- Tribunales estatales van por implementar la oralidad en materia civil y familiar
- González Parra, nombrado vocal en la Conatrib y titular del proyecto
El fin de semana anterior, sesionó la Conferencia Nacional de Tribunales Estatales de Justicia CONTATRIB; fue una asamblea virtual, en la cual el Presidente del TSJ de Nayarit el magistrado Ismael González Parra, se sacó la rifa del tigre, dado que asumió importantes responsabilidades de alcance nacional, de cuyos resultados dependerá que la administración de justicia en México, de un salto mayúsculo en su modernización.
El magistrado Ismael González Parra, fue designado como titular de la Unidad para la Implementación de la Oralidad Civil y Familiar en todo el país; tarea de enorme trascendencia, merced a la actual condición deficitaria que permanece en la mayoría de los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas.
Y además, fue por decisión unánime la designación que tuvo lugar en la primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), celebrada virtualmente, y encabezada por el Presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México y de ese organismo nacional, magistrado Rafael Guerra Álvarez.
En esta sesión plenaria, González Parra rindió protesta como integrante de la Mesa Directiva de la Conatrib, ya que fue designado como Vocal de la Región Occidente.
En esta asamblea, el Pleno de Presidentes de Tribunales Superiores aprobaron el Plan de Trabajo de la Mesa Directiva de la Conatrib para este año, cuyos cinco ejes fundamentales son: 1. Autonomía e independencia judicial, 2. Excelencia organizacional, 3. Transparencia y acceso a la información en el ejercicio de las tareas y deberes propios, 4. Consolidación democrática y 5. Derechos humanos.
Para mensurar y valorar adecuadamente la función jurisdiccional de los poderes judiciales estatales, ahora representados por la Conatrib, debemos saber que son responsables de resolver siete de cada diez juicios que se tramitan en nuestro país.
En su oportunidad, intervino de la ex ministro Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación del Gobierno de la República, quien destacó la importancia de reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que los Congresos locales legislen para garantizar la autonomía e independencia presupuestaria de los poderes judiciales de los estados.
Esta Asamblea fue la primera de su tipo celebrada mediante teleconferencia, en esta ocasión para observar las medidas preventivas de la contingencia sanitaria por el COVID-19.
LA TAREA, ES URGENTE
Ahora con la contingencia sanitaria, el Estado y sus instituciones que creíamos tener, nos revelaron su obsolescencia y precariedad operativa, Nayarit y muchos otros Estados de la república requieren de inmediato la instauración de los juicios en línea; el desarrollo de herramientas tecnológicas de esta envergadura representa inversiones millonarias.
Pero no todas las soluciones tecnológicas requieren de un gasto tan importante; lo que sí necesitan es creatividad, ánimo de innovación y de buena disposición —incluso política— para pensar en nuevas formas de trabajo orientadas a ampliar el acceso a la justicia.
Pongamos por ejemplo, que aunque no cuenta con una firma electrónica ni con un tribunal electrónico, el Poder Judicial de Querétaro autorizó la recepción de promociones y escritos de trámite vía correo electrónico, y emitió lineamientos muy sencillos para ello.
Lo mismo con las audiencias por videoconferencia. Si bien algunos poderes judiciales han desarrollado plataformas propias para realizarlas, la mayoría de los poderes judiciales estatales, como en el resto del mundo, no cuentan con plataformas propias, por lo que empezaron a ocupar plataformas comerciales como Zoom o Skype, para citar las más comunes.
Es menester, que tomemos en cuenta que no todos los trámites se pueden realizar vía digital, que algunos documentos se deben presentar físicamente y que no todas las personas tienen acceso a medios electrónicos o la capacitación para usarlos, algunos poderes judiciales han tomado medidas especiales para ajustar sus pautas de atención al público al nuevo entorno.
En el Poder Judicial de Nuevo León estableció modalidades estrictas para la realización de audiencias presenciales urgentes en casos en que éstas no puedan realizarse a la distancia, estableció reglas para el uso de buzones de oficialía para recibir documentación y habilitó un sistema para solicitar citas para consultar expedientes físicos.
Y a la par que se pueden implementar soluciones tecnológicas, si se quiere evitar que la reapertura física de los juzgados implique una afluencia de personas como de común ocurren en lo cotidiano de los tribunales; también se deben implementar medidas para ordenar mejor el flujo de personas que van a acudir a los juzgados. Así, el poder judicial de Nayarit bien podría instaurar un sistema de citas, que se solicitarían en línea o por teléfono, para desahogar los trámites que los Abogados litigantes requerimos acudir a los juzgados para resolver.
ES LA HORA DEL LEGISLATIVO
Ya se demostró la exigencia, es necesario que las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando para facilitar la impartición de justicia en tiempos de Covid-19, y más allá de esta contingencia, tengan un asiento legal que defina lineamientos para su uso, garantice el debido proceso y asegure la transparencia y rendición de cuentas necesarias para dar certeza sobre los trámites y procesos que se atiendan.
Y para ello es imperioso, conveniente que los legisladores apoyen estos esfuerzos. De facto, los poderes legislativos parecen haber sido los grandes ausentes en estas semanas y meses de pandemia; dado que su trabajo es indispensable para afianzar lo que se está haciendo en materia judicial, de modo que contemos con un marco jurídico que genere certeza y no permita que los malos abogados se aprovechen de la falta de previsiones normativas para intentar revertir las decisiones tomadas al amparo de la justicia digital.
Tenemos que valorar toso lo ocurrido en su exacta escala, lo que está en juego aquí no solamente es un asunto de salud pública, sino también la transformación de la impartición de justicia y la ampliación del acceso a la justicia.
Y aún más, el contar con herramientas tecnológicas que apoyen la impartición de justicia traería como consecuencia también, que se podrían reducir los espacios para la corrupción, al minimizar los contactos entre abogados y empleados judiciales. Digo ingenuamente…
¡¡Tiene la palabra el gobernador Toño Echevarría y el diputado presidente Polo Domínguez..!!
Para que sean generosos y aprueben el presupuesto que se requiere para estas nuevas funciones del poder judicial; y, desde luego para que no vayan a dejar colgado de la brocha al magistrado presidente Ismael González, en la nada fácil responsabilidad recién adquirida en la CONATRIB.
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