Surya Palacios /Alto Nivel
Hasta ahora, solo la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha manifestado que, de triunfar en los comicios, las Fuerzas Armadas seguirán con esta encomienda.
Las tareas de seguridad pública que -formalmente- desde 2019 llevan a cabo las Fuerzas Armadas de nuestro país se mantendrán durante los próximos cuatro años, debido a que así lo establece un artículo transitorio de la Constitución, el cual fijó como plazo para la conclusión de estas labores el mes de marzo de 2028.
Así, la nueva administración federal, que iniciará el próximo 1 de octubre, tendrá 1,274 días para fortalecer a la Guardia Nacional, ya que a partir del 27 de marzo de 2028 el Ejército y la Marina deben retornar a sus cuarteles.
El artículo Quinto Transitorio del decreto que reformó en 2019 la Constitución, con el que se creó la Guardia Nacional, establecía que la Fuerza Armada permanente podía desempeñarse en tareas de seguridad pública durante cinco años.
Es decir, inicialmente, el personal castrense debía concluir su auxilio a las autoridades civiles en este mes de marzo de 2024.
Sin embargo, en noviembre de 2022 se reformó ese numeral transitorio de la carta magna, ampliándose hasta 2028 el permiso que tienen el Ejército y la Marina para desarrollar operativos de seguridad pública, un área que constitucionalmente está reservada para los civiles.
Es por eso que las tareas que en esta materia llevan a cabo las Fuerzas Armadas son -además de transitorias- extraordinarias, pues debe acreditarse “la absoluta necesidad” para que el Ejército intervenga en labores que deben llevar a cabo la Guardia Nacional, y las Policías de los estados y municipios.
¿Qué hará la nueva administración?
Las tareas de seguridad pública emprendidas por la milicia mexicana desde 2019, y que fueron ampliadas hasta 2028, no son obligatorias, sino optativas, ya que el mismo artículo Quinto Transitorio del decreto que creó a la Guardia Nacional apunta con claridad que todo depende de lo que decida el presidente.
“En tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, detalla el numeral citado.
El verbo “podrá” implica que quien resulte ganadora o ganador en las próximas elecciones presidenciales tiene la opción de no disponer del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.
Hasta ahora, solo la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha manifestado que, de triunfar en los comicios, las Fuerzas Armadas seguirán con esta encomienda.
Obviamente, si no hay otra reforma constitucional, y si se opta por mantener al Ejército en las calles, el o la nueva titular del Poder Ejecutivo federal tendrá que cumplir el plazo ya establecido que concluye en marzo de 2028.
¿Cuáles han sido los resultados?
Además de considerar como extraordinarias las tareas de seguridad pública que realizan el Ejército y la Marina, la Constitución establece que su intervención debe ser subordinada y complementaria. Esto significa que se trata de “labores de apoyo”, de auxilio o complemento, que el personal castrense presta a las instituciones civiles.
De hecho, la misma carta magna ordena que la Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad pública “deberá capacitarse en la doctrina policial civil”, la cual está señalada en el artículo 21 constitucional.
Adicionalmente, la actuación militar en el área de seguridad pública está fiscalizada, por lo que el presidente debe entregar al Congreso, cada seis meses, un informe “sobre el uso de la facultad” para disponer del Ejército en estas tareas.
En ese tenor, el informe que el año pasado envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó que, del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023, fueron desplegados 79,399 efectivos de la Fuerza Armada permanente, “repartidos en el territorio nacional en tareas de Seguridad Pública”.
- En operaciones para combatir al narcotráfico, en ese lapso se detuvo a 5,668 personas. También se aseguraron más de 26,375 kilos de cocaína; 44,387 kilos de marihuana; 155,967 kilos de metanfetaminas, y más de 1,238 kilos de fentanilo.
- El Ejército y la Marina igualmente incautaron 6,255 vehículos que eran utilizados para el trasiego de drogas, y más de 58.2 millones de pesos, así como 63.3 millones de dólares.
- El informe añade que en los seis meses que se están reportando se aseguraron 4,973 armas; 383 granadas; 18,240 cargadores, y más de 543,000 cartuchos.
Se supone que todas estas acciones son independientes de las que lleva cabo la Guardia Nacional, corporación que desde enero de este año debió ser transferida al 100% a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tal y como lo ordenó en abril de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como se recordará, el máximo tribunal del país invalidó la reforma que militarizó a la Guardia Nacional, ya que los artículos 21 y 129 de la Constitución establecen que todas las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil.
