Por: Surya Palacios / Alto Nivel
El exfuncionario es acusado por la FGR de ser presuntamente responsable de delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura
El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, detenido el viernes por su presunta vinculación en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, permanecerá en prisión preventiva justificada, determinó la noche del sábado el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, después de una audiencia que tuvo una duración de más de 13 horas.
La situación jurídica del exfuncionario se determinará el próximo miércoles, cuando continué la audiencia de imputación de Murillo Karam.
El exfuncionario, de 74 años de edad, está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de desaparición forzada, tortura, y delitos contra la administración de justicia, presuntamente cometidos al ser el encargado de la indagatoria desarrollada por la otrora Procuraduría General de la República (PGR), en el caso de la desaparición -en 2014- de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.
Si bien actualmente el artículo 19 de la Constitución establece que los delitos en materia de desaparición forzada de personas ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), este numeral no puede ser aplicado al exfuncionario, debido a que esta disposición no había sido incluida en la carta magna en el momento en el que presuntamente Murillo Karam habría cometido este delito.
De acuerdo con el artículo 215-A del Código Penal Federal vigente entre 2014 y 2015, comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.
Las penas para este delito se determinan dependiendo del grado de participación que haya tenido el funcionario público acusado, pero en términos generales son de entre 5 a 40 años de prisión.
Esas sanciones actualmente son más elevadas, debido a que -desde 2017- la desaparición forzada es un delito especial que ya no se incluye en el Código Penal Federal, sino en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, norma que impone sentencias de 40 a 60 años de prisión a quien sea encontrado responsable por esta conducta, además de que, desde 2019, se impone la prisión preventiva oficiosa.
A su vez, el delito de tortura, en el Código Penal Federal vigente en el momento de los hechos, se sanciona con penas de entre 2 y 10 años de prisión.
Por lo que se refiere a los delitos contra la administración de justicia, normados en el artículo 225 del Código Penal Federal aplicable a este caso, las penas de prisión para los servidores públicos responsables van desde los 3 hasta los 10 años.
¿Por qué se acusa al exprocurador?
La Fiscalía General de la República procesa penalmente a Jesús Murillo Karam debido a las numerosas irregularidades con las que se desarrolló toda la investigación del caso Ayotzinapa, cuando el político era el titular de la ya extinta Procuraduría General de la República (2012-2015).
En esa indagatoria se habrían ocultado e inventado hechos, desaparecido pruebas, y torturado a decenas de imputados, a fin de llegar a una conclusión que no se apega a lo que realmente sucedió con los 43 normalistas, de acuerdo con las investigaciones realizadas, a partir de 2019, tanto por la FGR y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación.
Desde 2020, seis años después de la desaparición de los estudiantes, se informó que las nuevas investigaciones revelan una mecánica de los hechos totalmente distinta a la que se sostuvo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero ha sostenido que, los encargados de la investigación en la PGR, tergiversaron por completo los hechos, alteraron y sembraron pruebas, y cometieron diversos delitos.
Las pesquisas desarrolladas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguran que los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron detenidos, y posteriormente desaparecidos en un solo momento, ni en un solo lugar, como afirmaba la llamada “verdad histórica” que enunció el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
En realidad, tal y como ya lo había señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde noviembre de 2018, los hechos de aquella trágica noche en Iguala se desarrollaron en varios escenarios, demostrándose que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos, así lo ha reiterado -desde 2020- el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En el último informe rendido por Encinas, el pasado jueves, el funcionario enfatizó que los cuerpos de los normalistas no fueron quemados en el basurero de Cocula, como afirmaba la PGR, una versión que también ya había sido refutada, durante el gobierno de Peña Nieto, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De igual forma, los restos carbonizados de algunos estudiantes no fueron lanzados al río San Juan, eso fue inventado por la PGR, en tanto que la bolsa de plástico que contenía cenizas, “encontrada” en ese afluente, fue sembrada ahí por las autoridades de la administración pasada.
Hasta ahora, solo tres de los 43 normalistas han podido ser identificados a través de muestras de ADN analizadas en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
En el más reciente informe de la Comisión de la Verdad se reiteró que, en los hechos de Iguala, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, participaron elementos del Ejército, la Marina, y de la Policía Federal, además de delincuentes, y corporaciones municipales y del estado de Guerrero.
En ese tenor, junto con la detención de Jesús Murillo Karam, la Fiscalía informó que, a solicitud de esta dependencia, el juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México ya otorgó 83 órdenes de aprehensión a igual número de presuntos responsables en la desaparición de los normalistas.
Se trata de 20 mandos militares, y personal de tropa de los batallones 27 y 41, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero; 5 autoridades administrativas y judiciales de ese estado; 26 policías del municipio de Huitzuco; 6 policías de Iguala y 1 de Cocula; más 11 elementos policíacos estatales de Guerrero, y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los ilícitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son: Delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio, y delitos contra la administración de justicia.
Cabe aclarar que la otrora PGR nunca acusó de desaparición forzada a las más de 90 personas que fueron detenidas entre 2014 y 2015, muchas de ellas actualmente en libertad, pues el Ministerio Público federal solo judicializó las carpetas de investigación por el delito de secuestro.
En este caso, los diversos delitos cometidos se consideran un crimen de Estado, debido a la participación, complicidad y aquiescencia de funcionarios públicos, independientemente de la responsabilidad penal individual que estos y otros delincuentes pudieran tener.
