Varias de las pruebas que pretende presentar la FGR en contra del exdirector de Pemex fueron desechadas por un juez federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) se niega a aceptar el acuerdo reparatorio propuesto por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por lo que el exfuncionario estaría a punto de enfrentar un juicio por los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht, en el que el Ministerio Público federal pide se le sancione con 46 años de prisión.

En la primera parte de la audiencia intermedia del caso, que tuvo una duración de más de seis horas, la FGR insistió en rechazar la propuesta de Lozoya, quien pretende reparar el daño con el pago de 200 millones de pesos, unos 10.8 millones de dólares al cambio actual.

Debido a que la audiencia concluirá formalmente hasta el lunes, y que la defensa de Lozoya anunció que interpondría una demanda de amparo, la definición sobre si Lozoya Austin irá a juicio quedó en suspenso la noche del viernes, aunque lo que sí avanzó fue el rechazo que hizo el juez federal Gerardo Alarcón López de varias pruebas que la FGR presentaría en contra del exfuncionario.

El togado determinó que es ilegal la información financiera que Suiza entregó a México, con lo que se acreditarían los sobornos de más de 3 millones de dólares que Lozoya habría recibido de Odebrecht, por lo que esos datos no podrán ser presentados por el Ministerio Público en su acusación.

El juez tomó esta decisión debido a que no hay pruebas de que el gobierno suizo haya obtenido esa información mediante una orden judicial, para luego entregársela a México.

Con ese mismo argumento, la FGR no podrá utilizar los documentos bancarios que le proporcionaron las autoridades de Brasil, en los que se detalla la transferencia de los presuntos sobornos de Odebrecht a empresas off shore utilizadas por el exdirector de Pemex cuando este formaba parte del gobierno federal.

Así, aunque se dé el inicio del juicio en contra de Emilio Lozoya, una parte importante de las pruebas de cargo de la Fiscalía no podrán presentarse, lo que pone en desventaja a esa autoridad.

La FGR acusa a Lozoya de participar en la trama de corrupción protagonizada por la empresa brasileña Odebrecht, y por haber hecho que Pemex comprara a sobreprecio a la firma Agronitrogenados una planta de fertilizantes que era inservible.

Según el Ministerio Público federal, Emilio Lozoya habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht que sumarían unos 10.5 millones de dólares. Con eso Lozoya habría adquirido una casa en Ixtapa, Zihuatanejo, a través de una cuenta bancaria de su madre, Gilda Margarita Austin, y mediante la creación de un fideicomiso en el que se encontraban su esposa y sus hijos.

En el caso de Odebrecht, la defensa de Emilio Lozoya ha insistido en el último año en llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía, de conformidad con el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ese numeral establece que los acuerdos reparatorios deben ser aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, a fin de que se realice un pago como reparación del daño, cuyo efecto es la extinción de la acción penal, es decir, la acusación desaparece, con lo que el exdirector de Pemex podría obtener su libertad.

Lozoya Austin fue imputado por la FGR desde el verano de 2020, cuando llegó a México -vía extradición- de España. Inicialmente pretendió negociar con un criterio de oportunidad, confesando haber sobornado a legisladores de oposición para que presuntamente aprobaran la reforma energética de 2013.

Esas negociaciones para obtener un criterio de oportunidad no han tenido éxito, y lo mismo sucede con el acuerdo reparatorio, pues la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, que también es parte en el proceso, se niegan a aceptar el pago propuesto por el exfuncionario.

Desde el pasado 3 de noviembre de 2021, tras casi 16 meses de gozar de libertad condicional, Emilio Ricardo Lozoya Austin permanece en el Reclusorio Norte de la capital del país.