Con el protagonismo beligerante que recientemente lleva a cabo el Fiscal General del Estado, y que sin duda alguna es un mensaje sesgado para la líder del Sutsem Agueda Galicia, que anuncia de nueva cuenta las delirantes acciones para obligar al presidente municipal de Tepic que pague el cúmulo de prestaciones “especiales” que según su dicho le adeuda millones a los trabajadores que ella pastorea.
Ella dice que volverán a tomar el libramiento; y Edgar Veytia señala que este gobierno hace valer el estado de derecho, que es una premisa de la administración de Roberto Sandoval; y ante el anuncio de vulnerar de nueva cuenta las leyes penales afirma que “no se permtirá que nadie trastoque el clima de seguridad y paz que existe en Nayarit..”
El escenario está pues, claro, y veremos cuál de las partes involucradas cumple su palabra, Agueda que le vale madre las normas y los derechos de terceros y Veytia si actúa en la inmediatez de la flagrancia, no como sucedió hace meses, hasta que le llovieron mentadas al gobierno de Roberto, después de horas y horas en que los pesados camiones hacían la mar de difícil la circulación por la Avenida Insurgentes.
Este tópico nos lleva a la reflexión de la naturaleza del mexicano y del talante de los hombres que procuran y administran justicia en la entidad; la gente sigue absolutamente encabronada por el simple hecho de que las acciones de fiscalización que se han dado a conocer en donde se ha constatado verazmente el latrocinio de las finanzas públicas del Estado que hizo ney gonzález y sus principales colaboradores, y que no se haya hecho absolutamente nada.
El “destroyer” el titular de la Secretaría de la Contraloría, Roy Rubio, ha actuado como si los ciudadanos fueran unos alienados y a base de tibias declaraciones lo único que ha hecho es, dejar en manifiesto un velado manto de protección a la impunidad de la cual siguen gozando el ex gobernador y sus operadores en los ilícitos ya detectados por el Organo de Fiscalización del Estado y la Auditoría Superior de Fiscalización.
El contralor estatal, siendo abogado, le ha establecido el camino más largo y comodino para beneficio del impune sátrapa de la mololoa; parece que este funcionario es de esa clase de mexicanos que piensan y actúan que, al expresar sus pensamientos sobre el escenario de conflicto legal, por sí sola se mueve la voluntad de la ley.
Muchos de los críticos de este gobierno, que reconocen sin ambages los tamaños de Veytia para pacificar la entidad a sangre y fuego, opinan que la Secretaría de la Contraloría, deberán de pasarla como una entidad adyacente a la fiscalía, para que su titular, se deje de tibias declaraciones y haga lo que sabe hacer, mover la fuerza del Estado ante la ilicitud tan manifiesta.
EN EL PODER JUDICIAL
Pese a todas las acciones de trascendencia, para culturizar de manera acelerada a los dilectos funcionarios que administran justicia, en el seno del poder judicial, en los trabajos sustantivos de los juzgados y salas de apelación, existen hechos que rayan en la impunidad del acto sub júdice; los recursos que promueven los litigantes en contra de jueces venales, que de entrada son calificados como graves sus faltas por la instrucción del Consejo de la Judicatura, luego de meses y meses de incómoda dilación, al final, los exoneran!
Ejemplos brotan por doquier, un Juez de Tuxpan, en un asunto penal, litiga con el abogado denunciante; un juez de Santiago Ixcuintla, se da el lujo de ordenar que un billete de depósito para una fianza, se utilice para pagar una deuda del imputado que es a su vez demandado en un juicio mercantil; irregularidades de todo tipo, menores, de escaso impacto social; un Juez de Tecuala, protege con diligencias absurdas e inconsecuentes a un marido golpeador y obliga a la esposa a mantener vida marital con el bestia que tiene de pareja.
Todos estos y otros ejemplos se difuminan en lo ominoso de los recursos de queja y de apelación, los ubicuos magistrados de las Salas del TSJ, aparecen circunspectos en las fotos que acompañan los prolijos boletines de prensa, en los cuales, pareciera que la realidad de la actividad jurisdiccional es miel sobre hojuelas; si no existen notas discordantes, es porque saben los litigantes de la inutilidad de sus vociferaciones.
Y esta es una asignatura pendiente del togado Pedro Antonio Enríquez, que le ha temblado la mano para aplicar correctivos que resulten aleccionadores y disuadores en contra de jueces y secretarios de juzgados de primera instancia venales y corruptos.
Cuando existe impunidad de los servidores públicos, se genera un clima de incentivos para abusar del poder en beneficio propio, se ha propiciado acciones de abuso y mal desempeño en las funciones públicas; las acciones de Pedro Antonio Enríquez y de Edgar Veytia con sus admoniciones debieran corregir todos los ámbitos de la administración y procuración de justicia.
Y no es que la sociedad o sus voceros carezcan de una cultura de la exigencia de la legalidad sin adjetivos; lo que nos hace falta es un Estado de derecho sólido, con normas eficaces para sancionar a todo aquel que vulnera de manera deliberada la ley; aplicar la ley de manera igual para todos es una condición básica del Estado de derecho; no debe existir impunidad de ninguna especie, ninguna..!
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