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Regularizar las funciones del Estado
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El pingüe negocio de las RVOE´s
El gobierno de Miguel Ángel Navarro, lleva una vertiente de su amplia gama de atribuciones al cumplimiento fiel del marco legal; a la par de las acciones de limpieza financiera y construír en tiempo record las obras públicas prioritarias, en salud e infraestructura carretera, así como las necesarias para evitar el desbordamiento de nuestros ríos ya conocidos en la entidad; además lleva a cabo de manera puntual la regularización de los servicios públicos.
En varias de sus áreas, el servicio que presta el Estado fue, en administraciones anteriores, el jolgorio de los funcionarios que ejercieron el poder para su beneficio económico personal. Hoy se lleva a cabo el orden de regularizar lo irregular y de pasadita ejercer la acción punitiva del Estado en los casos en que ha sido evidente el latrocinio, la vulneración voluntaria y deliberada de infraccionar el marco de derecho que nos rige.
El Derecho penal mexicano, contemporáneo, tiene en el principio de culpabilidad uno de sus límites más consolidados en la potestad punitiva del Estado; es un principio que exige acreditar un mínimo de responsabilidad del autor o los autores del hecho que se define “con apariencia de delito”. Ahora que se abrió la caja de Pandora en las acciones sucias de las administraciones anteriores, se aprecia que, no son un caso fortuito, sino que fueron acciones deliberadas que se llevaron a cabo con un dolo específico, tal circunstancia deriva la vigencia del principio de culpabilidad.
Aparece entonces la antijuridicidad de los hechos y se cierra el silogismo del derecho penal con la imputabilidad; son hechos antijurídicos y por ende punibles, no es cacería de brujas ni revanchas políticas, es la hegemonía del ejercicio del poder conforme a sus límites orgánicos.
En la administración pública estatal y municipal, que es el área en que nos ocupamos, existen una serie de mecanismos de control, el cumplimiento fiel del marco administrativo y legal, sin embargo el funcionario que deja de cumplir los requisitos en los servicios del Estado, camina en esa tenue línea gris que separa la omisión administrativa con el delito deliberado.
Y esto no son omisiones simples, sino que están vinculadas con un resultado prohibido; cuando un funcionario desobedece una norma administrativa de mandato, su comportamiento real se traduce en un no hacer aquello que le impone su deber jurídico, con los fines de la administración pública a la cual pertenece, al omitir los supuestos jurídico administrativos, se constituye una conducta contraria al Derecho.
La omisión propia implica el incumplimiento del deber de actuar conforme al marco legal, y esto es precisamente lo que sucedía con permisos, concesiones y lo que hoy sabemos fue una industria de la simulación en el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de empresas de educación media y superior, los famosos RVOE´s.
Problema que el día de ayer en la conferencia semanal ante los medios, fue tomado de manera frontal, directa, por el gobernante y sus secretarios del despacho; no más industria de escuelas de educación media y superior que reciben justificadamente el epíteto de “patito”, merced a su inexistente rigor académico y falsedad en cursos que jamás se llevaron a cabo.
Al establecerse rigurosos procesos de certificación para validar legalmente procesos educativos y los certificados que lo acrediten, el gobierno del Estado, salda una deuda con los cientos de estudiantes y falsos profesionales que deambulan por el mercado de trabajo local, que en estricto sentido son un fraude a la sociedad y a las personas o instituciones que les contratan.
El gobierno de Navarro Quintero cumple la principal tarea de la norma penal, que es la protección de los bienes jurídicos de la sociedad, sin entrar en sus elementos descriptivos, regulariza la valía de estudios privados y exige el cabal cumplimiento de las normas que le dan validez, cumpliendo pulcramente con los RVOE´s.
Aquellos que se hayan saltado la línea gris que separa la falta administrativa del delito, serán imputados sin duda alguna.
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