Restablecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo beneficia a 3.6 millones de niños pobres en el país.
Al conceder la suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por la organización Mexicanos Primero, la togada determinó que la SEP, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están obligadas a reestablecer las escuelas de tiempo completo tal y como estas se encontraban antes de febrero de 2022, cuando las autoridades educativas dieron fin a este programa.
“Es decir, deberán adoptar las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos, (…) incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”, apunta el fallo de la jueza Medina Alcántara, cuya copia posee ALTO NIVEL.
La suspensión definitiva concedida por la togada se fundamenta en que la SEP y Hacienda violentaron el principio de no regresividad de los derechos humanos, establecido en el artículo 1 de la Constitución, el cual impone la obligación, para todas las autoridades, de no disminuir derechos fundamentales ya reconocidos.
En específico, la SEP canceló las escuelas de tiempo completo, al no considerar para estas ninguna partida presupuestal en 2022, y las sustituyó por el programa “La Escuela es Nuestra”, lo cual implica retroceder en los derechos humanos de los que ya gozaban los estudiantes que acudían a esos planteles.
Esto “evidencia la existencia de medidas regresivas en los derechos fundamentales que se habían reconocido, en contraposición al mandato establecido en el numeral 1º constitucional”, precisó la jueza.
Entregar dinero no es suficiente
El pasado 5 de febrero, la SEP emitió un acuerdo con las Reglas de Operación del programa “La Escuela es Nuestra”, que ya no incluye la prestación de servicios de alimentación y horario extendido en planteles educativos de las zonas marginadas del país, sino la entrega directa de recursos a los padres de familia.
Las escuelas de tiempo completo implicaban la gratuidad no solo del servicio educativo, sino también del cuidado y alimentación de los menores, a cargo de “personas capacitadas para tal efecto”, consideró la jueza.
Esto garantizaba el goce integral, entre otros, de los derechos a la educación, seguridad, aprendizaje, desarrollo físico, psicológico y social de los estudiantes, “a diferencia de la entrega en dinero de dicho apoyo que, además no se advierte que sea suficiente para lograr la contratación de un servicio de instancia-educativo-alimentario como el prestado por el propio Estado”, detalla el fallo.
Así, argumenta la titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, “la eliminación de un servicio en especie por otro prestatario, representa una violación al principio de progresividad en los derechos” humanos.
Para la togada, las escuelas de tiempo completo fomentaban la satisfacción de las necesidades básicas de salud física, emocional, de educación, alimentación y sano esparcimiento de los niños, “lo que no se ve garantizado con la sola entrega de un apoyo económico, porque no hay certeza de que éste sea suficiente para satisfacer, en los mismos términos y condiciones, la atención que se les daba (a los menores) en dichas instituciones escolares”.
Violaciones constitucionales
Esta decisión es resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, el brazo jurídico del colectivo Mexicanos Primero que, junto con el despacho Aguilar Barroso Abogados, reclamaron en el ocurso que las autoridades educativas violaron diversos artículos de la Constitución al cancelar las escuelas de tiempo completo.
Al excluir a los niños beneficiarios de las escuelas de tiempo completo se trasgreden los numerales 1, 3 y 4 de la carta magna, que garantizan los derechos a la educación, salud, alimentación, y el principio de progresividad de los derechos humanos.
Al respecto, tras el fallo de la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, Mexicanos Primero aclaró que la SEP ha simulado mantener las escuelas de tiempo completo, mediante la posibilidad abstracta del uso de los recursos para el pago de docentes y el servicio de alimentación.
Sin embargo, en los hechos, esto ya no se está implementando, pues el programa “La Escuela es Nuestra” no ha permitido que participen, para obtener recursos públicos, los centros educativos que anteriormente eran beneficiados con el presupuesto de las escuelas de tiempo completo.
En un comunicado, Mexicanos Primero exhortó a la SEP “para que no se comporte como enemiga de lo que dice apreciar”, en tanto que solicitan a la Secretaría de Hacienda que “responda en forma veloz y efectiva”, otorgando recursos presupuestales, para que cumpla con la orden del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México
Posición oficial
En marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el programa de escuelas de tiempo completo se manejaba “con mucha intermediación”.
Desde su perspectiva, los recursos “no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba” el dinero destinado para ello, aseguró el mandatario. Por ello, López Obrador anunció entonces que se decidió entregar los recursos directamente a las escuelas.
La organización internacional Save the Children apuntó al respecto que la entrega de dinero a los planteles educativos no es una política pública adecuada, pues las nuevas medidas no garantizan los mismos servicios que prestaban las escuelas de tiempo completo.
Para Mexicanos Primero, el gobierno federal no está considerando que unas 27,000 escuelas daban servicio de horario ampliado, lo que incluía la alimentación de los niños que acuden a esos planteles. Además, en muchos casos, la comida caliente que recibían estos menores es el único alimento que ingieren en todo el día, debido a la pobreza en la que viven sus familias.
