- Detienen legalmente a dos personajes del sistema
- El «Toro» Gon-Curi y Luis Manuel líder del Setuan
- Singularidades de sus procesos penales
Como hace veintiséis años dijera Mario Ruiz Massieu, a la muerte de su hermano José Francisco, la sociedad se ha cimbrado, solo que ahora no se trata de magnicidios o pujas en la nomenclatura del poder político en México, se trata simplemente de la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de personajes que han sido protagonistas de las diferentes investigaciones que terminaron judicializadas por el actual gobierno.
Como la sociedad y sus críticos hemos dado por sentado que la prevalencia de los latrocinios sobre los recursos públicos, es cosa “normal” y sus actores han permanecido impunes desde hace lustros, hoy que la Fiscalía General del Estado aprendió a dos personas de alto perfil social y político, el pasmo y la sorpresa que ello ha generado, trae consigo variopintas consecuencias.
En efecto, el sábado 16 de enero, en cumplimiento de una orden de aprehensión de un Juez penal del sistema tradicional, fue detenido Héctor González Curiel, quien fungió como presidente municipal de Tepic en el trienio del dos mil once al dos mil catorce, y, por lo que se conoce, la totalidad (o parte del mismo) del adeudo que le reclama la justicia, de enteros fiscales omitidos del impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, le fueron heredados por su predecesor en la comuna de la capital.
Que fungía como gobernador del Estado, Roberto Sandoval, cuando el “Toro” fungió como presidente municipal; solo que la lealtad política es un valor que tiene hoy consecuencias judiciales, Héctor Gon-Curi no divulgó el status del adeudo y solo conociendo con veracidad el texto de la denuncia en su contra y desde luego, conociendo su declaración preparatoria efectuada ante el Juez Penal, podríamos apuntar la etiología y consecuencia final del procedimiento instruído en su contra.
La detención de ayer, de Luis Manuel Hernández, líder de varias décadas del sindicato de trabajadores de la UAN, fue en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión emitidas por un Juez de control del sistema acusatorio; sobre dos hechos presuntivos de delito, “Daño a las cosas” referido al incendio del edificio administrativo que contenía los registros fiscales y contables de la rectoría que presidía Juan López.
Y la otra, peculado y enriquecimiento ilícito en modalidades que determinó la UIF de la SHCP y ejercicio indebido de funciones relativo a la obtención de recursos millonarios de la rectoría de la UAN en traslados y depósitos bancarios a las cuentas del sindicato que preside. Y aquí, al cronista como Abogado penalista, me salta la liebre de la dogmática del primer delito, el peculado lo comete un funcionario público en funciones, que distrae de su objeto recursos públicos. Y “distraer” en su acepción penalista significa apropiación. Y Luis Manuel, no tiene la característica de ser funcionario de la Universidad. En fin.
El delito se consuma cuando el funcionario o agente activo del ilícito distrae, es decir se apropia del objeto material del mismo, es decir de recursos públicos. Y por el año en que se originan los hechos que sustentan la acusación de la Fiscalía, hemos de recordar que se trata de aquellos días aciagos para la UAN, en que el rector Juan López junto a Luis Manuel, hicieron tratos con el diablo, y dada la magnitud de las cifras que se manejaron, la obviedad nos indica que este singular empréstito fue del conocimiento del entonces gobernador Roberto Sandoval.
Y pese a los datos de la imputación revelados previamente por Petronilo Díaz Ponce –el dilecto fiscal general- que hicieron en contra de Hernández Escobedo, solo los implicados en la causa penal pueden conocer a cabalidad la naturaleza de la imputación y sus alcances jurídicos; recordemos que el famoso Milton fue sujeto del mismo procedimiento penal y ya está libre por medio de una medida anticipada de terminación de su proceso.
La defensa de Luis Manuel Hernández tiene mucha tela de donde cortar; y hemos de ver que la enjundia con la cual el fiscal, machacó en su conferencia de prensa de que “existen suficientes datos de prueba para enjuiciarlo…” y a pregunta expresa del excelente reportero Enrique Berumen, el fiscal general Petronilo Díaz Ponce hizo énfasis en que al tener dos causas abiertas, el juez de control debiera de darle la prisión preventiva justificada; y este aserto del estimado Notario Público ahora titular de la FGE, no tiene en absoluto sustento legal alguno en el CNPP.
Y finalmente, no es que el cronista quiera fungir como el Abogado del diablo; empero, conforme a las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa, las acciones legales, como fincamiento de responsabilidades resarcitorias e incluso las querellas presentadas, pueden venirse abajo, dado que el entonces titular del OFS (Héctor Benitez) de la Cámara de diputados, era solo “encarado del despacho” y no su titular para tener plenitud de facultades para emitir el nombramiento del Abogado –Héctor Velazco- del OFS que presentó la querella.
Este galimatías se conoce en el argot de los Abogados como la doctrina del “fruto del árbol envenenado” que es una derivación de la doctrina de las reglas de exclusión que consiste en desestimar cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas.
La doctrina de «los frutos del árbol envenenado» es la teoría de que cualquier prueba que directamente o indirectamente y por cualquier nexo se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula. El nombramiento de “Vela” sin duda es anulable y por ende…, todo lo que haya realizado está afectado de nulidad de pleno derecho.
En este sentido esa prueba nula se convierte en ilegítima y su nulidad insubsanable, y en consecuencia arrastrará a todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas.
Esperemos la secuela del proceso penal, y si la defensa o el Juez de control se atienden a estos tópicos que pudiesen ser definitorios para la situación jurídica del líder de los trabajadores universitarios.
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