Recientemente se lo he comentado a Rafael Vargas, el diligente titular de la unidad de prensa del poder ejecutivo, tengo información de que Roberto Sandoval, el gobernante de los nayaritas, se molesta por la escasa cobertura que los medios le dan a su obra pública y acciones trascendentes a favor de su base social.
Se refiere a que el gobernador anterior “hizo menos cosas y las publicitaba diez veces más..” le señalo que este gobierno si bien hace “muchas cosas”, en todo el tiempo que lleva esta administración nunca se ha llevado a cabo una necesaria evaluación de lo que se ha hecho, pero sobre todo de lo que se ha dejado de hacer, y que se conozca el por qué no se hizo tal o cual cosa.
Rafa, me revira de inmediato con los informes del IMSS, o del Inegi; sin embargo le insisto, es imperioso que el gobierno del Estado lleve a cabo antes de que termine, una jornada de análisis y evaluación, pero no con los diputados que integran la actual legislatura, dado que los de Roberto, no cuentan en absoluto para este ejercicio; y los de la oposición en su mayoría carecen de método y sólo se dedican a hacer el inventario de deficiencias y defectos de la operación administrativa y política del poder ejecutivo.
Todo gobierno, para atender las necesidades sociales, utiliza los recursos del Estado para financiar programas para atenderlas; y como contribuyentes renunciamos a una parte de nuestros ingresos a cambio de que el gobierno los utilice eficientemente y genere bienestar colectivo. Para algunos politólogos, este hecho significa que en ese sentido nos volvemos inversionistas o accionistas del gasto público.
Por lo tanto, es nuestro derecho como contribuyentes saber si efectivamente nuestros impuestos están financiando mejoras en el bienestar social. Y uno de los mecanismos para saber hacia dónde se destina el gasto del gobierno y conocer el efecto de dicho gasto en el bienestar social es la evaluación.
A diferencia de la fiscalización de los recursos públicos, en dónde se verifica que el presupuesto efectivamente se haya gastado para los propósitos planteados, los procesos de evaluación sirven de manera integral para: 1. medir el impacto de la asignación presupuestaria de los programas públicos , 2. valorar la efectividad y eficiencia de las políticas y con ese diagnóstico motivar la mejora continua de los programas y 3. fortalecer la rendición de cuentas a través del monitoreo sobre el desempeño del gobierno.
CÓMO HACERLO
A nivel federal existen diversas formas y métodos de evaluación, desde la Ley de responsabilidad hacendaria, hasta el Modelo Sintético de Información del Desempeño; en la entidad podríamos empezar con la “evaluación de consistencia y resultados”, así tendríamos un diagnóstico sobre a capacidad institucional, organizacional y de gestión de este gobierno para alcanzar resultados.
O también la evaluación “de impacto” que mide los efectos netos de los programas presupuestales. No nos metamos en la evaluación del desempeño, porque en este rubro están para llorar las entidades del gobierno actual.
Vámonos mejor por la “evaluación de indicadores”, es la que revisa mediante el trabajo de campo la pertinencia y el alcance de los datos de un programa para el logro de sus resultados.
Y terminamos con la “evaluación estratégica” que es una valoración de las políticas y estrategias de desarrollo social, tomando en cuenta los objetivos principales del Plan estatal de desarrollo, sus programas y acciones dirigidos a la concreción de estos objetivos superiores.
Sugiero que este esfuerzo no debe tener el rigor metodológico, las evaluaciones que se enuncian se pueden hacer con metodologías sencillas, no somos Coneval; los indicadores a nivel de resultados ahí los tenemos, solo se ocupa un poco de especialización y seso para llevarlas a cabo.
Siempre y cuando el gobierno de Roberto Sandoval sea receptivo a este tipo de iniciativas que pueden convertirse en la agenda de trabajo con las voces prevalecientes de la sociedad, empezar a sentar las bases para un “observatorio ciudadano” no contaminado por las fobias de los partidos políticos, ni por las asociaciones de profesionales que a últimas fechas ha creado este gobierno; lo cual la sociedad condena, no tan solo por vulnerar la ley, sino por qué a todas luces, es políticamente incorrecto.
Sin duda una real evaluación como la que se propone, le daría al gobierno de Roberto Sandoval, una bocanada de oxígeno puro, para enfrentar los avatares y desdichas –que ya se avecinan- del fin del sexenio.
Fundamentos políticos existen muchos. ¿Fundamentos legales..? Já..! veamos el texto de nuestra carta magna:
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución”.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 29-01-2016
Digo pues…
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