En el actual escenario político electoral, estamos inmersos en el mundo de las percepciones; todo lo que haga o deje de hacer la autoridad, el detentador de los poderes estatales tiene un impacto en el imaginario colectivo, de cara al proceso electoral aparecen tendencias que tiene el común denominador que los ciudadanos –en su mayoría- están hartos de que los gobiernos los sigan decepcionando.
El argumento es simple, le fallan a sus electores, conciben y ejercen el poder en el modo patrimonialista, son expertos en manejar cifras y pretextos para el usufructo de los bienes públicos; empero, todo ello se expresa en el marco de la legalidad que tiene el Estado, y, considero que en el caso del juicio político que la XXXII legislatura le instruye al ex gobernador Roberto Sandoval, ahí radica el principal problema.
Porque la percepción ciudadana ya conoce el interior del procedimiento judicial, de manera paulatina –por no decir subrepticia- en el sexenio precedente se remodeló el marco legal para que hoy, fuese prácticamente inviable una acción judicial en contra del gobernante o funcionarios de su círculo cercano; les queda a los diputados locales, el difícil juicio político, cuyo castigo mayor será la inhabilitación para ocupar nuevamente cargos públicos.
Lo cual, desde luego de llegar a su prevista conclusión, le importa siete cominos al ex gobernador Sandoval Castañeda.
Al detectar actos de corrupción, se investigan y no conocemos si hay evidencia suficiente que apunte a la presunta responsabilidad de alguna persona, para que se le procese y, de ser culpable, se le castiga conforme a la ley.
Somos en su mayoría escépticos al ver al sistema judicial, de la ASE y del congreso local de funcionar de esta forma; se entiende que para este gobierno es lo que le da legitimidad, pero al ver lo contrario, al ser la impunidad lo que destaca, se pierde legitimidad y surge la sensación de que el sistema está roto o incluso que el problema es el sistema.
Si bien las reacciones del gobierno de Toño Echevarría García ante la crisis de legitimidad y los escándalos no han sido malas, en general la sensación es que en el mejor de los casos su respuesta fue jurídicamente incompleta y en el peor una farsa, debido a la lene sentencia que se espera.
La gente se pregunta si el sistema no funciona y ello los lleva a culpar al funcionario que lo opera, cuando pasa lo que pasa y no pasa nada, sin duda parte del problema son las instituciones y la cultura jurídico política de sus operadores; empero para muchos algo de responsabilidad tienen las personas que encabezan esas instituciones; se impone pues, revisar el cómo integran las carpetas de investigación en la Fiscalía General, y de qué manera instrumentaron los elementos de prueba del expediente del juicio político en el congreso del Estado.
Ignoro si Roberto Sandoval –por sí o por algún abogado que lo represente- se ha parado ante la comisión instructora; empero, para los efectos de la vindicta pública, el juicio político instruido en su contra hizo que el ambiente se vuelva más emocional que racional.
Volvemos así, a las palabras iniciales de esta columna de opinión, al vivir en el mundo de las percepciones, la realidad jurídica se vuelve volátil, inasible; cuestión inopinadamente inconsecuente para el fortalecimiento político de esta administración.
Trabajar para fortalecer su gobernabilidad –entendida ésta como la eficacia del acto gubernamental y las adhesiones ciudadanas a ello- que a la postre mejorará las percepciones sobre la figura del gobernante, es la tarea a seguir.
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