De nueva cuenta, una jueza federal impuso un ultimátum a las autoridades educativas del país para que cumplan con la orden de no distribuir los textos.
Por Surya Palacios / Alto Nivel
En Jalisco y Guanajuato, los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se quedarán -por el momento- en las bodegas, en acatamiento de la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia por una jueza federal, debido a que para la elaboración de esos materiales previamente debió consultarse a los gobiernos estatales y a especialistas en materia educativa.
Al mismo tiempo, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, de nueva cuenta impuso un ultimátum de 24 horas a la SEP, para que demuestre que ha cumplido con la orden de no distribuir los textos, plazo que se cumplirá el miércoles de esta semana.
El secretario de Educación jalisciense, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo a la prensa que en esa entidad ya se recibieron los nuevos libros, aunque no serán distribuidos en las escuelas, a menos que la jueza Medina Alcántara así lo disponga.
“Hemos recibido los nuevos libros de texto en nuestros almacenes, el amparo impide que lleguen a las manos de los niños por esta determinación del juez de protegerlos, con el argumento que el programa no se consultó con los estados y padres de familia”, dijo el funcionario.
Nuevos libros de texto: parciales, ideologizados, y con errores graves
Si esta controversia se resuelve “antes de que inicie el ciclo escolar y estamos preparados para hacer una distribución rápida”, pero si el diferendo sigue, “en Jalisco tenemos un plan local que se refiere a la utilización de proyectos integradores (…) que son proyectos por mes, por todos los grados, que permiten tener una planeación al maestro, acorde al plan de estudios”, agregó.
De su lado, en Guanajuato, la Secretaría de Educación de esa entidad informó que había recibido el 35.9% de los nuevos textos gratuitos, los cuales fueron distribuidos en algunos planteles, aunque desde la semana pasada personal de las escuelas los regresó a las bodegas por órdenes de esa dependencia estatal.
“Los libros que llegan los estamos resguardando en almacenes regionales, hasta en tanto lleguen la totalidad y la SEP resuelva el tema legal que enfrenta”, detalló la dependencia.
A su vez, el líder en Guanajuato del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) confía en que el diferendo jurídico entre la Unión Nacional de Padres de Familia y la SEP pueda resolverse antes de que inicien las clases a finales de este mes de agosto.
“Una vez que se resuelva el conflicto legal respecto a esto, serán entregados. Esperamos que sean entregados en su totalidad y no por partes, es decir, que los alumnos puedan tener al inicio del ciclo escolar 2023-2024 la totalidad de los libros porque son una herramienta importante”, dijo Raúl Espinoza Alonso, secretario de la sección 13 del SNTE.
Desacato y ultimátum
La controversia por los nuevos libros que se llevarán en las escuelas primarias y secundarias públicas del país, en el próximo ciclo escolar que está por comenzar, inició en mayo pasado con una demanda de amparo promovida por la Unión Nacional de Padres de Familia, colectivo que argumenta que el gobierno federal no llevó a cabo los procedimientos que marca la Ley de Educación para renovar el contenido de los textos.
Por ello, el 25 de mayo, la jueza Medina Alcántara ordenó a la SEP “se suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y se abstengan de continuar con su edición e impresión, hasta en tanto se haya observado el procedimiento respectivo previsto en la ley para la determinación de dichos planes, programas y libros”.
Esto no ha sido cumplido por la dependencia federal, por lo que el lunes la togada volvió a imponer un ultimátum a la SEP, señalando el desacato en el que se encuentran la titular de la institución, Leticia Ramírez Anaya, la subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno, y el director general de materiales educativos, Marx Arriaga Navarro.
“Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva dictada”, en consecuencia, requiérase “para que dentro del término de veinticuatro horas, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada”, precisa el auto de la jueza.
ALTO NIVEL consultó al área de Comunicación Social de la SEP, pero esta declinó pronunciarse públicamente al respecto. No obstante, el pasado viernes, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Anaya, confirmó que no acatarán lo ordenado en la suspensión provisional, al menos eso es lo que se puede interpretar por el anuncio que hizo la funcionaria en un acto público.
“Me voy a referir particularmente a los nuevos libros de texto gratuitos, a propósito de que niñas, niños y adolescentes de todo el país los tendrán muy pronto en sus manos, el 28 de agosto”, apuntó Ramírez Anaya.
En ese mismo sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes pasado en su conferencia matutina que los libros no serán retirados: “¡cómo vamos a embodegar los libros! (…) No se han retirado, no se han retirado y no se van a retirar, porque no hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares”, comentó el mandatario.
Sobre el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia, el titular del Ejecutivo federal consideró que, a pesar de esa demanda, y de muchas otras que se han promovido en contra de la SEP, los textos sí se distribuirán en las escuelas.
“Hay amparos, no pocos, ¿eh?, muchos, pero ahí vamos resolviéndolos. Y ya los libros se están distribuyendo en todo el país y el 28 de agosto, que inicia el ciclo escolar, la mayoría de los libros van a estar en las escuelas”, enfatizó.
La Unión Nacional de Padres de Familia y especialistas en educación consideran que el nuevo contenido de los textos oficiales debió ser objeto de una amplía consulta, tal y como lo establece la Ley de Educación. Además, según el colectivo de progenitores, los libros no están adecuados a los planes y programas de estudio vigentes.
Formalmente, se desconocen las actividades realizadas por la SEP para la elaboración de los nuevos textos, debido a que esa dependencia reservó esa información por cinco años, bajo el argumento de no contar “con una versión integral y definitiva del proceso”.
