Las autoridades educativas no han podido demostrar que consultaron a los estados y a la ciudadanía para redactar los nuevos contenidos.
Por Surya Palacios / Alto Nivel
La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha podido demostrar que cumplió con los requisitos legales para la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos, al menos la pruebas de esto no se han presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, señaló la titular de esa instancia, la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara.
En un auto emitido por la togada, cuya copia posee ALTO NIVEL, se notificó a la SEP que la Dirección General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos no ha acreditado que se “implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados”.
Por ende, las autoridades educativas están violando la suspensión definitiva otorgada por la juzgadora en favor de la Unión Nacional de Padres de Familia, con la que se ordenó a la SEP, el pasado 25 de mayo, “suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y se abstengan de continuar con su edición e impresión, hasta en tanto se haya observado el procedimiento respectivo previsto en la ley para la determinación de dichos planes, programas y libros”.
Si bien la directora de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Victoria Guillén Álvarez, ya presentó esta semana diversas constancias que el Juzgado le ha solicitado desde mayo, en estas no se demuestra que los libros de texto sean acordes con los programas y planes de estudio vigentes y, sobre todo, no prueban que la SEP cumplió “con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía”.
Ante esto, no es posible afirmar que no hay impedimento legal para la distribución de los libros, como lo ha dicho la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Anaya, toda vez que la jueza Medina Alcántara determinó que los nuevos textos no debían imprimirse ni distribuirse, hasta en tanto se demostrara que, para su elaboración, se cumplieron todos los requisitos que establece la Ley General de Educación.
Por ende, de manera flagrante y contumaz, la SEP sigue sin cumplir con la medida cautelar que le impuso el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, desacato que también ya fue señalado por la jueza en un incidente resuelto desde el pasado 29 de junio.
De hecho, de acuerdo con la demanda de amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), para la redacción de los nuevos libros de texto no se consultó, como lo ordena la ley, a los gobiernos de las entidades federativas ni a especialistas en la materia, e igualmente tampoco se consideró la opinión de las distintas asociaciones de progenitores.
Adicionalmente, los libros que se pretenden utilizar en las escuelas públicas del país en el ciclo escolar 2023-2024, que inicia el próximo 28 de agosto, se redactaron e imprimieron sin que previamente se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación los planes y programas de estudios que sustentan los nuevos contenidos.
A esto se agrega que los materiales para primaria y secundaria, en los que se eliminaron las materias de matemáticas y español, tienen diversos errores, lo que en conjunto afectará la calidad de la educación que recibirán los niños y adolescentes mexicanos, de acuerdo con la UNPF.
