El 2 de abril de 2014, en Santiago de Chile se llevó a cabo la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la cual, entre otros acuerdos, se aprobó la reforma del Código de Ética Iberoamericano que ya se tiene en 15 países adherentes a esta cumbre; al Estatuto del Juez Iberoamericano, se le añadió un capítulo dedicado específicamente a la «Ética Judicial».
Y éstas fueron las declaraciones de la Cumbre:
Primera: Reiterar como principios éticos básicos para los juzgadores iberoamericanos los ya establecidos en la Segunda Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, que tiene su reflejo en el Estatuto del Juez Iberoamericano y en la Carta de Derechos del Ciudadano frente a la justicia.
Segunda: Realizar todos los esfuerzos necesarios para que se aprueben e implanten dichos principios en la normativa de todos los países de Iberoamérica, en particular en aquellos donde todavía no existe un Código de Ética, promoviendo su creación.
Tercera: Revisar el texto de los Códigos de Ética que ya existen, a efecto de promover que las normas que rigen la ética de los jueces se acoplen al principio de independencia respecto a cualquier otra autoridad y respecto de cualquiera de las partes involucradas en los procesos judiciales concretos, y a los principios derivados de aquel.
Cuarta: Dar a conocer en su respectiva judicatura los principios de ética que se consagran en cada uno de sus Códigos de Ética Judicial e integrarlos a los programas de capacitación existentes en cada país.
Quinta: Difundir entre los justiciables, a través de distintos medios informativos, sus Códigos de Ética con el propósito de incrementar la confianza y la autoridad moral de los juzgadores.
Sexta: Impulsar la elaboración de un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
De esta manera, de manera paulatina en los Estados de Iberoamérica, se han estado implementando los Códigos de Ética de los poderes judiciales; en México, el poder judicial de la federación ya hizo lo propio, junto con dos o tres entidades de la república que ya instrumentaron su propio Código de Ética local.
QUE COSA ES LA “ÉTICA JUDICIAL”
Se busca normar la conducta del servidor del poder judicial, no solo en su labor sustantiva, sino en la amplia gama de actividades humanas que desarrolla como un ente social inmerso en su comunidad, dado que, a partir de las exigencias que el propio Derecho plantea a la actividad judicial, profundizar en las mismas y añadir otras, de cara a alcanzar lo que podría llamarse el «mejor» juez posible para nuestras sociedades.
La ética judicial incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco, esto es, basada en razones morales.
Y se busca completar esos deberes con otros que contribuyen a definir la excelencia judicial; de lo cual se sigue que la ética judicial supone rechazar tanto los estándares de conducta propios de un «mal» juez, como los de un juez simplemente «mediocre» que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido.
Pongamos por ejemplo a un juez local, que tiene maestría en derecho y especialidad en el Nuevo sistema de justicia de corte acusatorio; que tiene hijos fuera de matrimonio, no paga pensiones alimenticias, tiene amenazadas a sus concubinas por aquello de que quieran demandarle como deudor alimentario; y además con su exigüo sueldo tiene deparamento en Nuevo Vallarta y cada año estrena coche del año.
Este juez, que anda tan campante en la ciudad y cumple con sus audiencias, ¿es un ejemplo de un “buen juez”, que ostenta atributos morales y éticos..? La obviedad nos indica que nó.
Ahora bien, la realidad actual de la autoridad –gobiernos federal y estatales- política en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad que conlleva en los que la ejercen el deber de procurar que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones.
Esta es la intencionalidad del magistrado presidente Ismael González Parra, al iniciar los prolegómenos en el TSJ local para la adopción de un Código de Ética, que implica un mensaje que los mismos Poderes Judiciales envían a la sociedad reconociendo la inquietud que provoca esa débil legitimidad y el empeño en asumir voluntariamente un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio de justicia.
Por eso tuvo el beneplácito la designación del magistrado José Alfredo Becerra Anzaldo como el presidente de la Comisión de Ética del TSJ de Nayarit, para encabezar los trabajos de elaboración del Código de Ética del Poder Judicial de Nayarit; este viernes anterior, se cerró el plazo para recibir propuestas del servidor judicial y del Abogado litigante por parte del foro local, para ser parte de esta comisión; a partir de hoy se hace la revisión de las propuestas y se nombrarán a quienes vendrán integrar junto a Becerra Anzaldo esta comisión, que tendrá también la función de ser observadores de la conducta del servidor judicial y de los Abogados litigantes, serán colaboradores de la Comisión de Disciplina del TSJ que son los responsables de aplicar correctivos y sanciones al funcionario judicial que falte a la probidad que le debe ser inherente a la función juzgadora.
Enhorabuena..! acciones como éstas son las que le dan prez y plena legitimidad a la presidencia del magistrado Ismael González Parra.
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