado del juicio en Nueva York, en donde -hasta ahora- no se ha presentado ninguna evidencia en su contra, sino solo declaraciones de narcotraficantes convictos en Estados Unidos, quienes aseguran haber sobornado al exfuncionario.
