Por: Surya Palacios / Alto Nivel
Por el momento, los 13 fideicomisos, que suman 15,000 mdp, no podrán desaparecer, ni destinarse para ayudar a los afectados en Acapulco.
El Juzgado Decimo Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua concedió la tarde del martes una suspensión provisional que frena la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por lo que los 15,000 millones de pesos que contienen esos instrumentos no podrán ser transferidos a la Tesorería de la Federación, como lo ordenaba una reforma aprobada por el Congreso.
“Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, (…) es decir, impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la parte quejosa”, determinó el juez Juan Fernando Luévano Ovalle.
Con esto, añadió el togado en la suspensión, la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Tesorería de la Federación, deberán abstenerse “de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenidas en el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Más de 700 trabajadores del Poder Judicial se amparan contra extinción de fideicomisos
De igual forma, la suspensión, cuya copia posee ALTO NIVEL, ordena a todas estas autoridades, y en especial el Consejo de la Judicatura Federal, “se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración, (…) en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos”.
El juez Luévano Ovalle enfatizó que los efectos de la suspensión implican que “los fideicomisos sigan con su operatividad regular en relación a la finalidad por la cual fueron creados”.
Esta suspensión provisional se concedió en un amparo promovido por trabajadores del Poder Judicial federal en el estado de Chihuahua, adicional al Juicio de Amparo colectivo interpuesto el lunes por otros 761 trabajadores, quienes igualmente buscan la suspensión de la reforma aprobada por el Congreso, y que se encuentra en vigor desde el pasado sábado 28 de octubre.
De esta forma, al menos temporalmente, los fideicomisos que posee del Poder Judicial de la Federación no podrán desaparecer, ni destinarse a ayudar a los afectados por el huracán Otis en Acapulco, como lo propuso también este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre el destino de los recursos de los fideicomisos, que el Poder Judicial de la Federación debía extinguir en un plazo de 120 días, el presidente manifestó que estos deberían ser entregados para ayudar en la reconstrucción de Acapulco.
La propuesta de López Obrador fue respondida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, mediante un oficio en el que apuntó que se trataba de “una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado”.
No obstante, la ministra agregó que quedaba a la espera “de la definición del canal institucional para dialogar los términos” de lo propuesto por el mandatario.
Sin embargo, al darse la primera suspensión en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, dichos instrumentos deben mantenerse -de manera obligatoria- en la situación en la que actualmente se encuentran, sin posibilidad de que sus recursos sean transferidos a ningún otro fin u objetivo.
Obviamente, como titular del máximo tribunal del país, Piña Hernández no puede incumplir con lo ordenado en la suspensión ya concedida.