Florencio, vinculado a proceso y en prisión justificada. El ex secretario de Administración, de 69 años, se ha reservado el derecho de rendir declaración.
Un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Florencio Román Messina, ex secretario de Administración en el gobierno de Ney González Sánchez, por su probable intervención en los delitos de ejercicio indebido de funciones, y peculado.
La resolución fue decidida durante la tarde-noche del sábado 15 en una audiencia efectuada en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic. El juez autorizó un plazo de dos meses de investigación complementaria.
Florencio continuará el proceso penal con la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le dictó el día 11, recluido en la penal de Tepic.
Cabe añadir que en la parte final de la audiencia, la defensa particular pidió un receso para entregar diversos documentos a la agencia del Ministerio Público y a la asesoría de víctimas con miras a solicitar un cambio de medidas, sin embargo unos minutos después se retiró la intención.
Sin embargo, se advertiría una estrategia jurídica para buscar la libertad en los próximos días, especialmente luego de que durante la semana reciente se conocieron las posturas del Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en esta ciudad, diferentes entre si, respecto a la prisión justificada de un imputado en otra causa penal.
Básicamente, la vinculación a proceso se centra en la imputación que presentó la agencia ministerial respecto a que el 22 de noviembre del 2010 Florencio Román, como representante del Gobierno del Estado en su calidad de secretario de Administración compró una parcela en el ejido Higuera Blanca, municipio de Bahía de Banderas, por la que se pagaron un millón 520 mil 620 pesos, y que con ello se materializó el ejercicio indebido de funciones porque aún no existía convenio, licitación y demás respecto a la construcción de la carretera La Cruz de Huanacaxtle a Punta de Mita, cuyo crédito de 300 millones de pesos fue autorizado por el Congreso del Estado hasta mayo del 2011.
A diferencia de la agencia ministerial, que sostiene que el pago fue en efectivo porque así se asentó en la escritura pública, la defensa mencionó la cita textual del vendedor de la parcela, identificado como René, de que le pagaron con un cheque y que, luego de cambiarlo, entregó 60 mil pesos a una persona que lo acompañó en los trámites.
También se anunció información de la oficina del Registro Público en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, en el sentido de que el terreno de la polémica está a nombre del Gobierno del Estado, según la escritura 18 mil 446 ante el notario Arturo Díaz González -éste imputado en tres causas penales y que es el centro del debate entre los tribunales colegiados sobre la medida de prisión justificada-.
El juez consideró que sí hay datos para probablemente atribuir el delito de ejercicio indebido de funciones a Florencio porque la adquisición de la parcela con recursos públicos, por donde pasa la carretera, no fue como debía, sino antes del proceso legislativo que autorizó al titular del Poder Ejecutivo, Ney González, el acceso a un crédito de 300 millones a pagarse a 20 años.
El probable de delito de peculado se incluye por la calidad de funcionario en el 2010 del imputado. La autoridad judicial consideró que la acción penal no ha extinguido.
Román Messina, de 69 años, se ha reservado el derecho de rendir declaración. Durante la audiencia estuvo atento al debate entre sus defensores –tres abogados hombres y una mujer- frente a los argumentos de la agencia ministerial –dos hombres- y un asesor de víctimas.
Dos policías estatales procesales rolándose por horas estuvieron a cargo de la seguridad de la sala 1, a la que asistieron dos familiares de Román Messina y otros dos abogados como público.
Ahora, según parece deducirse, mientras transcurre la etapa de investigación complementaria el debate podría trasladarse al Poder Judicial Federal, donde se buscaría que se conceda una suspensión de amparo que permita el cambio de medida cautelar, ya no de prisión justificada.
En el mismo sentido, al mediodía de este domingo la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que fue cumplimentada una segunda orden de aprehensión en contra de Florencio, por su probable relación con delitos de asociación delictuosa, coalición de servidores públicos, y delitos cometidos con recursos de procedencia ilícita.
