Incrementan Penas Contra Feminicidio y Matrimonio Forzado

El Senado de la República aprobó endurecer las penas por feminicidio y el matrimonio forzado. En el primer caso, la sanción aumenta de entre 40 y 70 años de cárcel hasta los 112 años cuando el delito se cometa contra menores de edad, embarazadas, adultas mayores o mujeres con discapacidad.

“De diciembre 2018, cuando llegó este gobierno a enero de 2023, más de cuatro mil 100 mujeres han sido asesinadas en México por el hecho de ser mujeres. Este dictamen hoy permite que el tipo penal de feminicidio se estandarice en todas las entidades federativas, se homologue, se investigue, se sancione e incluso se repare a las víctimas indirectas”.
Kenia López Rabadán, senadora del PAN.

A nivel nacional, fueron homologados los procedimientos y lineamientos con los que el Ministerio Público deberá actuar para integrar las carpetas de investigación.

“Precisando la reparación del daño, así como el delito de encubrimiento que se da tan frecuentemente en este delito de feminicidio, porque la misma familia va protegiendo al feminicida, porque obviamente se da en situaciones, muchas de ellas en privacidad”.
Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena.

En el caso del matrimonio forzado infantil, la reforma al Código Penal Federal aumenta la sanción a 15 años de cárcel y multa de hasta medio millón de pesos a quien cometa una cohabitación forzada, así como a quienes obliguen, coaccionen, induzcan, soliciten, gestionen u oferten a menores de edad a unirse en una relación análoga al matrimonio.

Si la víctima es indígena, la pena de cárcel se incrementará siete años.

“El 26% de las mujeres entre 20 y 34 años se casaron o estuvieron unidas antes de los 18 años, es una tragedia social de un impacto enorme en la economía, en la educación, en cualquiera de los ámbitos que los podamos observar. El resultado: violencia, abuso, maternidades tempranas, maternidad, dependencia económica, deserción escolar e innumerables daños a la salud”.
Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI.

Las reformas fueron turnadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.