El Poder Ejecutivo Federal Posee 557,712 Millones de pesos en Fideicomisos

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Por: Surya Palacios

La desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que suman 15,000 millones de pesos, no está motivada por criterios de austeridad, sino que obedece a una lógica estrictamente política y de revanchismo, pues los recursos de dichos instrumentos equivalen al 2.69% de los 557,712 millones de pesos que posee el Poder Ejecutivo federal también en fideicomisos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda (SHCP), al 30 de junio de 2023, en el Poder Ejecutivo federal, cuyo titular es el presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantienen 178 “Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos análogos” que totalizan 557,712 millones de pesos.

De estos, son 25 los instrumentos que poseen los montos más elevados, los cuales concentran 518,904 millones de pesos, cantidad que representa el 93% de todos los recursos públicos invertidos en los fideicomisos, como se muestra en la siguiente página que corresponde al más reciente informe público de la SHCP sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En detalle, el instrumento financiero del Ejecutivo federal que cuenta con más recursos del erario público es el Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, con un total de 91,234.4 millones de pesos. Le sigue el Fideicomiso público de Administración y Pago para la Contratación de Servicios y Obra Pública, con 62,525.3 millones de pesos.

El primero de estos fideicomisos mencionados supera en 76,234 millones de pesos a la bolsa que tienen los 13 del Poder Judicial, mientras que el segundo cuenta con 47,525 millones de pesos más.

A su vez, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, cuyo beneficiario es la Secretaría de la Defensa Nacional, asciende a 34,719 millones de pesos. Es decir, el Ejército tiene solo en este instrumento más del doble de los 15,000 millones de pesos que poseen los fideicomisos de la judicatura, los cuales sirven para que esta cumpla con diversas obligaciones patronales.

“Bueno, primero, decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¡Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios!”, dijo el miércoles el presidente López Obrador, en referencia a las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial.

Esta semana, en rechazo a la reforma, miles de empleados han salido a las calles de la Ciudad de México y de otras metrópolis del país, pues la extinción de los 13 fideicomisos afectará -principalmente- a los 55,000 trabajadores de este poder, además de que tendrá un impacto negativo en las finanzas de todos los órganos jurisdiccionales del ámbito federal.

Con la iniciativa que reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que aún debe avalar el Senado, se ordena la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento de que estos “no se apegan al principio de austeridad y racionalidad (sic)”, apunta el dictamen.

Ese mismo criterio, y siguiendo la lógica presidencial de considerar como un privilegio los 15,000 millones de pesos, cabría preguntarnos cuál sería el adjetivo adecuado para los 557,712 millones de pesos que tiene en 178 fideicomisos el Poder Ejecutivo federal.
Dada la visible contradicción, y lo ínfimos que resultan los 15,000 millones de pesos en controversia, en contraste con la bolsa de los fideicomisos del Ejecutivo, es evidente que esta reforma en realidad pretende someter, de manera autoritaria, a un poder independiente que ha invalidado las iniciativas del mandatario, debido a que con estas el presidente y los legisladores de su partido han trasgredido la Constitución.
Derechos laborales vs. privilegios

Hay que destacar que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no son “guardaditos”, tampoco son un lujo, ni representan ningún privilegio, se trata de derechos adquiridos por los miles de empleados que laboran en juzgados y tribunales que se ubican en todos los estados del país.

Estos instrumentos no están destinados para beneficiar a los 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tampoco se utilizan en favor de los 22 ministros en retiro, como erróneamente ha dicho el presidente López Obrador.
Con sus recursos se pagan pensiones para mandos medios y personal operativo; se liquidan prestaciones médicas, que no incluyen cirugías estéticas; se cubren las necesidades de modernización en la impartición de justicia; y también se paga la jubilación de jueces y magistrados.

En síntesis, los fideicomisos del Poder Judicial se utilizan para el pago de derechos laborales y sociales ya adquiridos por sus trabajadores, entre los que se incluyen, desde aquellos dedicados a la limpieza, hasta los abogados de oficio y el personal que integra todos órganos jurisdiccionales.

En defensa de estos derechos, los empleados de este poder mantienen diversas protestas y manifestaciones que más adelante se convertirán en cientos de Juicios de Amparo colectivos en contra de la reforma. Asimismo, si el Senado también aprueba el dictamen, los legisladores del bloque opositor promoverán una Acción de Inconstitucionalidad para combatir estos cambios.

Por ende, es previsible que la norma sea declarada inconstitucional, al trasgredir derechos laborales que contempla la carta magna, y al haber sido aprobada -inicialmente- por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a pesar de que debió hacerlo la Comisión de Justicia.

Ergo, aunque esto último lo saben perfectamente los diputados de Morena, se decidió avalar, primero en la Comisión de Presupuesto, y luego en el pleno de la Cámara baja, una reforma que presenta irregularidades de origen en materia procedimental y reglamentaria.

El autor de la iniciativa, el diputado morenista Ignacio Mier Velazco, apunta en el texto que, con menos de la mitad de los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos de la judicatura, se podrían pagar los sueldos de 68,500 maestros de primaria por un año.
Haciendo un cálculo similar, con la mitad de los 557,712 millones de pesos que concentran los 178 fideicomisos del Ejecutivo federal se lograría el pago salarial anual de 3 millones 131,415 docentes.

Mier agrega en su propuesta que solo con 6,100 millones de pesos -de uno de los fideicomisos del Poder Judicial- se cubren las percepciones de un año de casi 75,000 policías, o el pago de pensiones de 78,000 adultos mayores también de manera anual.
Obviamente, todos estos beneficios se podrían multiplicar varias veces si tan solo se utilizaran los 34,719 millones de pesos del Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo