Desde la primera constitución en México, la de 1824 se estableció la Contaduría Mayor de Hacienda, creando una comisión para verificar la actuación del responsable del despacho de Hacienda; quizás, producto de los antecedentes españoles y las singulares formas de fiscalización que tuvo el imperio azteca sobre sus pueblos oprimidos, con sus formas de cobrar tributos; desde siempre pues, desde el poder del Estado se ejercieron órganos de autocontrol interno sobre el manejo de los recursos públicos.
En 1999 hubo un trascendente giro a la política de control y evaluación de las políticas públicas del gobierno mexicano; al aprobarse una nueva ley orgánica del Congreso federal, se le devolvió a las comisiones su función evaluadora; desapareciendo la Contaduría mayor de hacienda y surgiendo un ente autónomo, fiscalizador máximo de la federación, la Auditoría Superior de la Federación inaugura una etapa en la que la revisión de la cuenta pública federal incorpora nuevos ejes de análisis que van más allá del cumplimiento legal.
Esto es, independientemente del cumplimiento financiero, las evaluaciones de la ASF se centran en el desempeño y los resultados que alcanza la función de los funcionarios y la aplicación de los programas de gobierno; son pues auténticas fiscalizaciones las auditorías de desempeño, aún más importantes que las financieras o la de obras; la naturaleza de la información de sus resultados es que deben de darse a conocer a la opinión pública.
La fiscalización como la rendición de cuentas de todos los órdenes de gobierno, debe ser un proceso cotidiano y básico para alcanzar una administración pública eficiente; actividad que ya ha sido ampliada a otras entidades públicas, como la autoridad electoral y las universidades públicas; vemos pues, que una de las funciones sustantivas del poder legislativo, que es un trabajo político fundamental, se delegó completamente en éste órgano fiscalizador, ASF, que luego se replicó al año siguiente en todas las entidades federativas.
De esta manera, se crearon los Órganos de Fiscalización Superior de las cámaras de diputados locales; para llevar a cabo el puntual análisis de la política pública que es operada por los presupuestos de egresos que le autoriza a los poderes, el legislativo, cuyas atribuciones fiscalizadoras tienen como canon las auditorías de desempeño, que deben poseer las tres “E” de eficiencia, eficacia y economía, que resultan ser los ejes que articulan la función fiscalizadora.
ENCARCELAR A VIVALES
En Nayarit, el primer auditor general, el señor Olmedo consignó a varios funcionarios municipales a la Procuraduría de Justicia que ejercieron acción penal en su contra, y al secretario particular de Antonio, el entonces gobernador; con un criterio simplista, no abrió el esquema de negociaciones cuando les encuentran rapacerías, desviación de recursos y ejercicio indebido de funciones; acciones que de una u otra forma impactaron a los servidores de los dos órdenes de gobierno, el estatal y el municipal.
Vale pues preguntarse, ¿la fiscalización se ha implementado para revisar el adecuado ejercicio del gasto público..? o ¿se estableció para encarcelar a los vivales que hacen mal uso y se apropian para sí de los recursos públicos a su cargo..? evidentemente que la respuesta se engloba en las dos preguntas; sin embargo, en todo este proceso subyace la intención superior de que las administraciones públicas mejoren, sean eficientes y eficaces y desde luego no desvíen los fondos públicos.
La administración anterior, la del sátrapa de la mololoa dejo ejemplos palpables y notorios del ejercicio indebido de funciones y el aprovechamiento indebido de los recursos que tuvieron a cargo; dos, tres funcionarios de primer nivel, incluyendo el entorno familiar del ex gobernador, siguen exhibiendo riquezas, y sin embargo este gobierno no se decidió a investigar a este tipo de funcionarios; fiscalizaron con lupa a los ex funcionarios de las administraciones municipales.
Y ya, hoy con la eficiencia del auditor general Roy Rubio, tenemos el caso de que son procesados dos ex tesoreros de Ayuntamientos locales, y los medios, la comentocracia local se ocuparon levemente de ellos; el cuento es, el enorme escepticismo que tiene la sociedad cuando se trata de este tipo de procesos penales en contra de funcionarios menores de un Ayuntamiento; se dice que la cuerda se rompe por lo más delgado; en este tipo de denuncias, los medios y la población de Bahía de Banderas, mira con azoro e indignación, el enorme e inocultable enriquecimiento del ex edil Rafael Cervantes.
Un verdadero pillo de siete suelas, que se pasea tan campante por su municipio y esta ciudad capital sin que nadie ose citarlo ante el OFS, menos ante la Fiscalía General del Estado, para que responda del enorme latrocinio que le fraguó a las finanzas municipales bajo su administración; explicable que su cuñado el nuevo edil, no mueva un dedo para juzgarlo.
Este es, al menos en Nayarit el principal problema de la fiscalización, que no llega a la profundidad que le reclama la sociedad; la lentitud de los procesos administrativos, y la condición de excepción que tienen los funcionarios a los que les fincan responsabilidades, les dan la oportunidad de ser resarcitorias, se considera un oprobio, una burla a la sociedad.
Con la imaginación creativa que tiene Roy Rubio, el auditor general del OFS, debe de hacer un profundo análisis de sus procedimientos y del impacto que causan en la sociedad; y también decirnos, el por qué no se han fincado procesos en contra de los funcionarios de primer nivel del gobierno anterior.
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